Cuatro meses después de haber iniciado su Presidencia, Andrés Manuel López Obrador subió al podio de la ‘mañanera’ y declaró la victoria contra las hordas de ladrones que habían estado desviando millones de galones de gasolina al día de los oleoductos administrados por el Gobierno.
“Hemos logrado eliminar prácticamente el robo de combustible”, proclamó hace tres años el presidente. Se dio la vuelta para mirar un gráfico proyectado detrás de él y comenzó a recitar algunos números. Bajo su supervisión, aseguró, el robo de combustible se había reducido en 94 por ciento.
Los galones robados se redujeron de 3.4 millones por día en noviembre de 2018, un mes antes de que López Obrador asumiera el cargo, a aproximadamente 200 mil en abril de 2019, lo que le ahorró a la compañía petrolera estatal Petróleos Mexicanos millones de dólares, afirmó el mandatario.
“Esta es una prueba”, dijo, “de que no se tolera la corrupción”.
López Obrador llegó a la Presidencia enarbolando la promesa de que erradicaría el soborno y la codicia que han plagado a México durante décadas. En el centro de su lucha estaba poner fin al saqueo desenfrenado del combustible (o ‘huachicoleo’) de Pemex.
Para ello tomó medidas extremas, entre ellas cerrar cientos de kilómetros de oleoductos de Pemex para desalentar el robo, lo que generó escasez de gasolina en todo el país en enero de 2019. Las reabrió solo después de enviar a la Guardia Nacional y reclutar vigilancia militar, un esfuerzo que sigue vigente hoy. Ordenó investigaciones sobre estaciones de gasolina sospechosas de irregularidades contables y cerró a minoristas que no cumplieron con los requisitos reglamentarios.
A primera vista, la disminución de los robos de gasolina en México parece la mayor victoria individual de López Obrador en su lucha contra el crimen, pero una visita a las calles de un grupo de municipios plagados por la delincuencia en el centro de México conocido como el ‘Triángulo Rojo’ muestra los límites del alcance de la estrategia presidencial.
En una calle tranquila de Tecamachalco, Puebla, un ladrón de combustible que se identifica como ‘El Gordo’, un hombre fornido que viste jeans rotos y una camiseta empapada en sudor, sonríe mientras calcula las ganancias del día en su teléfono celular. ‘El Gordo’ ganaba buen dinero robando y revendiendo gasolina, pero cuando Pemex cortó los flujos de gasolina al ‘Triángulo Rojo’, comenzó a robar gas licuado de petróleo, el ‘alma’ de los vendedores de comida de México y la fuente de calefacción para la mayoría de los hogares del país.
No fue difícil. Mientras las tropas federales montan guardia en los oleoductos de gasolina y diésel, mil 600 kilómetros de tuberías de gas LP de México están prácticamente sin vigilancia.
El esquema para los robos comienza con un soborno: un trabajador de Pemex avisa, previo pago, a los ‘huachicoleros’ cuando el gas LP está corriendo por una línea y les dice dónde abrir las válvulas. Luego viene la parte peligrosa: extraer el gas que a diferencia de la gasolina, no se puede verter en un balde. Deben conectar con cuidado una manguera a la tubería para canalizarlo a los cilindros. Debido a la naturaleza explosiva del combustible, los ladrones suelen ofrecer la entrega a domicilio.
Aun así, hay un aumento en los incidentes de explosiones de gas LP en los hogares porque los distribuidores del mercado negro no siguen los protocolos de seguridad, señaló Carlos Serrano, director de Amexgas. “El problema de los accidentes es enorme, es un riesgo grave para la seguridad de las personas sin una regulación adecuada”, comentó.
Aunque los robos de gasolina han disminuido en México en comparación con hace cuatro años, el número de grifos ilegales para el ‘huachicoleo’ de gas LP ha crecido más de mil por ciento entre 2018 y 2021. La cantidad de válvulas ilegales descubiertas por Pemex llegó a 2 mil 402 en 2021, cuando hace cuatro años solo se hallaron 215, de acuerdo con empresas gaseras. Todavía es un mercado más ‘pequeño’ que el de la gasolina ilegal, pero está creciendo exponencialmente.
Pemex ahora está perdiendo alrededor de mil millones de dólares al año por los robos de gas LP, aproximadamente un tercio de lo que estaba perdiendo por la gasolina robada antes de que López Obrador declarara la guerra a los ladrones de combustible, según los grupos comerciales.
Bloomberg visitó cinco municipios en Puebla e Hidalgo, que registraron los niveles más altos el robo de gasolina, para documentar los efectos de la estrategia obradorista. La gente allí cuenta dos historias familiares: una sobre la pobreza y la opresión que empuja a la mayoría de los jóvenes a una vida de robo; otra de las muertes y la violencia que se ha extendido por la región desde que la guerra contra el ‘huachicoleo’ redujo el mercado ilegal de combustible y consolidó el poder en manos de unos pocos operativos a gran escala impulsados por cárteles que ahora participan en sangrientas guerras territoriales. Esto es lo que pasa, critican, cuando se trata el síntoma y no la enfermedad.
Los esfuerzos del Gobierno para combatir el robo de gasolinas fueron “un buen avance, y debemos reconocerlo”, comentó Serrano de Amexgas, “sin embargo, en el GLP ha ocurrido lo contrario”.
López Obrador reconoció desde el principio de su campaña que una de las principales causas del robo de gasolina es la pobreza, a la que prometió combatir mediante programas sociales. Duplicó sus compromisos después de que un ducto de gasolina que los ladrones ordenaban explotó en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, matando a 137 personas.
“Vamos a dar opciones, alternativas, para que la gente tenga una forma legal, una forma honesta, de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades”, dijo en aquella ocasión.
