Indígenas mayas de 40 comunidades de Yucatán obtuvieron tres suspensiones provisionales de obras del Tren Maya, correspondientes al Tramo 3, resolutivos que se suman a otras cinco en el mismo sentido en Campeche, Chiapas y otra suspensión en Yucatán, ésta última impulsada también por indígenas de la entidad.
El Juzgado Cuarto de Distrito ordenó este lunes 15 en tres procesos de amparo “la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que no se continúen las obras de construcción del proyecto denominado Tren Maya, hasta que se dicte la suspensión definitiva de los actos reclamados”.
En las tres resoluciones la jueza de distrito consideró que la aprobación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), “implica un riesgo preponderante para el ejercicio a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y no sólo de estos sino de sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también garantice el disfrute de tales recursos, responsablemente, de las generaciones futuras”.
La jueza ordenó a Fonatur detener “los trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” de Yucatán, hasta que no se culmine el procedimiento.
En conferencia de prensa, integrantes del Colectivo Chuun T’aan Maya y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiimbal, así como sus representantes legales, abogados de Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, advirtieron que las suspensiones provisionales obtenidas desmienten la versión del gobierno federal de que organizaciones civiles ajenas a la región son quienes se oponen al Tren Maya y no los pueblos originarios.
José Koyoc, de Chuun T’aan, explicó que el fondo de los recursos interpuestos tiene que ver con “la libre autodeterminación, y de qué es lo que va a suceder en nuestros territorios y pueblos”, y que solamente han hecho ejercicio de su derecho acompañados de abogados que han estado al lado de ese proceso de defensa del territorio.
Recordó que siendo este año llamado el año de la reconciliación, por los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la Independencia, “no se puede hablar del pago de la deuda histórica con los pueblos originarios ni de reconciliación sin el piso mínimo de respetar los derechos de los pueblos mayas”.
Tras reprochar que desde el gobierno federal se trate a los pueblos indígenas como “niños como si no tuviéramos capacidad de tener aliados en este proceso de defensa del territorio”, José Koyoc advirtió que las nuevas suspensiones obtenidas, con las que suman cuatro en Yucatán, deben ser motivo de reflexión del gobierno federal.
“Esta es una oportunidad para que el gobierno se detenga, y ahora es el Tren Maya pero hay otros frentes para continuar luchando como pueblos mayas”, apuntó Koyoc, al recordar que desde hace algunos años se ha emprendido la lucha contra las granjas porcícolas y los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos instalados en la Península.
Valiana Aguilar, de Múuch ‘Xiimbal resaltó que el proyecto Tren Maya “atenta contra las vidas de los mayas, viola leyes y atenta con proyectos básicos de nuestra forma de vida; fue impuesto desde arriba, desde una visión racista y sigue la lógica de que como comunidades no somos capaces de decidir sobre nuestra propia vida”.
Aguilar apuntó que entre las inconformidades que prevalecen entre las comunidades se refieren a los impactos ambientales que acarreará consigo el Tren Maya, “desde la destrucción de montes la contaminación del agua la deforestación, pro también de los impactos sociales, como la división que crea esto en las comunidades y que significará el turismo desmedido, que lleguen 40 millones de turistas año, acarreará un ambiente de inseguridad y violencia sobre todo para las mujeres”.
Pretensión de “cancunizar”
La activista rechazó que el destino de las comunidades mayas sea la reproducción del modelo de Cancún, y que el reordenamiento territorial que propone el Tren Maya “es igual a despojo”, para la construcción de megaproyectos en comunidades.
“Decidimos ampararnos y usar las herramientas legales sin dejar de estar en las comunidades, reivindicamos nuestro derecho a la vida, a elegir la vida queremos, estamos en nuestro territorio y ahí decidimos qué hacer desde aquí, no desde las instituciones o desde partidos políticos, no desde arriba”, apuntó.
Gregorio Hau, también integrante de Múuch ‘Xiimbal, resaltó que el proceso judicial que iniciaron las comunidades se debe a que “este tren se está imponiendo en contra de la voluntad del pueblo maya, y porque no queremos ser parte de la servidumbre”.
Dijo que es claro que los productos y artesanías que producen “no tienen cabida en el tren” y que la pretensión del gobierno federal de “cancunizar, no es una buena noticia porque significa perder territorio”.
