Municipios deben reportar sus bienes al Ejecutivo estatal

Noticias de Yucatán ()

Publicada: Viernes, 31 de agosto de 2012 3:06 am  |  Mérida

La bancada priista avaló ayer la polémica Ley de Bienes del Estado

Todas las dependencias de los tres poderes de gobierno y municipios deben reportar aloficial mayor del Ejecutivo del Estado todos sus bienes a partir del día siguiente de que se publique en el Diario Oficial del gobierno del Estado la nueva Ley de Bienes del Estado, que se aprobó ayer.

Esta nueva ley, que se aprobó por mayoría, con la oposición de los diputados del PAN y el PRD, establece nuevas atribuciones a los poderes Legislativo y Judicial y amplia las funciones del oficial mayor del Ejecutivo.

La ley consta de 75 artículos y siete transitorios, entre estos últimos se establece un plazo de 180 días para que se implemente el sistema estatal patrimonial.

Víctor Caballero Durán, presidente de la junta de gobierno del Congreso, dijo que el objetivo principal de esta nueva ley es establecer un marco regulatorio vanguardista que permita crear el sistema patrimonial de bienes muebles e inmuebles de los entes jurídicos de la administraciónpública estatal y municipal.

Uno de los principales aspectos que contiene son las atribuciones que se dan al Poder Ejecutivo de emitir acuerdos para destinar bienes del dominio privado a la prestación de un servicio público o al uso común, así como para la incorporación y desincorporación de bienes.

Este último punto fue el que generó desacuerdos con los diputados de la oposición.- DAVID DOMíNGUEZ M.

Congreso | Ley de bienes

Otorgaría seguridad y certeza jurídica en la administración y control de bienes.

Más atribuciones

Otorga al oficial mayor del Ejecutivo del Estado nuevas atribuciones para coordinar el Sistema Estatal Patrimonial de Bienes, además de integrar y mantener actualizado el inventario general de Bienes Muebles del Estado.

Aprobación de última hora 
Aval del PRI y el PVEM a la Ley de Bienes del Estado

Publicada: Viernes, 31 de agosto de 2012 3:00 am  |  Mérida

Una imagen de la sesión de ayer del Congreso estatal, donde los diputados del PRI y PVEM aprobaron la polémica Ley de Bienes del Estado

Con el voto en contra de los diputados del PAN y el PRD, la mayoría priista con los legisladores del PVEM aprobaron la nueva Ley de Bienes del Estado, en su penúltimo periodo extraordinario de sesiones de esta Legislatura.

Es necesaria, pero llegó de última hora, se hizo con prisas, y aunque se mejoró en comparación como llegó, aún es confusa y puede ser lo que “abra la llave” para hacer pagos con bienes del gobierno, advirtieron los diputados de la oposición.

Por los priistas, Martha Góngora Sánchez consideró los señalamientos de los diputados de la oposición como especulaciones y resaltó que no presentaron ningún argumento con fundamento legal contra la iniciativa.

La medida se aprobó a 24 horas de que concluya su periodo esta LIX Legislatura, que tuvo ayer su penúltimo periodo ordinario, y último para aprobar iniciativas y reformas de leyes.

Hoy sesionarán por última vez a las 15 horas, pero sólo para integrar el Concejo de Mama, donde habrá nuevos comicios el próximo año.

De las tres iniciativas que ayer aprobaron, sólo discutieron la primera, que fue la Ley de Bienes del Estado.

José Carlos Puerto Patrón, diputado del PAN, dijo en la tribuna que: “Ésta ley llegó a la carrera, con prisas, mal hecha, confusa, con un glosario con términos repetidos, con violaciones a la autonomía municipal y con puntos considerados graves, algunos modificados, otros no, es el caso de la dación en pago”.

“No podemos ser cómplices para que de la manera más fácil el gobierno, organismos autónomos y los municipios se deshagan de las obligaciones que contraen”, afirmó al advertir que no votarían a favor de esa ley.

Comentó que a veces le preguntan porqué piensa mal, pero lo hace porque el gobierno del Estado ha dado razones suficientes para que piensen mal.

“Con el endeudamiento existente, es evidente que vamos a pensar que se pueden deshacer de bienes para cumplir con obligaciones que, por el despilfarro y el desorden financiero que tienen, no va a poder cumplir”, insistió.

Tito Sánchez Camargo, también del PAN, dijo que aprobar esa ley sería como “abrirles la llave, es increíble que se dé la gran oportunidad para que todo proveedor que no ha recibido el pago ahora vaya a recibir su terrenito”.

Martha Góngora, al responderles, dijo que esa ley permitirá que Yucatán tenga una nueva herramienta jurídica con visión actualizada y eficiente en la administración pública.

No hay nada de que llegó esta iniciativa del Ejecutivo con prisas como dicen.

Tales señalamientos parecen mas suspicacias personales, o tal vez hasta partidistas, pero sin algún sustento legal.

Añadió que la ley transparentará el proceso de enajenación, dará una mayor certeza jurídica y recordó que además incluye la mayoría de las propuestas que presentaron los legisladores del PAN para mejorarla.

Elsy Mena Acevedo, diputada del PRD, dijo que sería irresponsable votar a favor de esta iniciativa, sobre todo por la celeridad con la que se presentó, además contiene dudas y confusiones.

