Un juzgado en materia administrativa concedió una suspensión definitiva a particulares para que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantenga las becas de investigadores y científicos de instituciones privadas.
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) promovió el amparo con el que buscaba invalidar el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), reformado marzo pasado por el Conacyt.
El organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla deberá, por orden judicial, garantizar “que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas”.
En junio, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional a la FIMPES y emplazó a Conacyt a entregar su informe previo sobre la modificación del reglamento.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología argumentó que, con la eliminación de dichos apoyos, se ahorrarían 124 millones 954 mil 175 pesos.
La serie de modificaciones que realizó el Conacyt fue criticada por un sector de la comunidad científica nacional que alertó que la reforma llevaría a la precarización de los proyectos.
Dentro de los cambios se propone la desaparición de criterios de calidad para la evaluación de expedientes sustituyéndolos por mérito.
La red ProCienciaMX sostuvo que una de sus preocupaciones es que los integrantes de las comisiones dictaminadoras ya no serán seleccionados por sus pares de cada una de las diferentes áreas del conocimiento, sino que ahora serán designados directamente por funcionarios del Conacyt, al igual que ocurrirá con los miembros de las comisiones evaluadoras.
