Colombia: Dan 20 años de cárcel a exrectora de colegio; permitía abusos a menores

05 febrero 2024
Noticias de Yucatán. 

 Un juez colombiano condenó a 20 años y nueve meses de prisión a Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander.

La acusación sostiene que Gutiérrez permitió que miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) abusaran sexualmente de alumnas entre 2001 y 2003, la mayoría menores de edad, de acuerdo a información de Milenio.

Los abusos eran cometidos tanto dentro de la escuela que dirigía Gutiérrez, en Riachuelo, como fuera del centro educativo. Incluso se señala que la exrectora prestó la oficina de la Rectoría del colegio para que se llevaran a cabo las agresiones.

Gutiérrez también presentaba y ofrecía a las jóvenes en eventos como bazares y reinados de belleza, facilitando su acceso a los paramilitares.

Identificación de víctimas y condena por múltiples delitos

Dos víctimas han sido identificadas, quienes soportaron prolongados periodos de abusos por parte de jefes paramilitares.

La Fiscalía reporta al menos 25 casos de abusos y reclutamientos por parte del grupo paramilitar entre 2001 y 2003, aunque la cifra podría ser más elevada.

Gutiérrez fue condenada por secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.

Víctimas entre alumnos y comunidad infantil del colegio

La situación también afectó a niños del centro educativo, quienes eran obligados por los paramilitares a patrullar las calles de Riachuelo.

La condena no sólo recae en la exrectora, sino también en un particular, José William Parra, identificado como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, responsable del reclutamiento forzoso de menores.

Condena a José William Parra por complicidad y reclutamiento forzoso

José William Parra, responsable de engañar a 23 adolescentes y entregarlos al grupo armado ilegal, recibió una condena de 24 años y dos meses de prisión.

Los paramilitares, desmovilizados en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe, fueron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.


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