Diputados del Congreso de Yucatán aprobaron este
miércoles aumentar las penas contra el maltrato animal hasta 4 años de prisión,
así como multas de hasta 1 millón 790 mil pesos, en caso de tortura a los
animales, aumentando su agonía hasta la muerte.
El dictamen aprobado también señala que la Fiscalía General
del Estado (FGE) trabajará en coordinación con las demás autoridades tanto del
ámbito local como federal, monitoreando en plataformas digitales; ofertas,
solicitudes y transacciones referentes al maltrato animal y al tráfico de
especies.
Dicho dictamen conjunta dos iniciativas para modificar la
Ley para la Protección de la Fauna del Estado y el Código Penal del Estado, en
materia de tráfico ilegal de especies y maltrato animal.
Ahora las autoridades estarán facultadas y podrán actuar en
flagrancia, además de que ese delito será perseguido de oficio, sin que exista
una denuncia de por medio.
En su turno, la diputada Karla Franco Blanco recalcó que se
da un paso importante para el bienestar animal, porque la iniciativa tiene el
objetivo de establecer una cultura de protección de respeto y trato digno a los
animales domésticos, así como evitar el maltrato y crueldad del animal, con
penas más severas.
“Castigar y sancionar el maltrato animal favorece a los
animales y protege a los seres humanos, sobre los valores que debemos defender;
armonizar las sanciones en el Código Penal, contemplando temas y sanciones más
severas a personas procesadas por estos actos”, reiteró.
Gestión de residuos
En la Sesión Ordinaria de este miércoles, también se aprobó
por unanimidad modificaciones a la Ley de Gestión Integral de los Residuos en
el Estado, que define conceptos como punto limpio, sistema de manejo ambiental,
tratamiento, valorización y la licencia ambiental única.
Referente a la gestión integral de residuos, la diputada
Silvia López Escoffié, manifestó que el objetivo es separar la basura para
disminuir la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios y, al mismo
tiempo, rescatar los materiales reciclables, aprovechar la basura orgánica y
separar los residuos altamente contaminantes para evitar que dañen a la
población y a los ecosistemas.
“Si queremos un Estado saludable y sostenible para las
generaciones futuras, tendremos que reconsiderar la forma en que funcionan
nuestras ciudades”, expresó.
