La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) declaró inconstitucional el decreto por el que la Guardia Nacional (GN) se incorporó administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por ocho votos a tres, los ministros estimaron que el Decreto viola el artículo 21 constitucional, por lo que argumentaron que “es un fraude a la Constitución”, pues está “vacía” de contenido el mandato que obliga a que la GN se adscriba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Quienes votaron por la declararon por la inconstitucionalidad del Decreto fueron los ministros Juan Luis González, ponente; Luis María Aguilar, Javier Laynez, Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, y las ministras Margarita Ríos Farjat y la presidenta Norma Piña.
En contra del proyecto y por la constitucionalidad del Decreto votaron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar, los tres marcadamente afines al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luis María Aguilar coincidió con el proyecto del ministro González en el sentido de que dicha transferencia “vacía de contenido” el mandato constitucional de que la Guardia Nacional quede adscrita a la autoridad civil, es específico, la SSPC.
Javier Laynez estimó que el dar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena significa un “fraude a la Constitución”. Dijo que, si bien la reforma no tocó el artículo Cuatro de la Ley que dio origen a la GN, esto es meramente de forma.
Y es que aseguró que la adscripción de GN a la SSPC se reduce a una adscripción formal, pero no material ni sustantiva. “Es una readscripción y, técnicamente, un fraude la constitución”, aseguró.
Margarita Ríos Farjat señaló que el decreto deja en entredicho el carácter civil y adscripción de la GN a la SSPC.
“Esto pone la unidad jerárquica y desarrollo de la administración pública implicando un riesgo de seguridad jurídica para la sociedad, porque hay una dependencia que responde a dos dependencias, una civil y una castrense”.
En contraste, el ministro Zaldívar se refirió a la “notoria mala fe” de las críticas que recibió en medios de comunicación y redes sociales por su posición en torno al tema y su dicho relacionado con que la Marina y Sedena son instituciones civiles.
Defendió su postura y dijo que la parte militar de esas dependencias es el Ejército y la Marina-Armada, por lo que la adscripción de la GN a la Sedena no significa una militarización ni una violación a la Constitución.
Zaldívar criticó a sus pares por usar “con frecuencia y cierta ligereza” los conceptos de “vaciar de contenido” el mandato de la constitución, así como “fraude a la Constitución”, este último que, dijo, él acuñó.
Loretta Ortiz aseguró que la intención del legislador, con el Decreto impugnado, no fue retirar la adscripción de la Guardia Nacional a la SSCP sino fortalecer su consolidación con el apoyo de la Sedena y Marina.
Asimismo, negó que haya un control dual (SSPC y Sedena) sobre la Guardia Nacional como lo menciona el proyecto.
“El esquema planteado, está subordinado a la estrategia de las SSPC y no implica un sistema dual de control, sino que es un único modelo que seguirá existiendo con la sujeción de un mando militar a uno civil”, dijo la ministra.
Las y los ministros también declararon inconstitucional que el Comandante General de la Guardia Nacional sea propuesto por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que esto pone en tela de juicio el carácter civil de la GN.
