El juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó ayer a proceso al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y le ratificó la medida de prisión preventiva justificada, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos de prueba suficientes para juzgarlo como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la procuración de justicia y tortura.
Durante la audiencia inicial, que se desahogó durante 12 horas en la zona judicial del Reclusorio Norte, el juzgador analizó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa.
Según estimaciones de los fiscales, el ex funcionario puede recibir una condena de 50 a 90 años de prisión, sin que esta pena pueda sustituirse debido a los delitos que se le imputan.
El ex procurador tomó la palabra una ocasión y señaló que en los pasados siete años se han inventado muchas líneas de investigación sobre el caso de los normalistas y que la última fue la localización de restos óseos en la Barranca de la Carnicería, en las inmediaciones del basurero de Cocula.
Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hay ninguna de estas indagatorias que haya echado para atrás la llamada “verdad histórica. Puedo aceptar algunos errores, fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal”, expresó.
“¿Dónde están nuestros hijos?”
Al concluir la audiencia, la madre de uno de los 43 normalistas que fueron secuestrados y luego desaparecidos por integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos preguntó a Murillo Karam: “¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde los dejó? Queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Ante el reclamo, el ex funcionario permaneció con las manos en el rostro, agachado. Vestía una chamarra color caqui, propia del uniforme de presos del reclusorio, donde permanecerá interno. El juez Fuerte Tapia concedió un plazo de 90 días naturales para concluir la investigación complementaria.
Los representantes de la FGR sostuvieron las acusaciones contra Murillo Karam. La defensa siguió una estrategia sin elementos de prueba para desvirtuar las imputaciones y sólo se manifestó con la intención de desacreditar los argumentos que formuló desde el sábado pasado el Ministerio Público.
Los abogados del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que en la indagatoria “no hay ninguna prueba o documento que acredite la participación de él en los hechos de tortura y desaparición forzada”.
“Somete a una persona por inferencias, lo cual es ilegal. Hay frases de la conferencia de prensa que ofreció para dar avances de la investigación, que fueron sacadas de contexto. El Ministerio Público presenta un caso que no tiene sustento en evidencia ni lógica, pues es incomprensible que se diga que en las conferencias se instruyeron acciones ilegales”, indicó el abogado Juan Antonio López Martínez.
No hay indicios de mentiras
Expusieron los defensores que “no hay nada que haga presumir que la llamada verdad histórica se construyó con mentiras, pues esta frase se considera como parte de la integración de una investigación”. El juez Fuerte Tapia señaló entonces que ese era un término empleado en el anterior sistema de justicia.
Los abogados argumentaron que la acusación por delitos contra la administración de procuración de justicia estaba prescrita. Sin embargo, el juez negó tal circunstancia, al explicar que la denuncia y la integración de la carpeta de investigación se formularon antes de que venciera el plazo legal para la prescripción.
Sobre las acusaciones de tortura y desaparición forzada, el juez señaló que en ambos casos Murillo Karam debía ser considerado partícipe intelectual de lo sucedido, por no haber actuado ante las alteraciones a una escena del crimen. Así se refirió a los hallazgos y diligencias realizadas en el río Cocula, donde se localizaron restos óseos que presuntamente correspondían a los normalistas de Ayotzinapa.
El juez señaló que, en el caso de desaparición forzada, la omisión en la que incurrió Murillo Karam y los actos que vulneraron las investigaciones impidieron, con la llamada verdad histórica, continuar con otras líneas de investigación que permitieran dar con el paradero de los estudiantes.
Durante la audiencia se registraron cuatro recesos, pero sólo uno de ellos fue importante, ya que el juez se tomó dos horas para elaborar su resolución. Después tardó tres horas más en exponer sus argumentos para sostener que Murillo Karam debía ser vinculado a proceso por los tres delitos y establecer que en caso de resultar sentenciado no tendría derecho a la conmutación de la pena.
Luego, tras un debate de una hora, se definió que el ex procurador debía permanecer en prisión preventiva justificada debido al riesgo de fuga que presenta el caso, y por la importancia nacional e internacional que significa la desaparición de los 43 normalistas.
Al final, un representante de la FGR manifestó: “Si sale hoy, no lo volvemos a ver”.
