Una extensa red de al menos 45 empresas fantasma son
investigadas por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados
Unidos que fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, el
PRI, PVEM, gobiernos estatales, en sexenio de Peña y por la alcaldía del PAN en
Benito Juárez.
De acuerdo con Agencia Reforma, para la creación de las
empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e
identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey,
según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI).
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó
entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Adultos mayores, se convierten en accionistas millonarios
Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora
Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en
"accionista" de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada
en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones
de dólares en cinco países.
En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó
cuatro compañías ante el mismo notario público José Alfonso Gómez Tamez.
"Desarrollo Comercial Lexir", otra empresa en la
que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres
residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de los Los
Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, detenido en el 2015.
Otros vecinos de Irene en la colonia Valle Verde, -todos
adultos mayores- también fueron convertidos en "empresarios" sin
que ellos tuvieran conocimiento.
Cuauhtémoc, de 84 años, aparece como accionista o comisario
en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71
años, en otras tres.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula en la
colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno
sabía que eran empresarios hasta que el SAT empezó a enviarles
requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
Facturaban servicios a partidos políticos
La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvieron
una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos
años después ya habían sido liquidadas.
Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de
70 millones de pesos en el gobierno federal y con autoridades de Nuevo
León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la Ciudad de
México.
Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos
servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.
También facturaron a dependencias gubernamentales de
gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de
Migración.
La delegación Benito Juárez habría permitido la simulación
de competencia al invitar a dos o más empresas de la misma red en cotizaciones
de obra y asignó al menos un contrato a una de ellas para abastecer
equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero
Herrera, del PAN, actual diputado y vicecoordinador de la bancada en San
Lázaro.
