(apro).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández ordenó iniciar investigaciones en contra de diversos excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar y que fueron denunciados por atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El pasado nueve de abril, la ministra Piña recibió una denuncia anónima en contra de Zaldívar y otros integrantes del PJF por conductas como vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder; violencia sexual; falta de profesionalismo; enriquecimiento ilícito; cohecho; abuso de funciones y desvío de recursos.
Esto, al considerar que durante su gestión al frente del PJF, Zaldívar y sus ex colaboradores se confabularon para favorecer “intereses personales y de terceros” mediante la utilización de la estructura organizacional de dicho poder.
Por ello, la ministra Piña, en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó iniciar investigaciones contra los ex colaboradores de Zaldívar para determinar si existen elementos suficientes de prueba para iniciar un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares.
Los exfuncionarios que serán sujetos de esta investigación son Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del CJF, señalado en la denuncia anónima de cometer enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones “a modo”, violencia sexual, entre otros.
También será investigado Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien fue titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, señalado por corrupción; así como el ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval, quien actualmente es coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres y fue denunciado por corrupción, hostigamiento y uso indebido del cargo.
“Ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, señala el acuerdo de la ministra Piña emitido el mismo 9 de abril.
“Se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”.
El ministro en retiro y expresidente de la SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar fue señalado por confabularse con el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para manejar los asuntos que se ventilan en el PJF a favor de los intereses del gobierno federal o de empresarios.
Asimismo, de utilizar diversas áreas del CJF para presionar a jueces y magistrados para lograr su cometido a cambio de beneficios políticos, económicos o laborales bajo la amenaza de que, de no resolver conforme a la “línea dictada” los juzgadores serían sujetos a cambios de adscripción o a procedimiento de responsablidades administrativas.
Sin embargo, al tratarse de un ministro en retiro, de acuerdo con la Ley Orgánica del PJF, corresponde a la Corte determinar si iniciará o no investigación en su contra, por lo que la ministra presidenta ordenó enviar la denuncia en su contra para que el Máximo Tribunal le dé el trámite correspondiente.
En la denuncia, tambén fueron señalados jueces como Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles; José Artemio Zúñiga, quien conoció de casos como el de Emilio Lozoya, Genaro García Luna, entre otros; Iván Zeferín Hernández, quien ordenó detener al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuando este todavía tenía fuero.
A dichos juzgadores se les acusó de aceptar la presión ejercida por el ministro en retiro Arturo Zaldívar para resolver varios casos “a amodo”, por lo que las investigaciones que inicie el CJF también los incluyen a ellos.
Desde el inicio de su gestión al frente del PJF, el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar hizo pública su afinidad con el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Zaldívar renunció a la Corte en noviembre del año pasado para sumarse al equipo de campaña de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, anuncio que realizó incluso antes de que su renuncia fuera aceptada por el Senado de la República.
Desde esta nueva posición, el ministro en retiro ha realizado diversos foros de discusión para promover la reforma al PJF propuesta por el presidente López Obrador que establece la elección de ministros, jueces y magistrados federales por voto popular, la eliminación del CJF, entre otras cosas.
En diciembre de 2023, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una denuncia administrativa contra Zaldívar por sumarse a la campaña de Sheinbaum antes de estar formalmente fuera de la Corte, por lo que pidió retirarle sus prestaciones y beneficios por haber sido ministro.
El 14 de diciembre, Proceso informó que Zaldívar intentó sorprender a los ministros para que, una vez fuera de la Corte, pudiera mantener privilegios millonarios que ni siquiera los actuales integrantes en activo del Máximo Tribunal, tienen.
En febrero pasado, el presidente López Obrador admitió que durante la gestión de Zaldívar al frente de la Corte, intervino en decisiones del Poder Judicial y que el entonces presidente del Máximo Tribunal hablaba con los jueces para “advertirlos” sobre los temas de interés del gobierno federal.
