Un juez federal emitió un amparo que suspende la prisión preventiva oficiosa, al médico Gustavo Aguirre, imputado por delitos contra la salud.
El juzgador Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Alfonso Olachea Aragón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Paz, Baja California, determinó prisión preventiva en contra del imputado por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabidol.
El juez ordenó que, en un plazo no mayor a 36 horas, se internase en el Centro Penitenciario en La Paz, Baja California Sur, en espera de la audiencia correspondiente a celebrarse el 5 de septiembre próximo.
Sin embargo, el juicio de garantías evita que sea recluido, y se le conceden medidas cautelares que otorga la justicia de la Unión; es así que el médico tendrá una nueva audiencia de revisión y análisis en un juzgado de Los Cabos, Baja California Sur.
En sus redes sociales, el anestesiólogo escribió, “Asi mi día hoy al levantarme con los ánimos por los suelos, lo único que pensaba era escoger unos tenis cómodos y ropa ligera para permanecer cómodo en prisión, horas después me marca una vecina y me dice, podemos orar en tu casa? No tenemos religión, solo creemos en Dios, oramos por unos minutos y cuando se fueron me arrodillé y llore por un tiempo con mi esposa suplicando a Dios que nos ayude, que no soy mala persona y que en realidad mi intención siempre ha sido ayudar a la gente, acabamos y limpiando mis lágrimas aún, abrazado de mi esposa me toca la puerta mi suegra y me dice que me está marcando mi abogado, Antonio Juárez Navarro, dándome la noticia que el amparo ya había entrado y se ordenó que se suspendiera la medida de prisión oficiosa y el día de mañana se discutirán las nuevas medidas cautelares’'.
Un paso más adelante, muchas gracias Dios, la verdad, muchas veces te consideras “creyente” pero nunca haces oraciones con la intención de ser escuchado, hoy fue un milagro reflejado en la sabiduría del Licenciado @Juarez”.
Un proceso desafortunado
El médico adquirió cuatro cajas con 24 ampolletas de fentanilo de uso médico de 10 mililitros cada una, según su declaración, que consta en expedientes judiciales, “ya que yo radiqué en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur y en esta entidad se ha venido enfrentando el desabasto o la falta de existencias del citado fármaco, que es altamente necesario y fundamental para la realización de procedimientos anestésicos”.
Declaró también que la compra del citado fármaco se efectuó al establecimiento FARMANEST, localizado en la colonia Santa Teresita de Guadalajara, Jalisco, misma que es debidamente avalada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues la compra se avaló mediante el uso de un recetario especial para medicamentos controlados con código de barras también autorizado “y como parte de la compra efectuada, recibí, como siempre, un correo electrónico de parte de la misma institución, para notificarme que dicha receta había sido surtida”, se Lee en el legajo judicial.
Este caso ha provocado que la comunidad médica mexicana exija la libertad jurídica del anestesiólogo y que se establezcan adecuaciones en la ley por la compra legítima de medicamentos por parte de profesionales de la salud.
En los expedientes judiciales, el médico Aguirre, expone que su trabajo es salvar vidas, y denunció una persecución por parte de la Fiscalía General de la República, que que cateó su domicilio en Los Cabos, Baja California Sur, y declaró que los elementos federales, hasta interrogaron a sus hijas menores de edad, por lo que debió rentar varios lugares hasta que hace tres semanas se le reintegró la habitabilidad de su domicilio mediante un recurso de amparo.
Así mismo, el profesionista presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, a fin de que se le pida al Gobierno mexicano garantice su vida, libertad y patrimonio, y acusa un latente daño irreparable, “pues existe un riesgo actual, real e inminente de que se vulnere mi integridad física, derecho humano a la vida, libertad y mi patrimonio, máxime que existen antecedentes del estado mexicano fabrica delitos”, se describe en el documento.
Gustavo Aguirre también fue extorsionado
El 24 de junio se efectuó un operativo con personal de la FGR en conjunto con elementos de la Marina Armada de México, Policía Municipal con apoyo de perros entrenados y drones.
El médico declaró también que demostró la legalidad de los medicamentos, y que una funcionaria de nombre Iliana Patricia Figueroa Romero, le dijo que había dos caminos para arreglar la situación, uno corto y otro largo, y que él le cuestionó en qué consistían estos caminos, a lo que la servidora pública le respondió que el corto implicaba la entrega de 600 mil pesos en el momento, y se solucionaba el tema, y que el largo no se lo recomendaba, y le aseguró ‘yo no se lo recomiendo, porque usted sabe que estas cosas se complican’.
Declaró también que personas que se ostentaron como empleados ministeriales federales notificaron que aseguraban de nueva cuenta su domicilio, ahora bajo argumento de una diversa carpeta de investigación, pero ahora en contra de su esposa Mónica Imelda Jáuregui Agundez, propietaria del inmueble.
Es así que acusó una extorsión para obtener un beneficio económico a cambio de desistirse de la acción legal, “abusando de la autoridad que les da la Fiscalía General de la República y violentando sus Derechos Humanos”, se expone en su acusación.
