La FEPADE y el INAI piden denunciar uso de datos personales con fines electorales

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(apro).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hicieron un llamado a la sociedad para que denuncie el uso de datos personales con fines proselitistas tanto a favor, o en contra, de los candidatos a la presidencia.
Ambas instancias exhortaron a denunciar cualquier acto que viole la norma electoral y se comprometieron a investigar y dar seguimiento a dichos señalamientos de la ciudadanía.
“La FEPADE reprueba la utilización de datos personales, como el número celular, para realizar proselitismo en contra de candidatos a la Presidencia de la República, así como cualquier acto violatorio de la legislación en este proceso electoral”, informó el organismo a través de un comunicado conjunto con el INAI.
En el mismo documento, el INAI afirma que los ciudadanos que se consideren afectados por el uso de sus datos personales pueden inconformarse ante el dicho instituto.
 “En caso de que el responsable no estuviera identificado, podría proceder una investigación por parte del INAI, en conjunto con las autoridades en materia electoral, para determinar la identidad del responsable y llevar a cabo las acciones que resultaran procedentes conforme a sus atribuciones”, apuntó la institución.
Para recibir asesoría, o denuncias, el INAI puso a disposición de la sociedad el número 01800 835 4324; mientras que FEPADETEL, FEPADENET y FEPADEMÓVIL funcionan las 24 horas para recibir denuncias ante delitos electorales.

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¿Cómo denunciar si recibes llamadas telefónicas contra candidatos y uso indebido de tus datos?

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¿Han llamado a tu casa o a tu celular con una supuesta encuesta, que en realidad incluye ataques o noticias falsas en contra de algún candidato? Verificado 2018 investigó y puedes denunciar en el INAI el uso indebido de tus datos (por ejemplo, si no proporcionaste tu número telefónico para estos fines) y a la Fepade por comportamientos de ética dudosa en estas campañas.
En días recientes, en redes sociales y en diferentes medios, ciudadanos han denunciado que recibieron ese tipo de llamadas. Cuando los denunciantes respondieron el teléfono, escucharon una grabación en la que se hacen diferentes preguntas, hasta ahora enfocadas al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
“Como tú sabes, López Obrador propuso dar amnistía a quienes cometieron delitos relacionados con el crimen de tráfico de drogas. ¿Estás a favor o en contra de que se perdone a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas?”, es una de las preguntas que se escuchan.
“Como tú sabes, López Obrador está criticando a grandes empresarios, con lo que pone en riesgo la inversión privada y los miles de empleos que ofrece. ¿Tú estás de acuerdo?”, es otro de los cuestionamientos.
Cuando la gente responde a una de las opciones, se corta la llamada. Otros de las preguntas son sobre las candidaturas de Nestora Salgado o de Napoleón Gómez Urrutia.
Las llamadas se han recibido de muy diversos números telefónicos. Cinco ejemplos: 5506488799, 5509638527, 5502346984, 5508456983 y 5547421206.
Y este tipo de encuestas, ¿son guerra sucia o un delito?
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya habilitó un número de teléfono para recibir denuncias o quejas mediante los Sistemas de Atención Ciudadana de la Fepade. Es el 01 800 833 7233. También puede presentarse en la página electrónica www.fepade.gob.mx.
Sin embargo, en declaraciones con el portal Nación 321, el fiscal Díaz-Santana dijo que están analizando si hay un delito electoral qué perseguir.
“Existe esa inducción, esa coacción, esa presión, que está impidiendo al electorado en un momento dado votar en total libertad”.
El funcionario dijo que están a la espera de que los ciudadanos les envíen información, tanto de los números desde que les llegan las llamadas, y de ser posible grabaciones de lo que se escucha en ellas.
“En los sistemas electorales contemporáneos hay lo que llaman campañas negras, y las campañas negras muchas veces son anónimas, y las campañas negras pueden ir en una línea muy delgada, en la línea de la ilegalidad electoral, pero en la línea también de romper los principios de ética política”, dijo el titular de la FEPADE.
Tanto en esta como en otras situaciones, agregó, se pide a la ciudadanía que denuncie cualquier hecho que les parezca irregular, porque muchas veces los jueces rechazan los casos de presuntos delitos electorales, que son mostrados en redes o en medios, porque no existe un denunciante, que haga una acusación formal.
Santiago Nieto, extitular de la Fepade y asesor del candidato Andrés Manuel López Obrador, dijo a Verificado 2018 que este tipo de llamadas a los ciudadanos en sus hogares pueden violar los artículos 7 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Esto, al generar temor o intimidación a los electores, o prestar servicios a una campaña sin formar parte del padrón de proveedores del INE, por lo que la Fepade debería iniciar de oficio una investigación, aunque no haya denuncia.
“Las llamadas telefónicas buscando desincentivar el voto por López Obrador son ilegales. Se trata de actos que pretenden generar intimidación a los electores y podrían ser también aportaciones ilegales a las campañas. En 2017 se investigaron en el Edo Mex. FEPADE debe actuar hoy”, publicó Nieto en su cuenta de Twitter.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo Nieto, también debe investigar el origen de los recursos que pagan esa campaña.
En los audios difundidos en medios, se escucha que las encuestas son elaboradas por una organización llamada Instituto Mexicano para la Democracia, pero hasta la fecha no se conoce si esa empresa en verdad existe, no ha aparecido un responsable o representante de la misma, y también se desconoce si detrás de ella hay algún partido político.
El partido Morena denunció ante el INE este tipo de llamadas a hogares, que de acuerdo con medios nacionales han recibido ciudadanos tanto en la Ciudad de México, como en entidades como Tabasco, Tlaxcala y Morelos.
Consultada, el área de comunicación del INE indicó que el Instituto también podría recibir quejas de ciudadanos, sobre esas llamadas, y que en otro tipo de proceso una comisión está analizando la denuncia de Morena, “contra quien resulte responsable”.
En cuanto a los datos personales…
Por primera vez en un proceso electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) activó un protocolo para investigar y sancionar a los candidatos y partidos que realicen llamadas o envíen mensajes sin contar con la autorización de los ciudadanos, lo que puede suponer una violación a la Ley de Protección de Datos Personales.
Cuando el INAI detecta este tipo de abusos de datos personales, debe notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) o a los institutos electorales locales para que investiguen y sancionen. Sin embargo, la mayoría de los candidatos y partidos que realizan llamadas lo hace de forma anónima.
Cualquier ciudadano puede denunciar el uso indebido de sus datos personales por parte de empresas o partidos políticos que realicen encuestas, propaganda o envíen cualquier tipo de mensaje político. Sólo tiene que guardar el número de teléfono desde el que recibió la llamada y, si es posible, grabar la llamada.
El INAI habilitó un número telefónico de asesoría: 01 800 835 4324.

