Acusada del delito de fraude genérico, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a A.L.N.M. tras la denuncia presentada por los hechos ocurridos en el 2018 en esta ciudad de Mérida, cuando la imputada se ostentaba como socia en una agencia de viajes.
Conforme a la información recabada durante la indagatoria, los fiscales de litigación establecieron que en junio del citado año, la denunciante acudió a una agencia de viajes ubicada en la colonia Cordemex con la intención de contratar un paquete turístico con destino a Europa, siendo que en el lugar fue atendida por la encausada quien se ganó la confianza de la víctima al lograr que le entregue en el periodo de dos meses cantidades por 83 mil 290 pesos, 44 mil 400 pesos y 39 mil 250 pesos por concepto del viaje para dos personas, más las cantidades de seis mil 876 pesos y siete mil 200 pesos por contratar un seguro de vida y un paquete de tours.
Es el caso que el día cinco de agosto, la querellante y sus acompañantes llegaron a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y al disponerse a abordar el avión que los llevaría al respectivo destino es informada por el personal de la aerolínea que el vuelo y el paquete contratado no habían sido pagados, por lo que la víctima se comunicó con la imputada, quien les pide retornar a la ciudad de Mérida para solucionar la situación, pero tal cosa no sucedió, por lo que se presentó la formal denuncia que derivó en la causa penal 14/2022.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero del Primer Distrito Judicial, con sede en Progreso, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y presentaron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de la procesada, quien se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su situación legal, por lo que el Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 4 de febrero.
Antes de concluir la diligencia, esta representación social presentó los argumentos para solicitar medidas cautelares que estarán vigentes por el tiempo que dure el proceso y que incluye la prohibición de salir del estado sin autorización, acudir periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares y estar bajo el cuidado y vigilancia del mismo Centro.
