(apro).- La bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados llamó a sus legisladores para concentrarse en hoteles cercanos al palacio de San Lázaro para asegurar que no falten a la discusión y votación que se realizara este miércoles de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con la propuesta presentada por el PRI, el punto esencial de la iniciativa es que la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa una década en tanto “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
Según el proyecto de dictamen que se discutirá este miércoles de manera presencial, durante estos diez años “el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Los equipajes de los legisladores. Foto: Eduardo Miranda
A diferencia de la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la del PRI señala que la participación militar en el mando de la Guardia Nacional “deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
La reserva de la propuesta apoyada por el PRI y PT señala: “El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76. Con independencia de lo anterior, se integrará una comisión conformada por Diputados y Senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo. Para tal fin, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios”.
Esta iniciativa de reforma constitucional ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que plantea extender el uso del Ejército y Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, prevista originalmente para concluir en 2024.
