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Segob: En Yucatán se comete un homicidio cada cuatro días, en promedio

15 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que en Yucatán se comete, en promedio, un homicidio cada cuatro días, ya que según sus registros se genera 1.12 casos cada 96 horas.
De acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común, de enero a julio del presente año se cometieron 406 delitos contra la vida y la integridad corporal, de los cuales 60 fueron homicidios en sus diferentes agravantes, y dos de ellos fueron catalogados como feminicidios.
Hasta julio pasado, 30 homicidios fueron dolosos, de los cuales cuatro fueron con arma de fuego, 10 con arma blanca y 16 con otros elementos.
Otros 28 homicidios se encuentran clasificados como culposos, todos han sido en situación de accidente de tránsito. Y los dos feminicidios cometidos el primero en enero y el segundo en marzo, están considerados en la descripción que fueron ejecutados “con otro elemento”.
Cabe señalar que en la clasificación no aparecen delitos recientes, como el caso de la niña asesinada en Tahdziú, ya que el corte fue hasta julio, y ese ilícito fue cometido el 20 de agosto.
En la clasificación de delitos sexuales, hasta julio pasado se reportó solo un caso de incesto en la entidad.
Como se recordará, en este caso específico, cinco días después, el 25 de agosto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el imputado por el crimen, un joven de 19 años, fue arrestado por fuerzas estatales bajo haber cometido el presunto delito de feminicidio.
Vinculado al término de agresión sexual se han cometido 177 abusos, donde seis casos son por hostigamiento, 61 violación simple, tres violación equiparada y un caso de incesto. En la clasificación que realiza la Segob aparecen también las lesiones que no necesariamente terminaron en la muerte de la víctima, pero que pusieron en riesgo la vida de la misma, cometidas de diversas formas.
En total en siete meses se han cometido 281 lesiones de diversas magnitudes, y la mayoría fue considerada como lesiones dolosas, es decir, que llevaban la intención de ocasionar el daño a la víctima.
De esta cifra, 173 fueron clasificadas como “con otro elemento”, 82 con arma blanca y 10 con arma de fuego. En cuanto a lesiones culposas, solo figuran 16, todas cometidas en accidentes de tránsito.
Existe una última categoría que especifica delitos cometidos como lesiones que atentan contra la vida y la integridad corporal, considerado como “otros”, los cuales la Segob reporta 65 casos.
Fuente: Milenio.

Declara Segob improcedente Alerta de Género en Yucatán

12 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



La resolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad fue determinada como improcedente ya que "se registraron avances por parte del Ejecutivo local en el cumplimiento de las diez recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para combatir la violencia feminicida", aseguraron.
Fue el asesor jurídico de la CONAVIM, José Gómez Huerta,quien entregó tanto a las activistas que en junio del año 2017 solicitaron la activación de la alerta de género como a la Secretaria General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, la resolución de la Segob junto con el dictamen del grupo de trabajo conformado por académicas y funcionarios para establecer las recomendaciones en la materia que el gobierno del estado tuvo que cumplir.
Gómez Huerta reveló que en seis meses las autoridades estatales emprendieron acciones para atender la mayoría de las conclusiones de la CONAVIM, pero también advirtió que esto no representa que las autoridades locales bajen los brazos en esta lucha.
La secretaria General del Gobierno del estado manifestó que“no todo está perfecto”, por lo que se debe dar seguimiento a las acciones que implementó el gobierno.
Remató diciendo que será necesario continuar con acciones que eviten e inhiban los problemas y la violencia contra las mujeres.
Dos de las activistas que solicitaron la alerta de género,Adeláida Salas Salazar y Ligia Vera Gamboa, reconocieron que hubo apertura por parte de las autoridades estatales y dijeron que esto no tiene precedentes.
Salas Salazar denunció sin embargo que según ella, no sintieron la misma cooperación por parte de los poderes Legislativo y Judicial en Yucatán.
Vera Gamboa sostuvo que el cambio de administración es un área de oportunidad para que el nuevo gobierno haga lo suyo y advirtió que “deben tener claro que la violencia de género no es algo de un sexenio, sino una condición social que se presenta y hay que tomar acciones sin excusas”.
Las activistas señalaron que el gobernador electo, el panista Mauricio Vila Dosal, se comprometió con diversas asociaciones civiles para impulsar acciones que permitan prevenir y erradicar la violencia de género y sentenciaron; "Esperamos que se cumplan".

Segob gastó más de 150 millones en mantener sus computadoras; 60% ya son viejas

16 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy 
Casi el 60% de las 29 mil computadoras que hay en la Secretaría de Gobernación (Segob) son viejas y obsoletas, y aunque su correcto funcionamiento ya no puede garantizarse debido a que su vida útil concluyó, en 2017 la dependencia desembolsó más de 150 millones de pesos para darles mantenimiento.

Así lo revela una verificación de dichos equipos de cómputo hecha por un equipo de expertos en informática de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales además de lo anterior encontraron anomalías en cuanto a especificaciones, sistemas inexistentes por los que también se pagó indebidamente a proveedores, y falta de pruebas de servicios supuestamente realizados.

