Manuel Bartlett es el primer director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que utilizó las nuevas reglas de transparencia derivadas de la reforma energética para hacer más opaco el acceso a la información sobre las contrataciones que realiza.
La reforma energética –a la que se opuso insistentemente Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor y que mantiene vigente como presidente– obligó a la CFE a modificar su ley y una de las disposiciones fue exentarla de la obligación de publicar sus contratos en Compranet, la plataforma pública donde el resto de la administración sí lo hace.
En sustitución de esa obligación debía crear un “sistema electrónico de contrataciones” para reportar sus contratos. Sin embargo, el formato que eligió la actual administración no alcanza la apertura de información como lo hay en Compranet, en el que se pueden descargar bases de datos por año con la totalidad de contratos realizados por cada dependencia.
Ahora la CFE publica sus datos en su página de internet en el apartado “concursos y contratos” con un sistema de búsqueda en el que forzosamente se requiere conocer los datos de cada contrato para poder obtenerlo, como el tipo de adquisición, entidad donde se realizó, fecha de publicación y número de procedimiento. Tampoco se puede conocer el número total de contratos realizados porque limita la búsqueda al tener que elegir una entidad del país.
Aunque la reforma energética se publicó en 2014, los contratos de la CFE fueron publicados en Compranet hasta 2018 debido a una cláusula que daba tiempo para que la Comisión creara su sistema, y que comenzó a operar a partir de la administración de López Obrador.
Si bien la empresa no está en falta, de acuerdo con el especialista en transparencia, Ricardo Uvalle, la manera en que la CFE está publicando la información no puede considerarse como plena “garantía del derecho al acceso a la información”, porque “está eligiendo qué información mostrar y cómo hacerlo”.
En tanto, el área de prensa de la CFE respondió a Animal Político que el sistema que exige conocer datos previos o no tiene la opción de descargar una base de datos con todos los contratos de la empresa sólo obedece a un aspecto de “diseño”, pero “la información ahí está”.
Este argumento, dice Uvalle, doctor en Derecho por la UNAM, es la diferencia entre “publicidad” y el cumplimiento del mandato constitucional de acceso a la información como derecho. “No están cumpliendo con la constitucionalidad, sino poniendo a disposición lo que ellos consideran relevante. Está aprovechando la reforma legal para que decida qué información publicar sin la presión de nadie”. Es decir, la publicación de la información se vuelve “discrecional”.
Para María Marván, excomisionada del IFAI –ahora INAI–, significa un “retroceso” que un ciudadano deba “tener información para obtener información”, como lo exige el sistema de contratos de la CFE. “Esto es contrario a datos abiertos”, dice.
El INAI puede obligar a la CFE a entregar información
La importancia de tener acceso a esta información está en que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a la información para poder vigilar lo que hace su gobierno y, comprobar, que los recursos públicos los gasta de manera eficiente, escogiendo a los proveedores que ofrecen las mejores condiciones en precio y calidad.
