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América Móvil, Bimbo, Cementos Mexicanos, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa dominan sus respectivos mercados a nivel nacional. Su preponderancia no las vuelve monopolios por sí mismas; aunque implica riesgos a la sana competencia económica por la posibilidad que tienen de imponer condiciones de mercado.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, estas compañías no han sido investigadas por prácticas monopólicas absolutas, según el archivo público de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Pero su tamaño las convierte en agentes potenciales de prácticas monopólicas relativas, de acuerdo con el doctor César Armando Salazar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la opinión del investigador, estas empresas “son monopolios por la forma en que actúan” porque tienen la capacidad potencial de acaparar la producción de un determinado bien o servicio, que conlleva la posible imposición de barreras, el desplazamiento de la competencia y/o la determinación de precios.
Los monopolios restringen los procesos de oferta y demanda. De ese modo, determinan los mercados a través del control de la competencia y de los precios de los bienes y servicios, confirma lo establecido en las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.
Según la normatividad vigente desde 2014, la diferencia entre prácticas monopólicas absolutas y relativas radica en que, las primeras, involucran un acuerdo entre los principales competidores de una determinada actividad, para restringir, controlar y beneficiarse del uso exclusivo de un mercado. Las segundas, por otro lado, implican la capacidad de uno o varios competidores para acaparar el mercado.
No obstante, dijo a SinEmbargo el doctor Salazar, “el principal elemento por el que nosotros identificamos un monopolio es porque éste tiene la capacidad de imponer un precio”.
Ejemplo de ello fue el aumento “injustificado” de 27 por ciento en los precios del cemento por parte de las cementeras, ocurrido entre enero y junio del año pasado.
La “guerra del cemento” –como fue llamada– concluyó casi dos meses después de que Cemex rompiera relaciones con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y posterior a un acuerdo empresarial, para mantener precios competitivos como parte de una “estrategia de valor”.
A pesar de que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) acusó a Cemex de elevar los precios de manera discrecional, la compañía cementera no fue sancionada por las autoridades competentes.
Para Salazar, Cemex tuvo la capacidad de elevar los precios del cemento “por el poder de mercado que tiene”, además de la “agresiva” política de precios que ha mantenido en México –su principal mercado– luego de tener “grandes problemas financieros” de deuda.
En 2016, el Gobierno federal inauguró los Parques Eólicos Ventika, en Nuevo León. El proyecto contó con 650 millones de dólares de inversión privada en la que Cemex participó. Presidente Ejecutivo del Consejo. Foto: Presidencia de la República.
Otro indicador que determina prácticas monopólicas –dijo el economista– es la diferencia entre el precio de reserva de un bien o servicio (que es la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar) y el precio real del producto (lo que paga el consumidor).
La Cofece, por ejemplo, planteó a principios de octubre de este año que la falta de competencia y los monopolios de mercado hacen que los hogares mexicanos paguen un sobreprecio de hasta 98.23 por ciento al momento de consumir bienes de consumo final –tortilla de maíz, pan, cárnicos y huevo, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos y materiales de construcción– y servicios como el transporte foráneo de pasajeros.
En ese sentido, la Comisión refirió que los “mercados con menores elasticidades donde hay empresas con poder de mercado, tienen mayores probabilidades de observar precios más altos que aquellos mercados con elasticidades grandes o donde no hay empresas con poder de mercado”.
LOS GRANDES CONSORCIOS
A diferencia de otros países, dijo en entrevista el doctor César Armando Salazar de la UNAM, el Gobierno mexicano no obliga a las grandes corporaciones –que pueden incurrir en prácticas monopólicas relativas o absolutas por su tamaño– a dividirse, sino que aplican medidas para abrir la competencia económica.
Ejemplo de ello es es la reducción del grado de concentración del mercado de servicios de telefonía móvil en México por el incremento de la competencia. Entre 2013 y 2018, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la competencia de América Móvil se cuadruplicó (de cuatro a 16 compañías) y su presencia en el sector se redujo (pasó de 69 a 64 por ciento).
Aunque mejorar la competencia es fundamental para el desarrollo económico, no obstante, las medidas que no están acompañadas de mejores y más efectivas regulaciones y sanciones para equilibrar el mercado, “no necesariamente limitan las actividades o el comportamiento monopólicos”.
Salazar explicó que “cuando no hay una competencia real que obligue a los grandes monopolios a intentar mejorar las condiciones del consumidor”, siempre van a existir prácticas de imposición de condiciones.
