La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante en el mes de enero de 2020.
De acuerdo con la CNDH, presidida por María del Rosario Piedra Ibarra, colaboradores constataron que personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, en el estado Chiapas del 20 al 23 de enero, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del INM. Informaron a través de un comunicado que su fin era impedir el avance, por lo que fueron también detenidos para luego ser trasladados a una estación migratoria.
“La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias”, informaron.
Los informes indican que el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas al permitir que interfiriera la GN. Por otra parte, indicaron que “el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal”.
Aunado a lo anterior, la CNDH hizo énfasis en que las autoridades migratorias “omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante”.
Por las razones expuestas, la CNDH solicitó a la SSPC que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas”; esto incluiría una compensación “justa y suficiente”; inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como el otorgar atención médica y psicológica para todos los afectados.
A la Guardia Nacional en específico, se le pidió su colaboración en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos, así como el diseño y aplicación de “un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza”, para lo cuál, se le recomendó iniciarlo en un máximo de tres meses.
Además, consideraron necesaria la impartición de un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia para el personal del 21/o Batallón de la GN.
Al INM, por último, se le solicitó “realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos”.
También deberían ingresar a los migrantes en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, e impartir al personal un curso en materia de derechos humanos.
Agregaron, además, las medidas de no repetición, mismas que consisten en implementar los procesos necesarios para evitar a toda costa que se repitan en la entidad u otras partes del país los “hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención”.
“El Estado debe adoptar todas las medidas legales y administrativas y de otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas”, reveló la CNDH.
