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Los expedientes de los militares Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, involucrados en la “Guerra Sucia” en Guerrero, tendrán que darse a conocer, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
A través de un comunicado, el Instituto informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene que compartir la versión pública sobre Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes fueron los primeros militares de alto rango en ser enjuiciados por su participación en la “Guerra Sucia”, periodo en el que el Estado mexicano tomó medidas de represión militar y política contra sectores de la población que consideraba peligrosos, sobre todo en la zona centro del país, Chihuahua y Guerrero.
“El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80, registra 532 casos a nivel nacional, de los cuales 332 corresponden al estado de Guerrero”, detalló el comisionado Joel Salas Suárez.
“Sin duda, el contexto político actual es distinto al de la ´Guerra Sucia´. La violencia actual no es parte de una estrategia sistemática para neutralizar fuerzas políticas que buscan enfrentar o sustituir al gobierno; sin embargo, las violaciones graves a los derechos humanos continúan ocurriendo. De acuerdo con la prensa, de 2006 a 2017, la SEDENA recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH”, señaló Salas Suárez.
Comprender los casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” y la responsabilidad de las autoridades del Estado en ellas, abona a la memoria nacional, ya que los mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia para verificar que se hagan las reparaciones necesarias a las víctimas y sus allegados, y exigir que se tomen las medidas necesarias que eviten su repetición, indicó el comisionado.
“Esta información nos ayudará a comprender los crímenes cometidos por agentes del Estado, identificar responsables y hacer las reparaciones correspondientes. Permitir el acceso a la información de casos como los que se refiere en el recurso de revisión que ahora expongo, permitirá a las autoridades involucradas, entre ellas la SEDENA, demostrar que actúan con total apego a la ley y respeto a los derechos humanos”, remarcó.
La información pública, continuó, “permite construir y preservar colectivamente la memoria histórica del país y, tener acceso a ella, favorece a la población a participar en los espacios públicos disponibles para discutir la evidencia y, junto con las autoridades competentes, llegar a la verdad de cada caso”.
Un particular solicitó a la Sedena la información, sin embargo, la institución señaló que no era posible proporcionarla, por ser reservada y confidencial, con base en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia.
La difusión, indicó la Sedena, “podría comprometer la seguridad nacional y la seguridad interior del Estado mexicano. Asimismo, señaló que algunos datos personales, el número y ubicación de las instalaciones militares, y el nombre y la firma del personal militar, contenidos en los expedientes, fueron considerados como información reservada”.
El particular, quien se mostró inconforme con la respuesta, interpuso un recurso de revisión ante el Inai.
En diciembre, el Inai instruyó a la Sedena dar a conocer los documentos relacionados con un mandato que permite a las tropas operar en la noche de forma masiva.
La orden se dio en medio de un fuerte escrutinio público a partir de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que otorga facultades de seguridad pública a los elementos de la Marina y el Ejército.
En un comunicado, el Inai precisó que esta instrucción es con el fin de destacar la información generada por la Sedena con relación a las funciones de seguridad que se encuentra realizando en diferentes entidades, especialmente durante la noche y madrugada, pues es cuando se comete el mayor número de delitos.
“Dado el contexto actual, donde hemos obligado al Ejército a desarrollar funciones de seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas se instituyen como herramientas fundamentales, que deberían ser apreciadas por la misma institución armada. Ya que de cumplirse a cabalidad le permitiría legitimarse ante los ciudadanos”, señaló Oscar Guerra Ford, comisionado del Inai.
Guerra Ford destacó que el análisis oportuno de la información generada por la Sedena haría posible la evaluación adecuada del desempeño de la dependencia en las tareas de seguridad interior, “sobre todo en el contexto legislativo que se desarrolla en estos días en torno a las regulaciones de dichas funciones en el Congreso de la Unión”.
De acuerdo con el comisionado, presentar el asunto ante el Pleno, el Inai localizó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, emitido el 11 de junio de 2014 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se menciona el oficio número SIIO 10582.
Oscar Guerra también citó el exhorto de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores al titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisara y propusiera los cambios correspondientes a la normatividad militar, pues las órdenes contenidas en los documentos solicitados resultan instrucciones controvertidas que pueden incentivar la violación de derechos humanos.