El investigador recordó lo sucedido en el sector bancario, en que la apertura a la inversión foránea –a partir de 1994– derivó en el monopolio de los extranjeros que, en la actualidad, controlan el 70 por ciento del sistema de pagos. Como efecto adverso, la banca mexicana tiene comisiones “extremadamente altas”, se lee en el estudio de la UNAM “Los bancos extranjeros en México: diversificación de actividades y su efecto en la estructura de ingresos” (2014).
En este contexto, la preponderancia de empresas como América Móvil, Bimbo, Cementos Mexicanos, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa –por mencionar algunas– implica riesgos a la sana competencia económica.
Estas siete compañías han tenido un crecimiento económico considerable en los últimos años. Aunque las utilidades netas (o ganancias reales) de algunas de ellas fueron inferiores entre 2014 y 2017 –como en los casos de América Móvil y Televisa– su valor contable (o patrimonio neto) fue en ascenso.
Durante ese mismo periodo, el valor real de Gruma fue ocho veces mayor (803 por ciento). El de Grupo México, por otro lado, aumentó en 55.4 por ciento, seguido del de Bimbo (43), Cemex (37), Televisa (30), Coca-Cola Femsa (16) y América Móvil (5.3 por ciento).
Pese a que México presenta avances en materia antimonopólica, persisten grandes retos a nivel nacional. Entre ellos –señala un estudio (2018) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– están los problemas de raíz de la Ley Federal de Competencia Económica. La investigación del doctor Ruperto Patiño Manffer refiere dos principales aspectos.
Primero que, a pesar de que existen sanciones y actos de responsabilidad penal en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, las prácticas monopólicas relativas sólo son consideradas como violatorias de la Ley cuando se comprueba que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante.
En consecuencia –señala Patiño– “debemos considerar que las prácticas monopólicas clasificadas como relativas no son objeto de regulación por parte de la Ley”. Asimismo –añade– “en lo tocante a las prácticas relativas, sus efectos positivos o negativos no siempre son claros” porque “se hace necesario definir el mercado en que se lleve a cabo la conducta, así como el impacto probable o actual de la misma antes de dictaminar si es anticompetitiva”.
El segundo problema es la omisión en la fijación de precios máximos a materias primas y artículos o servicios necesarios para la economía nacional y/o el consumo popular. En lugar de ello, la normatividad “se limitó a conceder amplias y discrecionales facultades al Ejecutivo Federal para que sea esta autoridad en exclusiva la que determine cuales bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos”.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, en México, la exigencia normativa “sigue siendo relativamente alta” en varios sectores productivos y limita la facilidad con que las nuevas empresas pueden acceder a los mercados.
Por ello, recomienda “abolir o modificar” disposiciones, “de forma tal que sean menos restrictivas para los proveedores y consumidores”, sin menoscabo a los avances realizados en materia de competencia económica.
AMÉRICA MÓVIL
Hablar de este conglomerado es mencionar a una poderosa mano empresarial –la de Carlos Slim Helú– que se extiende por casi todo el Continente Americano (salvo por Canadá, Bolivia, Venezuela, las Guyanas y Suriname) y parte de Europa (Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Macedonia y Bielorrusia).
“Al 31 de marzo de 2018, la compañía contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles, 33 millones de líneas fijas, 28.6 millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de unidades de TV de paga”, se lee en su sitio de Internet.
En México, controla en promedio el 64 por ciento del mercado de los servicios de Internet (fijo y móvil) y de telefonía (fija, móvil y pública), según datos del IFT (2018) analizados por la Unidad de Datos de SinEmbargo. De sus 33 competidores, Telefónica Movistar es el único que le compite en todos los rubros, con una participación promedio de 11 por ciento.
En abril de este año, América Móvil (Telmex, Telcel y Claro) fue objeto de una multa por 96.8 millones de pesos. El IFT consideró que la firma de un contrato de exclusividad con la empresa Blue Label México, incurrió en prácticas monopólicas relativas al impedir la comercialización de tiempo aire de sus competidores en telefonía móvil, entre 2012 y 2014.
TELEVISA
El imperio de “El Tigre” –que heredó Emilio Azcárraga Jean– concentra el 61 por ciento del mercado de televisión restringida en México, donde sólo dos de sus nueve competidores tienen una participación importante en el mercado (Dish-MVS y Megacable con 16 y 14 por ciento, cada una).