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INAI exige a Sedena divulgar expedientes de 2 generales que operaron la “Guerra Sucia”

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Los expedientes de los militares Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, involucrados en la “Guerra Sucia” en Guerrero, tendrán que darse a conocer, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
A través de un comunicado, el Instituto informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene que compartir la versión pública sobre Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes fueron los primeros militares de alto rango en ser enjuiciados por su participación en la “Guerra Sucia”, periodo en el que el Estado mexicano tomó medidas de represión militar y política contra sectores de la población que consideraba peligrosos, sobre todo en la zona centro del país, Chihuahua y Guerrero.
“El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80, registra 532 casos a nivel nacional, de los cuales 332 corresponden al estado de Guerrero”, detalló el comisionado Joel Salas Suárez.
“Sin duda, el contexto político actual es distinto al de la ´Guerra Sucia´. La violencia actual no es parte de una estrategia sistemática para neutralizar fuerzas políticas que buscan enfrentar o sustituir al gobierno; sin embargo, las violaciones graves a los derechos humanos continúan ocurriendo. De acuerdo con la prensa, de 2006 a 2017, la SEDENA recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH”, señaló Salas Suárez.
Comprender los casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” y la responsabilidad de las autoridades del Estado en ellas, abona a la memoria nacional, ya que los mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia para verificar que se hagan las reparaciones necesarias a las víctimas y sus allegados, y exigir que se tomen las medidas necesarias que eviten su repetición, indicó el comisionado.
“Esta información nos ayudará a comprender los crímenes cometidos por agentes del Estado, identificar responsables y hacer las reparaciones correspondientes. Permitir el acceso a la información de casos como los que se refiere en el recurso de revisión que ahora expongo, permitirá a las autoridades involucradas, entre ellas la SEDENA, demostrar que actúan con total apego a la ley y respeto a los derechos humanos”, remarcó.
La información pública, continuó, “permite construir y preservar colectivamente la memoria histórica del país y, tener acceso a ella, favorece a la población a participar en los espacios públicos disponibles para discutir la evidencia y, junto con las autoridades competentes, llegar a la verdad de cada caso”.
Un particular solicitó a la Sedena la información, sin embargo, la institución señaló que no era posible proporcionarla, por ser reservada y confidencial, con base en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia.
La difusión, indicó la Sedena, “podría comprometer la seguridad nacional y la seguridad interior del Estado mexicano. Asimismo, señaló que algunos datos personales, el número y ubicación de las instalaciones militares, y el nombre y la firma del personal militar, contenidos en los expedientes, fueron considerados como información reservada”.
El particular, quien se mostró inconforme con la respuesta, interpuso un recurso de revisión ante el Inai.
En diciembre, el Inai instruyó a la Sedena dar a conocer los documentos relacionados con un mandato que permite a las tropas operar en la noche de forma masiva.
La orden se dio en medio de un fuerte escrutinio público a partir de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que otorga facultades de seguridad pública a los elementos de la Marina y el Ejército.
En un comunicado, el Inai precisó que esta instrucción es con el fin de destacar la información generada por la Sedena con relación a las funciones de seguridad que se encuentra realizando en diferentes entidades, especialmente durante la noche y madrugada, pues es cuando se comete el mayor número de delitos.
“Dado el contexto actual, donde hemos obligado al Ejército a desarrollar funciones de seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas se instituyen como herramientas fundamentales, que deberían ser apreciadas por la misma institución armada. Ya que de cumplirse a cabalidad le permitiría legitimarse ante los ciudadanos”, señaló Oscar Guerra Ford, comisionado del Inai.
Guerra Ford destacó que el análisis oportuno de la información generada por la Sedena haría posible la evaluación adecuada del desempeño de la dependencia en las tareas de seguridad interior, “sobre todo en el contexto legislativo que se desarrolla en estos días en torno a las regulaciones de dichas funciones en el Congreso de la Unión”.
De acuerdo con el comisionado, presentar el asunto ante el Pleno, el Inai localizó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, emitido el 11 de junio de 2014 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se menciona el oficio número SIIO 10582.
Oscar Guerra también citó el exhorto de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores al titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisara y propusiera los cambios correspondientes a la normatividad militar, pues las órdenes contenidas en los documentos solicitados resultan instrucciones controvertidas que pueden incentivar la violación de derechos humanos.