Desde entonces, la Secretaría de Bienestar Social ha apoyado con asistencia financiera a más de 300 personas afectadas por la tragedia, incluidas becas, apoyo para el cuidado de niños y cobertura de gastos funerarios y legales, y se han invertido más de 80 mil millones de pesos en proyectos de construcción, generación de empleos y mejoramiento de infraestructura en la zona, de acuerdo con la dependencia.
Nada de esto demostró ser suficiente para detener a personas como ‘El Gordo’ y otros como él. Durante un tiempo, trató de ganarse la vida honestamente para mantener a su esposa e hijos al iniciar su propio negocio de carpintería, pero luchaba para llegar a cada fin de mes.
En 2014 unos ladrones de gasolina le pidieron que se uniera a sus filas. Le dijeron que podía ganar más dinero robando combustible que como carpintero, y tenían razón. En un buen día, vende hasta 80 cilindros de gas LP robado por alrededor de 350 a 400 pesos, entre 20 y 30 por ciento por debajo del precio del mercado, y se queda con la mitad de los ingresos. Eso sitúa sus ganancias en 40 veces más que el salario promedio en Tecamachalco y casi 70 veces más que el salario mínimo en todo México, donde más de 40 por ciento de los ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza.
El dinero que gana por el robo de gas LP lo utiliza para comprar ropa bonita, joyas caras y regalos para su familia. “He comprado varios terrenos con las ganancias”, contó ‘El Gordo’, quien pidió no ser identificado por temor a ser atacado por funcionarios del Gobierno. “Puedo tomarme más vacaciones con mi familia”.
‘El Gordo’ no ha salido inmune de este negocio. Levantándose la camisa, señaló dos heridas de bala en el estómago. Recibir un disparo, relató, es un riesgo laboral. Ha visto a colegas perder la vida por el comercio, ahora más que nunca.
Ser ‘huachicolero’ es un negocio de alto riesgo
“La desaparición de personas está aumentando considerablemente”, contó un bombero en Tecamachalco, quien pidió no ser identificado por temor a represalias. “En un mes, descubrimos unos dos o tres cuerpos, pero hay muchos más si se considera que otros cuerpos de bomberos encuentran el mismo número”.
Él atribuye el aumento de los asesinatos a la intensificación de las guerras territoriales entre las redes de robo de combustible que arrojan los cuerpos de las víctimas en pozos, hoyos profundos y secos que antes se usaban para almacenar agua en las granjas.
Un portavoz de López Obrador no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el aumento de la violencia en la región.
En Hidalgo, los homicidios aumentaron 24 por ciento en los primeros cinco meses del año, a 124. En Puebla, subieron 26 por ciento, a 398. ‘Huachicoleros’ atacaron a guardias de seguridad de Pemex, quemaron patrullas y lincharon agentes de la oficina del fiscal general. En Puebla, los grupos criminales que se dedican al robo de gasolina y gas LP también suelen estar involucrados en secuestros, tráfico de drogas y robo de autos, según la policía local.
Se han formado relaciones complicadas entre los ‘huachicoleros’ y las comunidades en las que operan. Los lugareños han llegado a depender de ellos, y en algunos casos los celebran, por el combustible asequible que venden, pero también los desprecian y los culpan de la creciente violencia en sus calles.
En el estado de Hidalgo, un bar tiene un cóctel con el nombre de los huachicoleros que se sirve en un bidón de gasolina en miniatura. Los ladrones allí venden gasolina a la mitad del precio minorista, lo que ofrece cierto alivio a la inflación desenfrenada y al aumento de los costos de energía. También llenan el vacío dejado por un sistema de bienestar público que a menudo se queda corto.
Conduciendo por las calles empedradas de San Bartolo Ozocalpan en Hidalgo, un hombre que se identifica como ‘Chapa’ recuerda una vida pasada cuando corría con un grupo de sujetos que pinchaban los ductos de Pemex en medio de la noche para sacar gasolina. Ahora está en el negocio de vender cerámica, pero habla con cariño de los ladrones locales. Cuando la esposa de ‘Chapa’ estuvo hospitalizada durante varios meses en 2019, fueron los ladrones de combustible residentes de Hidalgo quienes le dieron la gasolina gratis que necesitaba para visitarla.
Los residentes entrevistados en Puebla e Hidalgo dicen que no han visto ninguna de las ayudas prometidas por el Gobierno y que no estaban al tanto de los programas sociales disponibles para ellos. Los robos de combustible siguen siendo comunes en ambas áreas. En un puesto militar en Hidalgo, un soldado se para sin hacer nada, levantando polvo con sus botas. Lo habían enviado a proteger el gasoducto Tula-Salamanca y, sin embargo, dos habían sido denunciados esa misma mañana.
Por mucho que a López Obrador le gustaría vigilar cada centímetro de los ductos, los militares no tienen los recursos para vigilar una línea completa de 223 kilómetros, particularmente en los lugares donde cruza terreno accidentado que los autos no pueden alcanzar.
En Puebla, los militares están tan concentrados en los ductos de gasolina y diésel que las redes de gas LP se han convertido en un mercado para todos, señaló Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo.
“El crimen organizado se pasó al gas LP”, dijo. “Tenemos una estimación de que entre 15 y 20 por ciento del mercado en el centro del país está inundado con este producto ilegal”.
El presidente López Obrador está comenzando a reconocer que el robo de combustible sigue siendo un problema en México. En varias conferencias de prensa en mayo, señaló que el número de grifos de gasolina creció en comparación con el año anterior e incluso hizo referencia al robo de gas LP.
Los ladrones “se equivocan si creen que pueden actuar con impunidad”, dijo durante una de sus ‘mañaneras’. “En el gobierno que yo dirijo, y es así en Puebla, no hay impunidad, cero impunidad’’.