La concentración de poder de esta compañía creció con las adquisiciones de Cablecom (2014), Cablevisión Red (2015) y Cablemás (2016). Este año, Grupo Televisa podría comprar a Megacable. La adquisición le daría control sobre el 75 por ciento del mercado de televisión restringida, además de controlar el 27 por ciento del mercado de telefonía fija y el 39 por ciento del mercado del servicio fijo de acceso a Internet.
El año pasado, el IFT determinó que la empresa de Azcárraga Jean, a través de Cablevisión y de Sky, tenía “poder sustancial en el mercado relevante de televisión de paga”. Esto quiere decir que tenía la capacidad de fijar precios por arriba deI mercado y por ende, la posibilidad de inhibir a la competencia.
En la actualidad, el grupo compite como cualquier otra empresa en lugar de ser limitada con una “regulación asimétrica”. O bien, con barreras adicionales que permitan a los demás competidores equilibrar la ventaja competitiva de Televisa, que tiene más de 12 millones de suscriptores.
BIMBO
Grupo Bimbo tiene presencia en 32 países de América, África, Asia y Europa. Con 199 plantas productoras y más de 3.2 millones de puntos de venta en México y el mundo, produce y distribuye bollos, galletas, pastelitos, tortillas, botanas, confitería y muchos productos industrializados más. La empresa de la familia Servitje, que opera desde 1945, es líder mundial en el mercado de alimentos horneados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en nuestro país el 34 por ciento del salario de los mexicanos es destinado a los alimentos (Inegi). De cada 100 pesos de gasto en este rubro, Bimbo recibe 24, refieren datos de la agencia de investigación de mercados Euromonitor International.
Sin embargo, en la actualidad, esta panificadora cuenta con menos del cinco por ciento del mercado de pan en México.
En la última década –según datos del Inegi– las pacificadoras industriales perdieron 10.3 puntos porcentuales de su participación en el rubro. En cambio, los negocios tradicionales de pan –Lecroz, La Esperanza, La Espiga, etcétera– y las más de 55.6 mil panaderías que operan en todo el territorio nacional, ganaron peso.
Entre 2007 y 2017, la participación del mercado de las panificadoras industriales pasó de 63.5 a 53.2 por ciento. En contraste, las panaderías tradicionales y locales aumentaron su presencia en 10.3 puntos porcentuales durante el periodo (al pasar de 36.5 a 46.8 por ciento).
A pesar de las cifras, el sistema agrícola mexicano “se ha convertido en un sistema agroindustrial integrado”, dijo en abril a SinEmbargo, la doctora Helena Cotler Ávalos. Para la especialista en Ciencias Agronómicas, esto significa que “nuestra alimentación hoy está controlada por 10 grandes empresas”, entre ellas, Gruma, Bimbo, Pioneer, Syngenta y Monsanto-Bayer.
GRUMA
La empresa fundada en 1949 por Roberto González Barrera se ostenta como el “líder global de producción de harina de maíz y tortillas”. Con 79 plantas de producción y presencia en 112 países de América, Asia, Europa y Oceanía, tiene una capacidad instalada de producción de harina en México de tres millones de toneladas, superando a sus competidoras Minsa (878 mil toneladas), Harimasa (80 mil) y Cargill (que no reporta capacidad instalada en México).
De este modo, la dueña de marcas como Maseca, Mission y TortiRicas acapara el 70 por ciento del mercado. Junto con Minsa, que controla el 23 por ciento del sector, el 93 por ciento de la producción de harina de maíz a nivel nacional está en manos de dos empresas.
Esta “gran capacidad” de producción instalada –resultado de sus enormes inversiones– le permite a Gruma y a sus competidores “excluir o desalentar a nuevos entrantes” y fijar precios “por encima del competitivo”, refiere el estudio de la UNAM “El mercado de harina de maíz en México. Una interpretación microeconómica”.
De acuerdo con cifras de este año de la Cofece, las tortillas de maíz tienen un sobreprecio aproximado de 26 por ciento sobre su precio de producción. Y según el estudio de la UNAM, entre 2002 y 2012 se observó un sobreprecio en la harina de entre 12.1 y 21 por ciento por encima del crecimiento anual del precio de la tonelada de harina. Esta tendencia –refiere– pudo ser replicada en 2017.
COCA-COLA FEMSA
“Coca-Cola FEMSA ha crecido en México desde 1979”. En la actualidad cuenta con 145 centros de distribución, 854 mil 459 puntos de venta, 17 plantas embotelladoras y una cartera de 71.1 millones de consumidores a nivel nacional, se lee en el sitio oficial de la compañía.
