Ejidatarios de Alfredo V. Bonfil, donde se ubica la zona de reserva de crecimiento de la ciudad de Cancún, denunciaron irregularidades en el reparto discrecional e inequitativo de 450 millones de pesos, fruto de la expropiación concertada de 73 hectáreas de tierra para la construcción del Tramo 4 del Tren Maya.
Si bien el gobierno mexicano, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), extendió tres cheques con sumas millonarias por la superficie expropiada, lo hizo a nombre de una sola persona: Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario de Alfredo V. Bonfil y no entregó el dinero a cada ejidatario.
Lo anterior implicó que a los 208 ejidatarios a los que les fue expropiada la tierra recibieron de forma discrecional solo 230 mil pesos y no los dos millones 200 mil pesos que le tocaba a cada uno; aunque hubo algunos a quienes se entregaron 800 mil o hasta cuatro millones de pesos, indicó Armando Ortega.
Las 73 hectáreas abarcan tierras ejidales localizadas en el Tramo 4, que va de Izamal, en Yucatán, hacia Cancún, en Quintana Roo, pero conecta con la estación y edificio estratégico que se construye en el Tramo 5 Norte –de Cancún a Playa del Carmen– en los linderos detrás del Aeropuerto Internacional de esta ciudad.
Los tres cheques expedidos por el Fonatur fueron mostrados hoy en conferencia de prensa por un grupo de ejidatarios y ejidatarias afectados, quienes manifestaron que en ningún otro caso se procedió de esa manera, pues la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue pagar directamente a cada ejidatario, sin intermediario alguno.
“Los cheques jamás debieron salir a nombre del comisariado ejidal”, indicó Máximo Martínez Rocha; “debieron salir a nombre del Ejido”, respaldó Manuel Mendoza Villa.
El primero de los cheques fue por 291 millones 808 mil 364 pesos, girado el 26 de abril del 2022 con el número de folio 11428, por concepto de las tierras de uso común.
El segundo, se extendió en esa misma fecha, con número de folio 11424, fue girado por 72 millones 952 mil pesos, por el pago de los bienes distintos a la tierra; y el tercero, con número 0006019, se giró el 8 de septiembre de ese mismo año, por 80 millones 403 mil 832 pesos.
Los bienes distintos a la tierra es un concepto que engloba terrenos en donde hay recursos maderables, materiales pétreos, ranchos, césped, frutales.
“Bajo ese concepto se emiten dos de los tres cheques, por 150 millones de pesos, que también debieron distribuirse de manera equitativa”, agregó Ortega.
Acompañados por más ejidatarios y ejidatarias, aclararon que respaldan el megaproyecto, mas no el método de pago, pues no solo se repartió la indemnización de forma discrecional, si no por un monto mucho menor al que les correspondía.
Al momento se han interpuesto un amparo, dos denuncias penales y otros procesos ante tribunales agrarios.
Ante la situación solicitaron la intervención de las autoridades para dar solución al caso y les sea entregado el dinero faltante, toda vez que han intentado dialogar con el presidente del comisariado, sin éxito.
“Estamos pidiendo una rendición de cuentas para que nos digan cómo se gastaron los 450 millones de pesos”, señaló Ortega, quien dijo que la solicitud se ha hecho a la Procuraduría Agraria.
