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(apro).- En 2013 y 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó un contrato por mil 436 millones de pesos a Odebrecht, al tiempo que se registró la transferencia de cinco presuntos sobornos por cinco millones de dólares de la empresa brasileña a la dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.
En un cotejo de documentos realizado por el reportero Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la carpeta de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) -reservada hasta el año 2021-, se revela:
Al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para el contrato de la modernización de la refinería de Tula, el departamento de sobornos de la constructora brasileña transfirió desde el Meinl Bank de Antigua un millón de dólares a una cuenta en el Neue Bank AG, en Liechtenstein, a nombre de la empresa offshore Zecapan SA, que según los delatores en Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, lo cual él ha negado reiteradamente.
Según la investigación de MCCI, la brasileña Odebrecht presentó su propuesta a Pemex el 2 de diciembre de 2013 y la transferencia del soborno se realizó un día después.
Ocho días después, el 10 de diciembre, la dirección de Pemex refinación avaló la excepción a la licitación pública, y ese mismo día una empresa offshore de la oficina de sobornos transfirió 480 mil dólares a la misma cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein.
El fallo a favor de Odebrecht lo emitió Pemex a los tres días.
En los meses siguientes fluyeron más sobornos, que coincidieron con la formalización del contrato, de acuerdo con los documentos checados por MCCI.
El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Emilio Lozoya, aprobó los términos y condiciones del contrato y al día siguiente la subdirección de proyectos del área de refinación, a cargo de Jesús Lozano Peña, elaboró el dictamen de adjudicación directa para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.
El contrato fue firmado finalmente el sábado 15 de febrero de 2014, y en los siguientes días el operador de la oficina de sobornos, identificado como “Gigolino” (identidad de Olivio Rodriguez Júnior) ordenó tres transferencias a la cuenta de Zecapan SA en el Neue Bank de Liechtenstein:
Un depósito por un millón 350 mil dólares fue ordenado el 21 de febrero (a los seis días de la firma); otro el 11 de marzo por un millón de dólares y uno más el 17 de marzo por un millón 170 mil dólares.
Según el cotejo de documentos, en noviembre de 2014 hubo otras transferencias que coincidieron con dos ampliaciones consecutivas al contrato en Tula por 879 millones de pesos.
Pemex reservó hasta el año 2021 cualquier documento relacionado con la asignación directa del contrato de la refinería de Tula a Odebrecht, con el argumento de que forma parte de las investigaciones que realiza la PGR.
Los documentos reservados
MCCI obtuvo algunos de los documentos reservados, uno de ellos corresponde al acta de una reunión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, en las que se aprobaron las condiciones del contrato, con el aval de funcionarios de la petrolera y de la Secretaría de Energía.
Entre los asistentes a aquella reunión, realizada el 27 de enero de 2014 en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex, estaban Miguel Tame, director de Refinación; Carlos Murrieta Cummings, director de operaciones; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas; Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico; Leonardo Cornejo Serrano, coordinador de proyectos de modernización y Jesús Lozano Peña, subdirector de proyectos, y quien firmó el contrato con Odebrecht.
También acudieron a la sesión dos cercanos colaboradores de Emilio Lozoya: Froylán Gracia Galicia, su coordinador ejecutivo, y Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores.
En la sesión del consejo se tomó el acuerdo CAPR-004/2014 para asignar sin licitación el contrato para “el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería”.
También los consejeros aprobaron incluir en el contrato una cláusula anticorrupción, en la que el contratista se comprometía a que, durante la ejecución de la obra, ni él, ni sus subcontratistas o empleados ofrecerían o darían dinero o cualquier otra dádiva a servidores públicos.
Sin embargo ya para entonces Odebrecht había pagado una primera tanda de sobornos, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI.
Los consejeros argumentaron que la asignación directa evitaría incrementos en el costo de la obra.
“La estrategia de contratación que se propone, permitirá adjudicar los trabajos a una propuesta que asegure el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de programación para el desarrollo de las obras, evitando con ello pérdidas o costos adicionales importantes (…) con lo que se justifica el procedimiento mediante excepción a la licitación pública”, fue el argumento que quedó por escrito.
El Consejo de Administración acordó que el monto del contrato sería por hasta 165 millones de dólares, equivalentes a 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces, con un plazo de ejecución de 540 días naturales.
No obstante, el contrato se firmó por mil 436 millones de pesos, aunque luego se elevó a dos mil 315 millones de pesos a través de dos convenios modificatorios realizados en el transcurso de la obra.
La información de MCCI da cuenta que en la reunión del 27 de enero, los consejeros acordaron que, para obtener la oferta más conveniente, Pemex-Refinación haría una investigación de mercado para identificar potenciales contratistas que contaran con atributos de trayectoria, cumplimiento, capacidad y soporte financiero.
Una vez identificadas las potenciales empresas, se acordó que Pemex les solicitaría su propuesta técnica y económica para analizarla y decidir la mejor alternativa.
Sin embargo, ese procedimiento era una simulación, pues desde un mes antes –el 13 de diciembre de 2013- Pemex había evaluado la propuesta de Odebrecht y ese mismo día había elaborado el fallo que sirvió como base para asignarle el contrato.
Es decir, el contrato ya estaba apalabrado. Prueba de ello es que al día siguiente de la sesión del consejo, el 28 de enero de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación elaboró el dictamen de adjudicación directa a Odebrecht.
“El procedimiento de adjudicación directa es el único esquema de contratación que permite el cumplimiento de las fechas clave” para las obras asociadas al proyecto de aprovechamiento de residuales en Tula, argumentó la petrolera estatal.
A la sesión del 27 de enero de 2014, tanto el director de la petrolera, Emilio Lozoya, como el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, no se presentaron a la reunión.
Lozoya tenía el cargo de presidente del Consejo, posición que tuvo que ser ocupada en aquella reunión por su suplente, Víctor Díaz Solís, en ese entonces director corporativo de Administración de Pemex, según consta en la lista de asistencia, obtenida por MCCI.
Ochoa Reza, por su lado, era consejero propietario del Consejo, y su lugar fue ocupado ese día por su suplente, Daniel Guerrero Rodríguez, director de transformación industrial de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
Tampoco se presentaron a la reunión otros dos consejeros propietarios: Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Energía y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda.
De los 23 funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía que acudieron a la reunión, sólo cuatro permanecen en sus cargos.