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Senadores rechazan renuncia de Puente del INAI por ‘imperfecciones en redacción’

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El pleno del Senado de la República debatió el tema de la renuncia de Ximena Puente como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y ante las críticas de senadores del PAN, PRD y PT se acordó rechazar el oficio donde la comisionada informaba de su dimisión al cargo.

El presidente en turno de la Mesa Directiva, César Octavio Pedroza Gaitán, informó que “esta asamblea no se da por enterada en virtud de que el asunto ha sido retirado del orden del día”.

Como fue un comunicado que recibió la Mesa Directiva que adolece, que tiene imperfecciones en su redacción al no estar precisada la fecha a partir de la cual entra en vigor su separación, su anuncio de la renuncia, la Mesa Directiva estará obligada a solicitar la precisión de la fecha a partir de la cual se da su renuncia”, apuntó.

Previamente y al conocer de la comunicación de Ximena Puente, quien fue postulada por el PRI a una diputación, la senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, dijo que el anuncio para ser candidata se da antes “de que hubiera renunciado o comunicado la renuncia a nosotros, esto es una burla”.

En tanto, Patricio Martínez, senador del PRI, defendió la postulación de la excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como candidata a diputada por la vía plurinominal.

¿De dónde este Senado puede sacar ciudadanos electrolíticamente puros, sin tener ninguna clase de contacto político-partidista para integrar órganos autónomos? Eso me parece un ideal, pero la realidad es otra. La realidad es que no podemos leernos la mano”, expresó. Excelsior

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Sale más cochinero a los fondos del 19S; ex comisionada del Inai exhibe a Luna, Toledo y Romero

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María Elena Pérez Jaén, ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), presentó un desplegado de cómo los legisladores Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero Herrera estarían desviando millones de pesos de los recursos donados a los damnificados en la capital del país por el sismo del 19 de septiembre.

Por el presunto desvío de recursos, la periodista y ex Diputada constituyente Katia D’Artigues, Ricardo Becerra y Mauricio Merino renunciaron a la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. Pero la bruma provocada por el ambiente electoral no ha permitido que este escándalo escale a las dimensiones que supone. Hoy, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña fueron ratificados por los partidos como candidatos presidenciales.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que está en la Asamblea Legislativa (ALDF) corregir “el vicio jurídico que pudiera haber en la invasión de facultades” del Presupuesto de Egresos 2018 relacionado con la aplicación de los cerca de 8 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción, o esperar a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva el litigio. “¿Cómo pueden hacer? Pues reformando estos dos artículos 13 y 14 que dan pie a la inconformidad de los integrantes de la Comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México”, dijo.

