López Obrador, su vocero Jesús Ramírez y otros funcionarios del gobierno federal impugnaron la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se confirmó el uso indebido de recursos públicos al pedir votar por el llamado Plan C y en contra de la oposición, durante la conferencia matutina del 27 de marzo.
El viernes 14 de julio, la Sala Superior del TEPJF recibió siete recursos en contra de la sentencia SRE-PSC-83/2023, dictada por la Sala Especializada el pasado 6 de julio, en la que se ordenó la inscripción de López Obrador y otros funcionarios del gobierno federal en el Catálogo de Sujetos Sancionados y se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador fueron promovidos por Edgar Armando Aguirre González, director general de Defensa Jurídica Federal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de Andrés Manuel López Obrador; Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE); Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del gobierno de la República; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Los siete expedientes fueron turnados a la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzáles para su análisis y resolución.
En la sentencia impugnada, la Sala Especializada dio la razón a la panista Kenia López Rabadán y al emecista Jorge Álvarez Máynez, que denunciaron al mandatario por su presunta intervención en los procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México al emitir declaraciones durante su conferencia matutina del 27 de marzo, en periodo de intercampaña, en contra de los partidos de la oposición y hacer un llamado a votar por lo que él llama el Plan C, consistente en votar por Morena en las elecciones federales del 2024 para poder tener mayoría en el Congreso y lograr la aprobación de nuevas reformas.
La Sala Especializada concluyó que López Obrador incurrió en la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos.
Atribuyó las infracciones al presidente de la República, al coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, a la directora General de Comunicación Digital del Presidente, al jefe de departamento adscritos a la citada coordinación de comunicación, al director del Centro de Producción de Programas Informativos; Especiales y al presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Además, confirmó el incumplimiento de medidas cautelares emitidas por el INE por parte del Presidente de la República al no retirar de internet la retransmisión de la conferencia del 27 de marzo en donde emitió esas expresiones.
Información de Milenio
