(LA SILLA ROTA).- En la reforma administrativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para modificar 23 leyes secundarias en materia administrativa destaca que, de nuevo, plantea que todos los funcionarios de la administración pública deben tener sueldos por debajo de que él percibe como titular del Poder Ejecutivo.
El tema es relevante porque ha sido una de los planteamientos más destacados de su administración; pero en la realidad el hecho no se ha concretado en el Poder Judicial y órganos autónomos. Cabe recordar que, por este tema, en los últimos cuatro años, se acrecentaron las diferencias entre el mandatario y el Instituto Nacional Electoral durante la administración de Lorenzo Córdova, quien interpuso controversias constitucionales ante la Corte para conservar sus percepciones salariales en apego a la ley que en su momento lo permitió.
Ahora, el mandatario repite su planteamiento desde la ruta administrativa, después de no haberlo conseguido mediante la Ley de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, ésta última declarada inconstitucional por la Corte en 2021.
Así, en la iniciativa que envío al Congreso plantea modificar las leyes administrativas que rigen al Poder Judicial y los siguientes órganos autónomos: Banco de México, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Destaca también que en esta iniciativa no se incluye al Instituto Nacional Electoral. Esto podría deberse a que, como informó La Silla Rota en su momento, el relevo de cuatro nuevos consejeros modifica el escenario en cuanto a percepciones del Consejo General.
Por un lado, la nueva consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que sí reducirá su sueldo y no se descarta que los otros tres nuevos consejos puedan alinearse al mismo criterio; mientras que los otros 7 consejeros (que conformaron el pleno con el ex consejero Córdova) no modifiquen su nivel de percepciones en apego al criterio de la Corte que les dio la razón.
El planteamiento de AMLO
En esta reforma administrativa elimina y modifica artículos de la Ley de Austeridad Republicana. Refiere que se trata de una ley de orden público e interés social y que dicha austeridad es aplicable a todos los entes públicos, dependencias y paraestatales. Además, que los Poderes Legislativo y Judicial están obligados a cumplirla.
“La política de austeridad republicana de Estado debe tener carácter transversal… Los entes públicos obligados deben entregar al Comité de Evaluación y la Cámara de Diputados un informe donde reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de la presente ley”, refiere.
Y plantea que los servidores públicos, al separarse de su cargo, no podrán trabajar para personas físicas o morales que hayan supervisado o entregado contratos durante su encargo. Los plazos serán de 4 años para una dirección, 6 para titular de unidad administrativa, 8 para subsecretaría, 9 para secretaría y 10 para presidencia.
¿Y si lo conseguirá?
Julio Jiménez, experto en temas constitucionales y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que el replanteamiento del titular del Ejecutivo es de nuevo un tema mediático y que legalmente no lo conseguirá.
“Es improcedente constitucionalmente porque violentaría derechos laborales adquiridos y derechos humanos, generaría una oleada de amparos para evitar que la disposición entre en vigor. Estaría, otra vez, violando derechos salariales y prestaciones adquiridas a través de la antigüedad de cada uno de los servidores públicos”.
Agregó que es un mensaje equivocado “de aparente austeridad y buena administración de los recursos públicos”. Tras revisar el contenido de la iniciativa, Jiménez expuso que se trata de la misma estrategia con modificaciones de forma, más no de fondo.
“Habría que ver en qué términos se realiza la discusión en el Congreso. Me parece que no por eso deja de ser una propuesta inconstitucional porque los derechos adquiridos de servidores públicos y funcionarios en diversos niveles de gobierno no se pueden modificar”.
Expuso que el titular del Ejecutivo solo busca reabrir un debate mediático por encima de la resolución de la Corte que desde 2021 marcó su postura sobre el tema que declaró inconstitucional. “Él busca la legitimidad y apoyo del sector al que dirige su discurso, que polariza la sociedad e intereses de los mexicanos. Esta el antecedente del INE y el INAI que presentaron controversias al respecto, en defensa de sus derechos. Son modificaciones que no pueden realizarse a capricho de un gobernante porque fueron funcionarios contratados bajo condiciones y prestaciones salariales distintas. La medida solo podría aplicar a aquellos nuevos funcionarios que entren bajo el nuevo esquema de Ley de Austeridad Republicana”.
