Tras un retraso de varios meses por la pandemia de COVID-19, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados 487 informes individuales del gasto público ejercido en 2019 -el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador- por instituciones federales, estados y municipios, pero dejó fuera, en esta primera entrega, informes sobre los programas estrella del gobierno y las megaobras.
Dichos informes serán entregados hasta febrero de 2021. En una sesión virtual con la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el Auditor Federal, David Colmenares, señaló que la elaboración de las auditorías faltantes está en curso.
La cantidad de informes individuales entregados por la ASF, 487, corresponde al 38% de las 1 mil 280 auditorías programadas para la Cuenta Pública 2019.
Esta entrega parcial no incluye revisiones a programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez, ni de megaobras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.
En esta entrega parcial, la ASF incluyó auditorías al Fondo de Gastos Catastróficos y al Programa de Vigilancia Epidemiológica del Fonden, así como al IMSS, al ISSSTE y a los Laboratorios Birmex.
También entregó auditorías a Pemex Exploración y Producción y a Pemex Fertilizantes, por las inversiones a la rehabilitación de plantas de fertilizantes nitrogenados de Veracruz. En cuanto a obras de infraestructura, incluyó auditorías al Tren México-Toluca y al Tren de Guadalajara.
“Derivado de la contingencia de salud pública por la pandemia de COVID-19, se afectó ampliamente la operación formal de los tres Poderes de la Unión y de las entidades federativas”, indicó el funcionario.
“La totalidad de los gobiernos de los estados y la mayoría de los municipios, así como las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y demás órganos federales, publicaron diversos acuerdos por los cuales suspendieron o tienen suspendidas actividades administrativas, plazos y términos relacionados con la naturaleza de las funciones propias de las instancias referidas, (y se) manifestó una limitada capacidad de respuesta de las entidades y dependencias fiscalizadas para atender las solicitudes de información y requerimientos de la propia Auditoría”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el diputado Mario Rodríguez, lamentó que, a la fecha, no se tenga un reporte de cómo se está ejerciendo el presupuesto millonario destinado por la actual administración a los programas sociales y los megaproyectos.
“Hubiéramos esperado que, al menos algunas de las (inversiones) que han tenido mucha resonancia en la opinión pública y de parte del gobierno, pudieran haber entregado algunos avances al respecto, entendemos que los tiempos le dan para poder cerrar ciclos o para continuar haciendo auditorías hasta febrero, pero es lo que pudiéramos tener como información previa para poder tener una opinión respecto a la utilización de los recursos, en donde, además, están utilizando los mayores recursos”, dijo en entrevista.
“Estamos en duda de cómo se están llevando a cabo la administración de estos recursos, por eso era importante que pudiéramos tener un avance, al menos en algunos de los rubros que han estado en discusión y en señalamientos, que tuviéramos algo; evidentemente, ellos están en su facultad de poderlo mandar hasta febrero”.
Estados y municipios tienen pendiente por aclarar 20 mil mdp
El Auditor David Colmenares informó que se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos correspondientes al gasto federalizado -gasto programable y participaciones federales- que se entregó en 2019 a los estados y municipios.
De ese monto, precisó, se recuperaron apenas 748 millones de pesos, equivalentes al 2.8% del total, que las entidades fiscalizadas ya reintegraron a la Tesorería de la Federación.
Agregó que los estados y municipios tienen pendiente por aclarar otros 20 mil 010 millones de pesos.
De los 25.7 millones de pesos observados, el 54.6% (14 mil 047 millones de pesos), correspondió a la falta de documentación probatoria; el 8% a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5% a rendimientos financieros no ejercidos y que no fueron reintegrados a la Tesofe, y el 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias.
Los fondos federales auditados en la Cuenta Pública 2019 fueron el Fortamun, FASSA, FAM, FAETA, Expansión de la Educación Inicial, Programa Nacional de Inglés, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Escuelas al Cien y Seguro Popular.
