Expertos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgieron a autoridades mexicanas a garantizar un proceso poselectoral pacífico, después de haber transitado por “una mortífera campaña electoral” durante la cual fueron asesinados 35 candidatos a distintos cargos de elección popular y ocurrieron 782 ataques por motivos políticos.
En un comunicado conjunto, fechado en Ginebra y en Washington, sedes de los órganos de derechos humanos de la ONU y de la OEA respectivamente, los expertos internacionales pidieron que se “investiguen los asesinatos y las violaciones de derechos humanos en el periodo previo a la votación del domingo, así como durante el mismo día de las elecciones”.
El documento fue firmado por cinco relatores especiales de la ONU –sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y de Asociación, Clément Voule; sobre la Promoción y Protección de Derechos a la Libertad de Expresión, Irene Khan; sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Morris Tidball-Binz, sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, y sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Dubravka Simovic, así como por los integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra Mujeres y Niñas -Elizabeth Broderick, Melissa Upreti, Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radacic y Meskerem GesetTachane– y por el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal.
Los expertos alertaron que en el proceso electoral en el que se disputaron más de 20 mil cargos a elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, se registraron desde el mes de septiembre “al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña electoral”, destacando 89 políticos y 35 candidatos, así como “sus familiares, periodistas y funcionarios no políticos”, a lo que se suman otros 782 ataques por motivos políticos, “que van desde amenazas de muerte hasta intentos de asesinatos”, ambiente violento que obligó a muchos aspirantes a abandonar la campaña por temor a perder la vida.
“Esperábamos no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018 y, sin embargo, este año ha sido, si cabe, aún peor”, afirmaron los expertos, tras alentar a “tomar medidas serias de inmediato para apoyar a las instituciones democráticas para que dicha violencia no se repita durante las elecciones presidenciales de 2024”.
En el pronunciamiento conjunto, los expertos de la ONU consideraron que siendo el derecho a la vida “absolutamente fundamental”, las autoridades deben garantizar que los candidatos realicen sus actividades proselitistas “sin temor por su vida”, por lo que México “debe respetar, proteger y cumplir con los derechos a la libre asociación y a la participación en el proceso político, incluido el derecho de los ciudadanos a elegir al candidato de su elección”.
Para los especialistas de la ONU, durante el proceso electoral surgieron preocupaciones como la persistencia de “patrones discriminatorios” hacia mujeres, grupos marginados y pueblos indígenas, así como “la violencia sin precedentes contra las mujeres”, entre ellas periodistas, que “representaron más de un tercio de todas las agresiones denunciadas durante la campaña”.
Más aún, la campaña exhibió “la presunta participación de la delincuencia organizada en la campaña y la intimidación que conduce a la autocensura de los periodistas, lo que obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas con conocimiento de causa”.
Los expertos resaltaron que es fundamental que se mantengan instituciones electorales independientes “para prevenir el fraude electoral y, por tanto, deben ser protegidas de cualquier presión indebida, intimidación o amenaza”.
En vistas a próximas elecciones, los especialistas de la ONU puntualizaron que, para garantizar “una vida pacífica y democrática en México, debe incluir investigaciones completas y efectivas de todos los actos de violencia relacionados con el proceso electoral, justicia y reparación para las víctimas, así como medidas para asegurar que las futuras elecciones sean pacíficas y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.
En su pronunciamiento, los especialistas reconocieron la dedicación gubernamental para frenar la violencia a través de la “estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos”, y para asegurar “que ningún votante sea discriminado”.
Los expertos insistieron en llamar a las autoridades mexicanas a poner fin “a la intensa polarización de la vida pública”, para garantizar futuras elecciones pacíficas, de ahí que alentaron a esclarecer los asesinatos de los candidatos políticos y “las numerosas violaciones a derechos humanos ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones. Esta es la única manera que México avance democráticamente”.
