El gobierno de Jaime Bonilla Valdez habría desviado alrededor de 100.000.000 de pesos durante la emergencia sanitaria por coronavirus con la compra de uniformes escolares, la instalación de lavamanos en escuelas y la compra de medicamentos a sobreprecio, informó la administración de su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De acuerdo con la Secretaría de Honestidad y Función Pública, y la Consejería Jurídica del gobierno de Baja California, hay al menos 20 denuncias en las fiscalías General estatal y de la República (FGE y FGR, respectivamente), en contra de al menos 18 ex servidores públicos, incluido el ex titular de Isesalud durante el bienio 2019-2021, Alonso Óscar “N”.
La secretaria Rosina del Villar Casas precisó que 97,000,000 del monto total denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), se concentran en la compra de uniformes por 31,000,000 de pesos a un solo proveedor, y 66,000,000 millones de pesos para 7 proveedores distintos por lavamanos para planteles escolares.
En el primer caso no hay registro de que los uniformes, comprados a finales de marzo cuando iniciaba la pandemia y las escuelas cerraban sus puertas, hayan sido entregados, aseguró.
“Para agravar el tema, la persona principal responsable de estos malos manejos en ISEP, firmó la factura solicitando la premura de una transferencia de pago”, mencionó Rosina del Vilar durante la conferencia de prensa semanal del gobierno de Baja California.
En la compra de lavamanos, continuó, la administración de Bonilla Valdez acordó con 7 proveedores la entrega e instalación de más de 6,000 unidades, pero no fueron localizados más de 3,400.
“Los mismos PR (presuntos responsables) que están en el primer tema, también participan en el segundo”, indicó la secretaria de la Honestidad y la Función Pública.
Catalino Zavala Márquez, Secretario de Educación en el gobierno anterior, es hoy secretario General de Gobierno de Ávila Olmeda, pero del Villar Casas lo deslindó de responsabilidad.
“Claramente se visualiza allí una coalición de servidores públicos. No está involucrado el que era entonces titular. Es la persona que estaba en la Dirección de planeación”, respondió la secretaria.
Algo similar sucede con el todavía Senador, Jaime Bonilla Valdez, quien fue exhibido durante la conferencia de prensa semanal en una diapositiva que mostraba parte del esquema de presuntas irregularidades en el sector Salud, aunque no enfrenta ninguna acusación formal.
“En cuanto al tema ahorita, lo relacionado no hay…bueno, vamos a dejar que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para no adelantar”, dijo al respecto Juan José Pon, consejero jurídico del gobierno estatal, quien no descartó futuras denuncias por los mismos casos.
Añadió que ya fueron interpuestas 8 denuncias en contra de personal de Isesalud del gobierno anterior por la adjudicación irregular y pago de medicamentos a sobreprecios a distintos proveedores.
Los contratos fueron entregados mediante adjudicación directa argumentado la declaratoria de emergencia desde el gobierno federal, explicó
“Este decreto federal de marzo de 2020 señalaba acciones extraordinarias para combatir lo que era la enfermedad del Covid. Sin embargo, la existencia de este decreto federal no eximía a los ex servidores públicos de dar cumplimiento a las obligaciones legales aplicables”, dijo Juan José Pon.
Agregó que la pasada administración tampoco realizó los estudios de mercado para garantizar las mejores condiciones de compra; el comité de adquisiciones nunca sesionó y se compraron medicamentos que no tenían relación con combate al covid-19.
Las denuncias, presentadas la semana pasada, son por la probable comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