Finalmente los diputados del PRI y PVEM se impusieron y se aprobó.- David Domínguez Massa

Puntos en conflicto

La nueva Ley de Bienes del Estado: Este nuevo ordenamiento, que se aprobó ayer, sustituirá a la ley que existía y que fue emitida en julio de 1990 por el entonces gobernador Víctor Manzanilla Schaffer.

Dación en Pago: Fue el principal punto que generó la inconformidad, porque los diputados de oposición consideran que no está claro y las autoridades podrían abusar de esta disposición.

Ampliación de funciones: La nueva ley incluye la ampliación de las funciones del oficial mayor del Poder Ejecutivo, a tal grado que en opinión de los legisladores de oposición violaría la autonomía de los otros poderes del gobierno, y los municipios, al tener el dominio sobre sus propiedades.

Niegan la violación: Víctor Caballero Durán, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, negó que el oficial del Ejecutivo del Estado mayor pueda violar la autonomía de los poderes y ayuntamientos, porque su función principal en este caso será la de mantener actualizado y coordinar el sistema estatal patrimonial, no dispondrá de ellos, eso le corresponde a cada autoridad.

Vigencia: Esta nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del gobierno del Estado.

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Injustificable la prisa legislativa

Noticias de Yucatán ()

Cuestionan varios puntos de una iniciativa de ley

Publicada: Jueves, 30 de agosto de 2012 3:00 am  |  Mérida

En opinión del Colegio de Abogados de Yucatán la nueva Ley de Bienes del Estado es necesaria, pero requiere mayor estudio, pues la iniciativa que se pretende aprobar hoy jueves es confusa y genera dudas.

“Consideramos que deben revisarse cuidadosamente los términos del dictamen, y que no existe razón que justifique premura alguna”, expresó Ignacio Puerto Gutiérrez, presidente del Colegio de Abogados, al dar a conocer la opinión del organismo.

Las principales dudas y confusiones estriban en que, según la iniciativa de ley, parece que el oficial mayor del Ejecutivo estatal tendrá facultades de llevar un control de los bienes de los otros poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados, como si no hubiese autonomía. Consideran que no se define puntualmente cuál es el patrimonio del Estado de Yucatán.

Además, la dación en pago pudiera generar detrimento del patrimonio de las entidades administrativas, entre otros puntos.

Como se ha informado en los últimos días, el Congreso del Estado tendría hoy jueves su quinto periodo extraordinario de sesiones, en el cual pretende aprobar la nueva Ley de Bienes del Estado de Yucatán, y reformas al Código Penal de la entidad.

Al dar a conocer la opinión del Colegio de Abogados al respecto, Puerto Gutiérrez manifestó que resulta de gran beneficio para la ciudadanía la actualización del marco legal que rige la actuación del gobierno estatal, municipal y organismos autónomos.

Pero consideran que la iniciativa que pretenden aprobar requiere ser revisada en varios temas. Entre los principales temas que deben ser revisados, destacan el de los bienes sobre los que versa la iniciativa de ley; la división de poderes, autonomía municipal e independencia de organismos autónomos; y la dación en pago.Sobre el primer tema señalan que sobre la titularidad de bienes y el ejercicio de facultades sobre los mismos, la iniciativa hace referencia a bienes cuya propiedad corresponde al “Estado”, o que son parte del “Patrimonio Estatal”, “patrimonio del Estado”, “del dominio público de las entidades estatales”, o de bienes muebles o inmuebles de la “administración pública estatal” o de las “entidades estatales”.Señalan que también se hace referencia a bienes del patrimonio de los “Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios”.En su opinión, esas referencias pudieran generar confusión e incertidumbre jurídica.Citan que el artículo 2, definen al Patrimonio Estatal y al Patrimonio Municipal, el primero como el conjunto de bienes propiedad del Estado y el segundo como conjunto de bienes propiedad del municipio; otro artículo habla del Patrimonio Estatal, como el conjunto de bienes propiedad de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios.En este caso sugiere hacer referencia sistemática a los titulares de los bienes, según se trate del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Judicial, de los municipios o los organismos autónomos.Añadió que pudieran referirse a ellos genéricamente como “bienes del Estado”, siempre que se haga diferencia al momento de referirse a aspectos específicos de cada uno de dichos niveles o instancias de gobierno.De la división de poderes, indican que podrían afectar el principio de división de poderes y la autonomía municipal, algunas atribuciones otorgadas al Oficial Mayor del Poder Ejecutivo.Estas atribuciones son “emitir acuerdos de afectación y desafectación de bienes muebles e inmuebles”, “proponer políticas para la conservación de las reservas territoriales” respecto a bienes propiedad del Poder Legislativo y Judicial, de los municipios y de organismos autónomos.También la imposición de las obligaciones de informar al Oficial Mayor del Poder Ejecutivo sobre modificaciones en su Padrón de Bienes Inmuebles.Precisaron que es adecuado generar un padrón o catalogo general de bienes, pero consideran necesario vigilar la división, autonomía e independencia entre niveles y órganos de gobierno.En el caso de la dación en pago, la facultad de esta figura pudiera generar, por su uso discrecional, detrimento en el patrimonio de entidades administrativas.Explicó que el bien dado en pago puede tener un valor superior a la deuda, y también puede provocar se descuide el equilibrio que debe existir entre ingresos y egresos.-

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