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(Proceso).- Aterra la declaración del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,¬ de que hay “un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país”, así como su intento de eludir su responsabilidad en ese fenómeno al repartir las culpas a los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), así como a los gobiernos estatales y municipales.
La posición del gobierno federal de repartir las responsabilidades es exactamente la misma desde el inicio del sexenio, pero lo que resulta aterrador es que hoy, más de tres años y ocho meses después de que se inició la nueva tendencia alcista en los delitos de alto impacto –tiempo al que le antecedieron dos años de decrecimiento–, el responsable de la seguridad interior se asombre de lo que sucede.
El punto de inflexión se encuentra en el catastrófico septiembre de 2014, cuando Esquire México y el portal de Proceso divulgaron la versión de un testigo sobre la matanza de 21 jóvenes que perpetró el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; unos días después, el 26 de septiembre, se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los dos hechos sacudieron a la opinión pública mexicana y mundial, y fueron el preludio para que en abril del año siguiente se revirtiera la tendencia del índice de homicidios dolosos; desde entonces, los impactos del crimen organizado se mantienen al alza.
Tampoco resulta inusitado, como señala el titular de la Secretaría de Gobernación, que la violencia se recrudezca en año electoral, pues desde la elección de 2006 (hace 12 años) sucede exactamente lo mismo, con la única salvedad de la elección presidencial anterior (en 2012), cuando sí hubo una baja en los índices delictivos tras el cruento 2011. Y, por supuesto, el escalofriante 1994 es inolvidable (Proceso 2169).
En octubre de 2016, hace año y medio, en este espacio alertaba precisamente sobre lo que hasta ese momento indicaban las cifras oficiales: “…en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012” (Proceso 2084).
Y resaltaba: “Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 en el sexe¬nio calderonista y 75 mil 302 durante el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados”.
En marzo del año pasado señalaba en mi colaboración: “Los datos del Inegi se inician en 1990 y muestran que los homicidios y la tasa por cada 100 mil habitantes mantuvieron una tendencia a la baja entre 1992 y 2005, repuntaron en 2006 y posteriormente llegaron a su índice más bajo, con 8 mil 867 en 2007 y una tasa de apenas 8 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en 2008 volvieron a incrementarse y en 2011 alcanzaron su nuevo pico. Pese a la tendencia a la baja en el último año del sexenio anterior y los dos primeros de éste, en los cuatro del actual se observan cifras superiores a los 20 mil muertos anuales; el número menor se tuvo en 2014, con 20 mil 10” (Proceso 2108).
Y alertaba que, de mantenerse la tendencia de crecimiento que se inició en abril de 2015, 2017 sería un año más cruento que 2011 (hasta entonces el más alto) “al rebasar los 30 mil homicidios dolosos anuales y la tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En noviembre de 2017, hace medio año, la portada y los reportajes de la revista se dedicaron precisamente a denunciar lo que estaba sucediendo en el país, en el cual se incluyó un artículo de mi autoría donde retomé datos y conclusiones de dos investigaciones que demuestran que debe legislarse para regresar “a los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia…” (Proceso 2013).
En marzo de este año retomé el tema a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la cual la percepción alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de este año, al llegar a 76.8%, y destacaba: “La encuesta tiene información muy valiosa y debería ser un insumo para la evaluación de las políticas públicas y su consecuente revisión, pues hay correspondencia –con un cierto rezago– entre el crecimiento de las tasas delictivas y la percepción de inseguridad, lo cual demuestra que es un problema real y no un problema de comunicación” (Proceso 2164).
Y aquí está el verdadero problema del actual gobierno: ni siquiera se toma la molestia de revisar la información que producen sus propias dependencias, en este caso el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que generan información muy valiosa e indispensable para la toma de decisiones.
El crecimiento “en los índices delictivos de alto impacto” no tiene nada de inusitado; era totalmente previsible desde los hechos ya narrados de septiembre de 2014 y se reforzó con la tendencia alcista que se inició en abril de 2015. En este semanario se ha documentado puntualmente la tendencia y se ha venido advirtiendo de las consecuencias si se mantenía la política de combate a la inseguridad utilizando únicamente información pública de libre acceso; por supuesto que esto debe ser más evidente desde la Secretaría de Gobernación, con acceso a información privilegiada, especialmente en un tema tan delicado y sensible como este.
Por ello es aterrador el comunicado de la Secretaría de Gobernación, pues evidencia su incapacidad para analizar la información o para diseñar e implementar políticas púbicas que permitan resolver un problema tan acuciante y lacerante.