La embotelladora Fomento Económico Mexicano (Femsa) data de la década de los 70 y está ligada a las familias Garza Sada (Grupo Alfa) y Garza Lagüera (Cervecería Cuahutemoc-Moctezuma). Aunque ya era fuerte desde entonces, con el impulso de Coca-Cola adquirió en 2003 a Panamco, que era la embotelladora más importante de América Latina.
Femsa y Coca-Cola, en conjunto, acaparan el 73 por ciento de las ventas en tiendas de abarrotes y de autoservicio en México, además del 47.3 por ciento del mercado de las bebidas bajas en azúcar, refiere un análisis de Euromonitor International.
En 2007, el más grande socio de Femsa incurrió en prácticas monopólicas relativas por imponer cláusulas de exclusividad de venta a sus compradores, con la finalidad de evitar que las tiendas vendieran productos de la competencia. Ese año, la Cofece multó a Coca-Cola con 10.5 millones de pesos.
GRUPO MÉXICO
La empresa de Germán Larrea Mota Velasco es líder en producción de cobre, transporte ferroviario e infraestructura. En un periodo de 80 años, sus negocios se han extendido de América a Europa y Asia.
En nuestro país, acapara la producción nacional de cobre con una participación del 77 por ciento del mercado, según datos del “Informe Anual 2016” de la Cámara Minera de México (Camimex). En la producción de cobre (en forma de concentrados minerales) le siguen la Minera Frisco (4.2), Cobre del Mayo (2.9), Peñoles (2.8) y “otros” (8.9).
Además, Grupo México es el mayor productor de cátodos electrobeneficiados (que sirven para el desarrollo de conductores eléctricos). En 2015 aportó el 69 por ciento de la producción nacional, seguida por Cobre del Mayo y Peñoles (11 por ciento cada uno), Kores (tres) y Minera Frisco y “otros” (dos por ciento cada uno).
En 2016, al término de una sesión del Consejo Mexicano de Negocios, Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México (derecha) platicó con el Presidente Enrique Peña Nieto (centro) y con Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía (izquierda). Foto: Adolfo Vladimir, Claroscuro.
En materia de minería, la compañía de Larrea ha sido señalada por presuntas prácticas opacas e ilícitas que involucran al Gobierno mexicano. De 1994 –el último año de gobierno del ex Presidente Carlos de Salinas de Gortari– a la fecha, Grupo México ha recibido 333 concesiones, algunas con vigencia hasta 2063, de acuerdo con una revisión de SinEmbargo al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En materia de transporte e infraestructura, el grupo que carga con la pena de haber envenenado dos ríos en Sonora (2014) fue señalada de incurrir en prácticas, que al filo de la letra legal, son monopólicas relativas.
El año pasado, la Cofece determinó que este grupo, junto con la compañía Kansas City, no tenía competencia real en las líneas férreas del país porque controlaban el 72 por ciento de los sistemas ferroviarios.
Por su capacidad para fijar precios, la Comisión señaló que la falta de competencia generó daños a los usuarios del sector, con incrementos hasta 8.3 veces mayores en las tarifas ordinarias de interconexión.
CEMEX
Con 122 años de existencia, Cementos Mexicanos (Cemex) es un gigante de la industria que opera en América, África, Asia, Europa y Medio Oriente, con 1 mil 617 plantas, 269 minas y molinos, además de 253 terminales terrestres y marítimas.
Por sí sola, Cemex domina el mercado nacional con cerca de 52 por ciento de la producción y de las ventas. En participación le siguen Holcim-Apasco (20) y Cruz Azul (14), además de las compañías Fortaleza (ligada a Carlos Slim y Antonio del Valle), Cementos Moctezuma y Cementos Chihuahua (15 por ciento en conjunto), según datos del estudio de la UNAM “Industria del Cemento en México: Análisis de sus Determinantes (2017).
Un año antes de causar la “guerra del cemento” de 2017, Cemex –junto con Holcim y Cementos Portland Valderrivas– fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, por fungir como “un cártel” de intercambio de “información comercial sensible” para el reparto del mercado español con acuerdo de precios, entre 1999 y 2014.
Asimismo, en 2012, la Comisión de Competencia (ahora Cofece) multó a Cemex por impedir la importación a México de cemento proveniente de Rusia. Sin embargo, la cementera se ahorró la multa mediante un amparo legal. Sin Embargo
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