De acuerdo con el informe de resultados, la Secretaría de Gobernación cuenta con 29 mil 272 equipos de cómputo no solo en sus oficinas administrativas, sino en áreas clave como Policía Federal o en el Órgano de Readaptación Social a cargo de los penales federales de alta seguridad.

Del total de esos equipos, hay 17 mil 475 – el 59.7%- que datan del 2014 hacia atrás. De acuerdo con los parámetros de Estimulación de Vida Útil de la propia dependencia publicados en el Diario Oficial de la Federación, todo equipo tiene un periodo de vida útil de tres años.

Lo anterior significa que, en promedio, 6 de cada 10 computadoras que tiene Gobernación son oficialmente obsoletas.

Hay casos extremos. Los auditores encontraron que de los equipos cuya vida útil concluyó, hay cuatro mil 312 que datan del 2008, es decir, tienen 10 años de antigüedad. Hay mil 737 que son del 2009, mil 413 del 2010, dos mil 36 del 2011, mil 778 del 2012, mil 928 del 2013 y cuatro mil 271 de 2014.

Por otro lado hay cuatro mil 484 computadoras en Gobernación que son de 2015 y que para el siguiente año también habrán concluido su periodo de vida útil. Hay 3 mil 57 equipos de 2016 y cuatro mil 255 de 2017. En 2018 solo se ha adquirido una computadora nueva.

Mantenimiento costoso y dudoso

Para dar mantenimiento a todos esos equipos de cómputo, la Segob pagó de enero a junio de 2017 un total de 156 millones 576 mil pesos a una empresa de nombre Mainbit SA de CV. El problema es que la dependencia pagó, en promedio, lo mismo por el mantenimiento de un equipo nuevo respecto a uno viejo cuya efectividad ya es muy dudosa.

“No es posible asegurar que los servicios (que deben proporcionar las computadoras) funcionan adecuadamente ya que la capacidad y antigüedad de los equipos impactan en el rendimiento de los programas, sistemas y aplicaciones utilizados” indica el informe de los auditores.

Como parte de la verificación los auditores revisaron a fondo mil 500 equipos adquiridos recientemente. Encontraron que había 83 de ellos con características inferiores a los requisitos mínimos establecidos, por ejemplo discos duros con menos capacidad, memoria RAM inferior en velocidad, monitores más pequeños, etcétera.

Además detectaron 7 equipos adquiridos que no han sido utilizados, y uno más que no está porque supuestamente fue robado

En este contexto los auditores consideraron que existe un posible fraude al erario público superior a un millón de pesos al considerar que se realizaron pagos por equipos de cómputo que no tienen las características marcadas en los contratos o que no se usan.

Pagan por 7 sistemas… pero 6 no existen

En el contexto de la verificación a los sistemas informáticos de Gobernación, los auditores revisaron el cumplimiento de un contrato firmado con la empresa Indra Sistemas México SA de CV para el desarrollo, entre otras cosas, de siete sistemas para operar distintos programas que se consideran estratégicos en la dependencias, entre ellos el de contraprestaciones, el de avisos de poderes notariales, avisos de testamento, el Sistema Integra de protección federal, y el Sistema nacional de información de niños, niñas y adolescentes.

Por todos ellos Gobernación pagó un total de 46 millones 660 mil pesos pero al revisar su funcionamiento, los expertos encontraron que seis de ellos ni siquiera existen actualmente.

“A pesar de que los desarrollos debieron concluir a más tardar en diciembre 2017, a la fecha de la revisión (marzo 2018), solo uno se encuentra en producción; del resto, tres están en etapa de transición y tres no terminaron de construirse” indica el informe de resultados.

En cuanto al único sistema que el referido proveedor terminó, los auditores encontraron que Gobernación se tardó seis meses en ponerlo en funcionamiento, un retraso injustificado. Además detectaron que dicho sistema y los otros que deberían existir, carecen por sus características de interoperabilidad entre unos y otros.

Lo anterior representa un posible fraude al erario público que ascienden a 47 millones de pesos como resultado de los pagos que hizo Gobernación a la referida empresa por seis sistemas que hasta el día de hoy no funcionan, es decir, es un trabajo que no está terminado.

La ASF además pidió a Gobernación que inicie una investigación administrativa y proceda en contra de los funcionarios que autorizaron en estos pagos y en las diversas irregularidades relacionadas con el contrato con la empresa Indra Sistemas México SA de CV.

Dado que se trata de un primer informe de resultados la dependencia deberá justificar ante la ASF los pagos que se hicieron y, a su vez, poner en marcha los sistemas por los cuales ya se desembolsó el dinero o en su defecto recuperarlo. De no ocurrir esto se podrían presentar denuncias penales ante la PGR en contra de quien resulte responsable.

Además de las anteriores irregularidades el análisis financiero de los pagos realizados por Gobernación arrojó errores en la elaboración de facturas o de plano la inexistencia de las mismas.