(Proceso).- Aterra la declaración del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,¬ de que hay “un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país”, así como su intento de eludir su responsabilidad en ese fenómeno al repartir las culpas a los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), así como a los gobiernos estatales y municipales.
La posición del gobierno federal de repartir las responsabilidades es exactamente la misma desde el inicio del sexenio, pero lo que resulta aterrador es que hoy, más de tres años y ocho meses después de que se inició la nueva tendencia alcista en los delitos de alto impacto –tiempo al que le antecedieron dos años de decrecimiento–, el responsable de la seguridad interior se asombre de lo que sucede.
El punto de inflexión se encuentra en el catastrófico septiembre de 2014, cuando Esquire México y el portal de Proceso divulgaron la versión de un testigo sobre la matanza de 21 jóvenes que perpetró el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; unos días después, el 26 de septiembre, se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los dos hechos sacudieron a la opinión pública mexicana y mundial, y fueron el preludio para que en abril del año siguiente se revirtiera la tendencia del índice de homicidios dolosos; desde entonces, los impactos del crimen organizado se mantienen al alza.
Tampoco resulta inusitado, como señala el titular de la Secretaría de Gobernación, que la violencia se recrudezca en año electoral, pues desde la elección de 2006 (hace 12 años) sucede exactamente lo mismo, con la única salvedad de la elección presidencial anterior (en 2012), cuando sí hubo una baja en los índices delictivos tras el cruento 2011. Y, por supuesto, el escalofriante 1994 es inolvidable (Proceso 2169).
En octubre de 2016, hace año y medio, en este espacio alertaba precisamente sobre lo que hasta ese momento indicaban las cifras oficiales: “…en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012” (Proceso 2084).
Y resaltaba: “Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 en el sexe¬nio calderonista y 75 mil 302 durante el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados”.
En marzo del año pasado señalaba en mi colaboración: “Los datos del Inegi se inician en 1990 y muestran que los homicidios y la tasa por cada 100 mil habitantes mantuvieron una tendencia a la baja entre 1992 y 2005, repuntaron en 2006 y posteriormente llegaron a su índice más bajo, con 8 mil 867 en 2007 y una tasa de apenas 8 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en 2008 volvieron a incrementarse y en 2011 alcanzaron su nuevo pico. Pese a la tendencia a la baja en el último año del sexenio anterior y los dos primeros de éste, en los cuatro del actual se observan cifras superiores a los 20 mil muertos anuales; el número menor se tuvo en 2014, con 20 mil 10” (Proceso 2108).
Y alertaba que, de mantenerse la tendencia de crecimiento que se inició en abril de 2015, 2017 sería un año más cruento que 2011 (hasta entonces el más alto) “al rebasar los 30 mil homicidios dolosos anuales y la tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En noviembre de 2017, hace medio año, la portada y los reportajes de la revista se dedicaron precisamente a denunciar lo que estaba sucediendo en el país, en el cual se incluyó un artículo de mi autoría donde retomé datos y conclusiones de dos investigaciones que demuestran que debe legislarse para regresar “a los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia…” (Proceso 2013).
En marzo de este año retomé el tema a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la cual la percepción alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de este año, al llegar a 76.8%, y destacaba: “La encuesta tiene información muy valiosa y debería ser un insumo para la evaluación de las políticas públicas y su consecuente revisión, pues hay correspondencia –con un cierto rezago– entre el crecimiento de las tasas delictivas y la percepción de inseguridad, lo cual demuestra que es un problema real y no un problema de comunicación” (Proceso 2164).
Y aquí está el verdadero problema del actual gobierno: ni siquiera se toma la molestia de revisar la información que producen sus propias dependencias, en este caso el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que generan información muy valiosa e indispensable para la toma de decisiones.
El crecimiento “en los índices delictivos de alto impacto” no tiene nada de inusitado; era totalmente previsible desde los hechos ya narrados de septiembre de 2014 y se reforzó con la tendencia alcista que se inició en abril de 2015. En este semanario se ha documentado puntualmente la tendencia y se ha venido advirtiendo de las consecuencias si se mantenía la política de combate a la inseguridad utilizando únicamente información pública de libre acceso; por supuesto que esto debe ser más evidente desde la Secretaría de Gobernación, con acceso a información privilegiada, especialmente en un tema tan delicado y sensible como este.
Por ello es aterrador el comunicado de la Secretaría de Gobernación, pues evidencia su incapacidad para analizar la información o para diseñar e implementar políticas púbicas que permitan resolver un problema tan acuciante y lacerante.
