La propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo al menos 40,000 millones de dólares en inversiones, advirtió el Grupo Financiero BBVA.
El banco de origen español recordó que las empresas privadas han invertido más de 40,000 millones de dólares (mdd) para producir energías limpias bajo reglas claras y preestablecidas, incluidas la obtención de Certificados de Energías Limpias (CEL).
Esta cifra es equivalente a cinco veces el desembolso para la refinería de Dos Bocas, que construye el gobierno en Tabasco.
“De aprobarse, la Ley podría dejar obsoletas las inversiones que han realizado estas empresas. Esto, en términos económicos, sería comparable a una expropiación”, afirmó el economista en jefe del banco, Carlos Serrano, en un análisis.
BBVA agregó que la iniciativa puede desincentivar inversiones futuras no solo en el sector energético, sino en el resto de industrias.
“Resultará en una menor tasas de crecimiento del país, en una menor generación de empleos, y en menos ingresos gubernamentales para destinar a programas sociales. Se trata de un duro golpe a la población de menores ingresos y a todos los habitantes del país en términos de una peor salud“.
El pasado 29 de enero, el político tabasqueño envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Su principal ojetivo es priorizar el despacho confiable de plantas eléctricas de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), y discriminar la competitividad económica de la participación del sector privado, principalmente las plantas de energía renovable bajo contratos legados, un esquema previo a la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto.
“En ningún caso el orden está basado en consideraciones de eficiencia o ambientales. Simplemente se le da prioridad a la generación de la CFE sobre alternativas menos costosas en términos económicos y ambientales”, criticó el economista.
Parte de la justificación gubernamental se basa en su compromiso de no incrementar tarifas y garantizar la seguridad energética. No obstante, si se da prioridad a la generación más costosa, la presión sobre las tarifas se incrementará o se presionarán las finanzas públicas, incluso ambos escenarios son posibles.
“Esto contradice la intención de no aumentar las tarifas ni cargar a la Hacienda Pública mayores costos”, agregó elrepresentante financiero.