Ante los ofrecimientos de hospitales, escuelas y agua, a cambio de la construcción del Tren Maya, Gregorio Hau destacó que los pueblos indígenas reflexionaron que “no se deben condicionar, esos son derechos”.
Agregó que ante la oposición a “ser mano de obra barata, de atención al turismo o destinados a lavar baños”, los integrantes de Múuch ‘Xiimbal decidieron recurrir al Poder Judicial para “preservar lo poco que nos queda, el monte, la forma de vivir, nuestra lengua y cultura”.
Gregorio Hua puntualizó que la exigencia de los pueblos es que “se cancele el Tren Maya, que se haga consulta comunidad por comunidad y cada una exprese lo que quiere, mientras eso no ocurra no estamos de acuerdo con el proyecto”.
Lupita Chan de Chuun T’aan sostuvo que no es la primera ve que los pueblos mayas “peleamos por nuestros derechos cuando se va a hacer algo en nuestro territorio”, sin tomar en cuenta a las comunidades.
“No nos vamos a dar por vencidos seguiremos luchando para que se nos escuchen y respeten los derechos”, alertó.
Los abogados de Indignación, Orvelín Montiel Cortés y Jorge Fernández Mendiburu, explicaron que los tres juicios de amparo que lograron suspensión provisional, fueron presentados el 20 de enero, en los que impugnaron “la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a favor de Fonatur, para la construcción del tren”.
Los argumentos planteados en los recursos de amparo impulsados por las organizaciones indígenas Múuch ‘Xiimbal y Chuun T’aan se refieren a “la violación al derecho a la información”, toda vez que las comunidades a las que pertenecen los quejosos “no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA”, y por ello no pudieron conocer los “impactos ambientales locales y regionales” que tendrá el proyecto.
Además, de acuerdo a los quejosos, con la falta de información se vulneró su derecho a la “adecuada participación” de las comunidades.
Se argumentó que las autoridades omitieron realizar “una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionarlo por tramos, es decir donde se determinaran los impactos acumulativos y sinérgicos o residuales ocasionados por el proyecto denominado Tren Maya en su totalidad, y no de manera fraccionada como se ha hecho”.
De acuerdo a Indignación, la jueza de Distrito resolvió las suspensiones considerando que el derecho a un medio ambiente adecuado es también un derecho de las generaciones futuras, además de que reconoció que el tema ambiental es “tema de relevancia para la sociedad en general que se garantice un desarrollo sustentable”, así como de “interés social en la protección de derechos de un amplio alcance”.
Ordenan detener construcción
Las tres resoluciones coinciden en ordenar a Fonatur detener los trabajos de construcción, que impliquen la deforestación “o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas” de Yucatán, hasta que no se defina sobre la suspensión definitiva, de acuerdo con lo expuesto en la conferencia.
Jorge Fernández Mendiburu recordó que hay otros dos procesos de amparo tramitado por estas mismas organizaciones indígenas que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que evidencia que son las comunidades respaldadas por organizaciones civiles las que han ejercido su derecho a la defensa de sus derechos de libre autodeterminación.
“Frente al discurso oficial que pretende deslegitimar y desacreditar el interés legítimo y real, se está demostrando que dos colectivos compuestos por distintas comunidades que se auto adscriben como mayas, han recurrido al Poder Judicial, y con ello desmienten el discurso racista y discriminador que pretende deslegitimar la lucha y oposición al proyecto Tren Maya”, destacó Fernández Mendiburu.
El defensor calificó como “paradójico” que “justo cuando el Ejecutivo firma el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a hacer partícipes a las comunidades de cualquier intervención en sus territorios, en los hechos y en la práctica lo que vemos es la exclusión y la violación a los derechos de los pueblos indígenas al no contemplarlas con el proceso de diálogo intercultural, y se pretende pasar por encima de la visión de las propias comunidades”.
Montiel Cortés por su parte destacó que las audiencias incidentales de los tres amparos se llevarán a cabo el 22 y 26 de febrero, y que en el proceso “se presentarán como elementos la falta de cumplimiento de otras suspensiones provisionales que ordenan no realizar obras nuevas, pero Fonatur ha argumentado en los procesos que está dando mantenimiento, cuando lo que vemos es todo lo contrario, lo que viola las suspensiones”.
