En un debate en el pleno de la Cámara de Diputados sobre el litigio de los fideicomisos del Poder Judicial, la diputada del PRI Melissa Vargas, acusó: “¿ahora resulta que no hay dinero para Acapulco por culpa del Poder Judicial? “¡ya ni la chingan!”, reclamó al Presidente de la República y a su partido Morena.
Y la diputada del PAN, Patricia Terrazas, completó: “el presidente sólo se atasca, atasca la ayuda y atasca su sensibilidad”. Criticó que “no ha ido a Acapulco, pero qué tal a Badiraguato, ya fue cinco veces…”.
En respuesta, Juan Ramiro Robledo, de Morena, insistió en que “esos fideicomisos son ilegales”.
Explicó que “nunca el Poder Judicial pidió presupuesto para crearlos, son una simulación de subejercicios y de ahorros, que también están prohibidos. No se permite simular el reenvío o el desvío de los ahorros”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja precisó que “todo lo que no se ejerza vía economía, ahorro o subejercicios deben regresarse a la Tesorería de la Federación, no se ha hecho y se ha violado la ley”.
Indicó que los partidos de la oposición que en el Senado anuncian una Acción de Inconstitucionalidad, deben saber que “el transitorio que quedó en el dictamen -de la reforma reciente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación- es muy claro”.
“Dice que, después de cumplir con sus compromisos, el remanente se remite a la Tesorería de las Federación. No hay violación a los derechos laborales”, remarcó.
Consideró que, por lo anterior, “los jueces y magistrados no deberían ser como juez y parte. No hay un problema de inconstitucionalidad, sino de legalidad”.
Luego de ser aprobada en el Congreso la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se presentaron diversas impugnaciones y algunos jueces les dieron entrada a trámite, por lo que se frenó el traslado de los recursos de dichos fideicomisos para la atención de los damnificados por el huracán Otis, en Guerrero.
En respuesta, el gobierno federal impugnó la suspensión provisional concedida a la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) que frenó la extinción de los fideicomisos de ese poder.
A través de un recurso de queja, admitido a trámite por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, el gobierno federal solicitó dejar sin efectos la medida concedida por la jueza Elizabeth Trejo, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
