El pasado 4 de marzo de este año, un análisis forense reveló que el teléfono de Ramos fue infectado por el programa Pegasus
El Ejército mexicano habría espiado con el programa Pegasus al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, así como a dos periodistas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos en una ocasión.
De acuerdo con una investigación realizada por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, el programa habría sido utilizado, entre 2019 y 2021, en contra del defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, quien fue blanco de seguimiento por parte del Centro Militar de Inteligencia (CMI) que está bajo el mando directo del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
A través de una tarjeta informativa, elaborada por la inteligencia militar, el pasado 2 de septiembre de 2020 bajo el nombre “Actividades Raymundo Ramos”, se expone la intervención telefónica de Ramos por parte del CMI en la que sostuvo conversaciones con periodistas de El Universal, Televisa y El País, entre el 16 de agosto y el 26 de agosto, fechas que coinciden con los ataques registrados por Pegasus, según un análisis de Citizen Lab, un instituto de investigación en la Universidad de Toronto.
El pasado 4 de marzo de este año, un análisis forense realizado por Citizen habría revelado que el teléfono de Ramos fue infectado por este programa entre el 16 y 18 de agosto y el 18 y 19 de agosto de 2020, mismo periodo en que esta casa editorial hizo pública la presunta ejecución de tres jóvenes en Nuevo Laredo.
En ese periodo, el Gran Diario de México publicó la autopsia de los jóvenes asesinados, luego de que soldados los confundieran presuntamente con miembros de la delincuencia organizada y se registraron 12 personas muertas después de un enfrentamiento, desmintiendo la versión oficial de la Sedena quienes aseguraron por medio de un comunicado de prensa emitido el pasado 17 de agosto del 2020, que los jóvenes asesinados habían sido secuestrados.
Ramos apoyó a las familias afectadas quienes iniciaron un proceso de denuncia ante la fiscalía estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh).