Los expedientes de los militares Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, involucrados en la “Guerra Sucia” en Guerrero, tendrán que darse a conocer, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
A través de un comunicado, el Instituto informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene que compartir la versión pública sobre Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes fueron los primeros militares de alto rango en ser enjuiciados por su participación en la “Guerra Sucia”, periodo en el que el Estado mexicano tomó medidas de represión militar y política contra sectores de la población que consideraba peligrosos, sobre todo en la zona centro del país, Chihuahua y Guerrero.
“El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80, registra 532 casos a nivel nacional, de los cuales 332 corresponden al estado de Guerrero”, detalló el comisionado Joel Salas Suárez.
“Sin duda, el contexto político actual es distinto al de la ´Guerra Sucia´. La violencia actual no es parte de una estrategia sistemática para neutralizar fuerzas políticas que buscan enfrentar o sustituir al gobierno; sin embargo, las violaciones graves a los derechos humanos continúan ocurriendo. De acuerdo con la prensa, de 2006 a 2017, la SEDENA recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH”, señaló Salas Suárez.
Comprender los casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” y la responsabilidad de las autoridades del Estado en ellas, abona a la memoria nacional, ya que los mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia para verificar que se hagan las reparaciones necesarias a las víctimas y sus allegados, y exigir que se tomen las medidas necesarias que eviten su repetición, indicó el comisionado.
“Esta información nos ayudará a comprender los crímenes cometidos por agentes del Estado, identificar responsables y hacer las reparaciones correspondientes. Permitir el acceso a la información de casos como los que se refiere en el recurso de revisión que ahora expongo, permitirá a las autoridades involucradas, entre ellas la SEDENA, demostrar que actúan con total apego a la ley y respeto a los derechos humanos”, remarcó.
La información pública, continuó, “permite construir y preservar colectivamente la memoria histórica del país y, tener acceso a ella, favorece a la población a participar en los espacios públicos disponibles para discutir la evidencia y, junto con las autoridades competentes, llegar a la verdad de cada caso”.
Un particular solicitó a la Sedena la información, sin embargo, la institución señaló que no era posible proporcionarla, por ser reservada y confidencial, con base en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia.
La difusión, indicó la Sedena, “podría comprometer la seguridad nacional y la seguridad interior del Estado mexicano. Asimismo, señaló que algunos datos personales, el número y ubicación de las instalaciones militares, y el nombre y la firma del personal militar, contenidos en los expedientes, fueron considerados como información reservada”.
El particular, quien se mostró inconforme con la respuesta, interpuso un recurso de revisión ante el Inai.
En diciembre, el Inai instruyó a la Sedena dar a conocer los documentos relacionados con un mandato que permite a las tropas operar en la noche de forma masiva.
La orden se dio en medio de un fuerte escrutinio público a partir de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que otorga facultades de seguridad pública a los elementos de la Marina y el Ejército.
En un comunicado, el Inai precisó que esta instrucción es con el fin de destacar la información generada por la Sedena con relación a las funciones de seguridad que se encuentra realizando en diferentes entidades, especialmente durante la noche y madrugada, pues es cuando se comete el mayor número de delitos.
“Dado el contexto actual, donde hemos obligado al Ejército a desarrollar funciones de seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas se instituyen como herramientas fundamentales, que deberían ser apreciadas por la misma institución armada. Ya que de cumplirse a cabalidad le permitiría legitimarse ante los ciudadanos”, señaló Oscar Guerra Ford, comisionado del Inai.
Guerra Ford destacó que el análisis oportuno de la información generada por la Sedena haría posible la evaluación adecuada del desempeño de la dependencia en las tareas de seguridad interior, “sobre todo en el contexto legislativo que se desarrolla en estos días en torno a las regulaciones de dichas funciones en el Congreso de la Unión”.
De acuerdo con el comisionado, presentar el asunto ante el Pleno, el Inai localizó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, emitido el 11 de junio de 2014 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se menciona el oficio número SIIO 10582.
Oscar Guerra también citó el exhorto de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores al titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisara y propusiera los cambios correspondientes a la normatividad militar, pues las órdenes contenidas en los documentos solicitados resultan instrucciones controvertidas que pueden incentivar la violación de derechos humanos.
