Entre las primeras acciones de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en particular con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estuvo la renegociaron siete contratos con empresas privadas en relación con los gasoductos, lo cual se justificó que las cláusulas de los acuerdos eran abusivas.
Para agosto del 2019, la actual administración llegó a un acuerdo y se dijo que significaría un ahorro de USD 4,500 millones para la empresa estatal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó en noviembre del 2020 que dicha dependencia pagará 157.4% más. Ya que este pago extra resulta de la extensión de 10 años de servicio que obtuvo la CFE en la renegociación de gasoductos y equivale a USD 6,836 millones.
El órgano auditor confirmó lo anunciado por el presidente, el ahorro nominal para la CFE, hasta el año 25, es de USD 4,342 millones. Sin embargo, la empresa pública pagará por concepto de cargo fijo USD 11,178 millones (nominales), lo que se traduce lo que se traduce en un aumento de 157.4% superior al ahorro que tendría hasta el año 25.
El periodista Carlos Loret de Mola escribió en su columna de opinión para El Universal titulada “No es el aeropuerto, ¡son los gasoductos de Bartlett!” y refirió que la renegociación de dichos acuerdo generó un daño al erario cercano a los 150,000 millones de pesos.
En relación con las auditorias, lo más mediático recientemente fue lo relacionado con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue 232% más caro de lo previsto por el gobierno. Por lo que López Obrador señaló que tenía otros datos y, posteriormente, la Auditoría admitió que era menor el costo de cancelación.
En dicha auditoría existieron otras observaciones que no fueron debatidas por el presidente y en el caso de los acuerdos de los gasoductos, refirió, le dan la razón a Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, lo cual fue un motivo por el cual dejó el cargo.
En su momento, Urzúa le advirtió a López Obrador que lo que estaba “haciendo la CFE no es en beneficio de México”, contó en entrevista con Proceso, y “puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, indicó en el caso del ducto que va de Texas a Tuxpan.
Con la renegociación que se anunció en el 2019 se modificaron las tarifas y se ampliaron los plazos. El análisis de la Auditoría Superior de la Federación tomó en cuenta cinco de los siete gasoductos anunciados por el gobierno de México, con las firmas Ienova, Carso Enegy y Fermaca. Esto en razón a que, hasta el primer semestre de 2020, las negociaciones de los gasoductos Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula adjudicados a TC Energía, antes TransCanada, aún no habían concluido.
Puntualizó que en lo indicado por la ASF en términos nominales existió un ahorro que es temporal, pero será mayor la cantidad que se pagará.
“Considerando la vigencia total de los proyectos resultó que “al final del término de los contratos pagará (la CFE), en términos nominales, USD 6,836 millones de adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos”, lo que representa USD 583 millones en valor presente. ¡Casi USD 7,000 millones en términos nominales! ¡Cosa de 150,000 millones de pesos!”, mencionó Loret de Mola.
Aunque el presidente ha dicho que no fueron 331,000 millones de pesos los que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sino 100,000 millones de pesos. “De los gasoductos no dice nada. Es mucho peor… salvo que tenga otros datos”, concluyó.