Precisó que sólo ha recibido las renuncia del comisionado Ricardo Becerra y de la subcomisionada Katia D’Artigues. Dijo que seguirá contando con Mauricio Merino.

A través de su cuenta de Twitter, Pérez Jaén difundió un oficio completo en el que el Diputado Leonel Luna Estrada solicita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México que los recursos sean reasignados a la Delegación Coyoacán, “con el objeto de mitigar el impacto que sufrió la demarcación con los sucesos del pasado 19 de septiembre”.

Se trata de casi 8 mil millones de pesos que han sido donados para la reconstrucción de la capital del país. Sin embargo, de acuerdo con el oficio emitido por Luna Estrada, estos recursos tendrían que ser distribuidos en la delegación Coyoacán de la siguiente manera:

300 millones de pesos para computadoras portátiles; 40 millones 880 mil para fomentar la actividad física en adultos mayores; y otros 34 millones 519 para el mismo plan con “niños estudiantes”; 67 millones 320 para dotar de chamarras a los colonos y así “cuidar su salud”; 85 millones para renovar la nomenclatura de calles, colonias y fraccionamientos; 35 millones para suministro y aplicación de pintura en vialidades; 25 millones para “embellecer la imagen” de los corredores Santa Úrsula y San Ricardo; otros 25 millones para reparar baches, alumbrado, drenaje y jardinería; 19 millones para construir una alberca; 30 millones para equipar centros deportivos; 20 millones para rehabilitar el camellón Ejido de San Francisco; y 19 millones para recuperar La Gran Espiga.

La ex funcionaria calificó esta estrategia por parte de los diputados panistas y perredistas en la Asamblea Legislativa como el “Odebrech capitalino”.

“Esta mafia [Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero ] utiliza en su beneficio recursos donados a la tragedia”, expresó Pérez Jaén.

A través de su cuenta de Facebook, D’Artigues difundió una carta dirigida al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que la Ley para la Reconstrucción está en un limbo jurídico que no da claridad ni certeza a nadie.

La activista menciona que las atribuciones de la Comisión quedan en entredicho. “Es necesaria un certeza legal y y absoluta transparencia, en especial en tiempos electorales , en una situación aún de emergencia en la Ciudad y ante la realidad de vivir en una de las zonas más sísmicas”.

Las renuncias se dieron en el marco de otro sismo 7.2 que sacudió a la capital el pasado viernes.

Becerra Laguna y Mauricio Merino consideraron que el presupuesto de ocho mil millones de pesos destinados al programa de Reconstrucción, está siendo mal usado por los diputados locales Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.

Con el argumento de que la Asamblea Legislativa capitalina hace un “uso faccioso” de dichos recursos, Becerra Laguna presentó su renuncia a Mancera Espinosa, a casi cuatro meses de ser nombrado comisionado.

Tras el esquema aprobado por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto de Egresos, señaló Ricardo Becerra, esta Comisión ya no cabe.

Por su parte, el académico del CIDE y activo participante en el desarrollo de programas del gobierno capitalino, Mauricio Merino, anunció que a partir del próximo lunes 19 también abandonará la Comisión.

En un comunicado, Merino señaló que a pesar de su posición en la Comisión, ya no está garantizado el ejercicio de su labor, debido a las facultades otorgadas a tres legisladores.

Sin Embargo

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¿Te molestan mucho los bancos por teléfono? Pues algunos ya fueron multados por INAIP

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Las instituciones financieras como los bancos y las agencias de seguros, seguido de empresas de telecomunicaciones, compañías de ventas e instituciones educativas, son las que más quejas recibe de la ciudadanía por el uso indebido de los datos personales.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) ha impuesto multas desde 7 mil hasta 64 millones de pesos, informó Gustavo Parra Noriega, secretario de Protección de Datos Personales.

Aunque no detalló cuántos son los casos que se han sancionado a nivel nacional, dijo que se han castigado debido a la naturaleza de la violación, la capacidad financiera del infractor, así como tomar en cuenta si es reincidente o no.

En la entrega de 'teles' 

Parra Noriega dijo que también las instituciones públicas se han visto señaladas por la violación de los datos personas, tal es el caso de las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transporte al momento de entregar las televisiones digitales cuando se dio la transición analógica, en donde aún está abierta la carpeta de investigación por el mal uso de los datos personales de 11 millones de personas de todo el país, a quienes se les pidió hasta su huella digital para les fuera entregado el aparato electrónico. Sipse

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