Adalina Dávalos asegura que su esposo,“El Bronco", es preso político de Samuel García

01 mayo 2022
Noticias de Yucatán. 

Tras llevar el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ante la ONU, su esposa Adalina Dávalos Martínez, denunció que, con tal de mantener a su esposo en prisión, actual mandatario de la entidad,Samuel García, ha cometido una serie de injusticias.

Durante una entrevista concedida a Aristegui en Vivo declaró que el caso ha servido como “desvío de la atención” de problemas en el estado como feminicidios, inseguridad, contaminación y falta de agua.

“Es evidente la situación que estamos viviendo del exceso, del abuso, del interés de solamente algunas personas de que Jaime pueda seguir en prisión”, señaló.

Dávalos aseguró que en ninguno de los dos procesos del exmandatario se amerita prisión preventiva, ya que afirmó que no hay riesgo de fuga.

“Nos tienen vigilados, traemos guardias del gobierno, entonces no es algo que puedan señalar”, reiteró.

Asimismo, denunció incertidumbre en la situación jurídica de El Bronco porque el caso no ha sido tomado por el estado o la federación.

El pasado 19 de abril, un juez federal decidió regresar a un juez de control estatal el caso del exgobernador, debido a que la orden de aprehensión se dictó en ese ámbito.

Inicialmente, el juez local se declaró incompetente y pasó el expediente completo al Poder Judicial de la Federación. No obstante, la decisión posteriorremitió el caso al ámbito estatal.

Dávalos solicitó a Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “que pueda llevar Jaime un juicio apegado a la ley, sin exceso ni abusos como lo hemos visto”.

El día de ayer, la esposa del exmandatario envió una carta dirigida al comisionado de la ONU en donde afirmaba que El Bronco “está siendo víctima del actual Gobierno Estatal”.

“Es evidente que, aprovechando su poder y el aparato gubernamental en específico de las distintas Fiscalías del Estado y el Poder Judicial; Samuel Alejandro García Sepúlveda, actual Gobernador, le está fincando a mi marido responsabilidades múltiples para que permanezca en la cárcel no tanto por temas jurídicos sino políticos”, escribió en el documento.

Dávalos sostuvo que el exgobernador es un “preso político al que no respetan sus derechos humanos” como el derecho a la salud, a la libertad, a un correcto proceso legal y acceso a la justicia, a la imagen y “al nombre de una persona inocente”.

Calificó el proceso como una “pesadilla judicial” y recalcó que los derechos humanos de su familia “están siendo vulnerados”. Advirtió que sus hijos han “sufrido escarnio público” y han sido exhibidos en la prensa.

Frente a esto, pidió al diplomático que los expertos de la Oficina de la ONU “revisen las condiciones en las que se encuentra” su marido.

“Mi esposo está incomunicado y está amenazada su salud, por lo que resulta urgente que se activen los mecanismos de derechos humanos para que no siga siendo una víctima política”, denunció en la misiva.

El exmandatario permanece en el Cereso 2 de Apodaca desde el pasado 15 de marzo en prisión preventiva. El Bronco fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito electoral de recibir aportaciones de dinero en el marco de la campaña presidencial de 2018, cuando existía una prohibición legal para ello.

También fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, por ordenar en 2016 que se requisara la empresa que administraba el servicio de transporte Ecovía.

La esposa de Rodríguez Calderón negó que este último caso ameritara una situación legal. Declaró que la carta a la ONU será “uno de los muchos canales” que utilizará para abordar el caso.

Detalló que su hija y ella escribieron dos cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales fueron recibidas por el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández. Asimismo, hizo un llamado a ambos funcionarios a intervenir en el caso.

“Voy a ir hasta donde tenga que ir para pedir que haya un proceso limpio, un proceso con justicia y apegado a la ley pero sin un exceso de abuso”, concluyó.

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