Ante la propuesta de aprobar la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), que comprendería elegir a los jueces por votación popular, Francisco Burgoa, profesor en Derecho Constitucional, considera que se perdería capacidad técnica e imparcialidad política.
Asevera que no cualquier abogado o especialista sabe cómo se debe llevar a cabo toda la actividad jurisdiccional y es ahí donde vendría el tema de los rezagos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que se podría ocasionar un desorden desde el momento en que sean electos por el voto popular, porque se pierde lo que se necesita, que lleguen perfiles técnico-jurídicos especializados y con experiencia.
“Desde el momento en que a los juzgadores los quieren someter a voto popular, se va a perder esa posibilidad de que lleguen los mejores perfiles y, sobre todo, que garanticen autonomía e independencia, porque ahora ya no quieren que se deban los jueces a la Constitución, quieren que se deban al pueblo, y el pueblo, si bien es cierto es el que va a votar por ellos, ¿cómo llegan esos candidatos?”, precisa Burgoa.
El catedrático de la UNAM agrega que “entonces solamente van a llegar perfiles que sean cómodos afines hacia los poderes (…) la incertidumbre tiene que venir con los que se encuentran en cargos como los jueces y magistrados, pues ellos saben que los van a correr, porque va a haber una purga”.Señala que el Poder Ejecutivo va a presentar hasta 10 candidaturas, “a lo mejor la presidenta [Claudia Sheinbaum] dice 10 me parecen muchos, solamente voy a proponer a uno a dos o a tres (…) y en ese tono ¿va a ser una persona que le es incómoda? Pues no, será una persona que va a garantizar una afinidad hacia el proyecto de ellos”.
En ese sentido refiere que no se dice con toda claridad qué es lo que va a pasar; sin embargo, hay que tener en cuenta que la regla implicaría que no se tiene que afectar cualquier proceso legal en curso.
“Inclusive dentro de la propia iniciativa del PJF, está la llamada justicia expedita, en donde se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año a asuntos penales; es decir, dentro de esta iniciativa de reforma constitucional, en uno de los artículos transitorios se prevé el tema de la justicia expedita”, explica el constitucionalista.
Subraya que la regla es que no debe afectar ningún proceso legal en curso, en dado caso esta reforma tendría que beneficiar que se obligue a que se resuelva lo antes posible.
Aunque puede ser subjetivo, advierte Burgoa, porque lo deja a estos plazos que se establecen dentro de esta iniciativa de seis meses para asuntos fiscales y de un año a los asuntos penales.
“En los hechos va a existir la posibilidad de hacer el proceso más lento en la resolución de los asuntos (…) De por sí, actualmente el PJF, los poderes judiciales de las entidades federativas tienen una gran carga de expedientes y asuntos por resolver. Indudablemente en esta transición va a implicar que aquellas personas que ocupen los cargos de jueces, magistrados y ministros, posiblemente van a llegar a aprender como el caso de la ministra de la SCJN, Lenia Batres, y empezaría a ralentizarse la resolución de los asuntos”, asevera el constitucionalista.
Abunda que es el efecto contrario a lo que busca esta iniciativa, “ahorita la discusión está en cuanto a su forma, pero la parte que debe importar más a las personas es cómo van a resolver los asuntos que tiene dentro el PJF y después en los poderes judiciales locales”.
El abogado refiere que, aunque la reforma pretenda establecer plazos para su resolución, en esta transición entre los que se van con experiencia y quienes llegan sin la experiencia y desconocen el funcionamiento de los juzgados de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese intervalo estaría demorando todavía más la atención, así como la resolución de estos asuntos.
Remarca que hay ramas del derecho relativamente nuevas que han tenido una mayor especialización como el tema de telecomunicaciones y competencia, pero en general todas tienen una especialización, y la única forma para que no se resintiera ese cambio es que quien llegue a ocupar el cargo también tenga conocimientos.
EL UNIVERSAL