Y sobre todo se advirtió de retrasos de hasta 16 meses en el pago a diversos proveedores de servicios informáticos que sí se realizaron, hecho que además de ser ilegal resulta peligroso para el correcto funcionamiento de la dependencia.

“El no realizar los pagos de manera oportuna, pone en riesgo la continuidad la operación de la Secretaría ya que los proveedores podrían suspender los servicios en cualquier momento” indicaron los auditores.  Animal Político

Reporta Hacienda disparo de gasto de Sedatu, Sagarpa, Segob y STPS en mayo

30 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Se disparó el gasto respecto a lo reportado en mayo de 2017.

México.- En su Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Hacienda reportó que en mayo dispararon su gastos Sedatu, Sagarpa, Segob y STPS.

Precisó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aumentaron 123.7 por ciento y 89.7 por ciento en términos reales respecto al mismo mes de 2017.

Sedatu gastó 2 mil 376.9 millones de pesos y Sagarpa desembolsó 12 mil 466.9 millones de pesos, según los datos dados a conocer por el diario El Financiero.

En tanto, la Secretaría de Gobernación gastó en mayo 8 mil 607 millones de pesos, lo que significa un alza de 52.1 por ciento en términos respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, señala el reporte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) gastó 405.7 millones de pesos, lo que es un incremento de 63.4 por ciento real respecto a mayo de 2017. Fuente:SDPnoticias.

Llama Congreso a Navarrete por crímenes contra candidatos

17 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Muy de prisa avanza entre los líderes del Congreso la idea de que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que preside la diputada panista Rosario Guzmán Avilés, tome cartas en el problema de la violencia contra candidatos que ha cobrado la vida de 113 políticos, 44 de ellos candidatos a puestos de elección popular.
Nos comentan que los diputados y senadores integrantes de la comisión deberán solicitar una reunión con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para compartir sus preocupaciones sobre la seguridad de los candidatos de todos los partidos que siguen en campaña, en áreas incluso de riesgo.
La violencia contra candidatos tiene un registro antes no visto, como lo es que cada día se informa de un nuevo atentado en el que pierde la vida algún aspirante a un cargo local, situación que enturbia el ambiente que debería de ser de tranquilidad con llamados a la participación copiosa en la jornada de votación, nos dicen.
El tiempo se agota y en unos días los ciudadanos acudirán a las urnas…
El Universal.

Declaratoria oficial de incapacidad en el combate al crimen en México

11 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

 (Proceso).- Aterra la declaración del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,¬ de que hay “un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país”, así como su intento de eludir su responsabilidad en ese fenómeno al repartir las culpas a los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), así como a los gobiernos estatales y municipales.
La posición del gobierno federal de repartir las responsabilidades es exactamente la misma desde el inicio del sexenio, pero lo que resulta aterrador es que hoy, más de tres años y ocho meses después de que se inició la nueva tendencia alcista en los delitos de alto impacto –tiempo al que le antecedieron dos años de decrecimiento–, el responsable de la seguridad interior se asombre de lo que sucede.
El punto de inflexión se encuentra en el catastrófico septiembre de 2014, cuando Esquire México y el portal de Proceso divulgaron la versión de un testigo sobre la matanza de 21 jóvenes que perpetró el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; unos días después, el 26 de septiembre, se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los dos hechos sacudieron a la opinión pública mexicana y mundial, y fueron el preludio para que en abril del año siguiente se revirtiera la tendencia del índice de homicidios dolosos; desde entonces, los impactos del crimen organizado se mantienen al alza.
Tampoco resulta inusitado, como señala el titular de la Secretaría de Gobernación, que la violencia se recrudezca en año electoral, pues desde la elección de 2006 (hace 12 años) sucede exactamente lo mismo, con la única salvedad de la elección presidencial anterior (en 2012), cuando sí hubo una baja en los índices delictivos tras el cruento 2011. Y, por supuesto, el escalofriante 1994 es inolvidable (Proceso 2169).
En octubre de 2016, hace año y medio, en este espacio alertaba precisamente sobre lo que hasta ese momento indicaban las cifras oficiales: “…en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012” (Proceso 2084).
Y resaltaba: “Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 en el sexe¬nio calderonista y 75 mil 302 durante el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados”.
En marzo del año pasado señalaba en mi colaboración: “Los datos del Inegi se inician en 1990 y muestran que los homicidios y la tasa por cada 100 mil habitantes mantuvieron una tendencia a la baja entre 1992 y 2005, repuntaron en 2006 y posteriormente llegaron a su índice más bajo, con 8 mil 867 en 2007 y una tasa de apenas 8 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en 2008 volvieron a incrementarse y en 2011 alcanzaron su nuevo pico. Pese a la tendencia a la baja en el último año del sexenio anterior y los dos primeros de éste, en los cuatro del actual se observan cifras superiores a los 20 mil muertos anuales; el número menor se tuvo en 2014, con 20 mil 10” (Proceso 2108).
Y alertaba que, de mantenerse la tendencia de crecimiento que se inició en abril de 2015, 2017 sería un año más cruento que 2011 (hasta entonces el más alto) “al rebasar los 30 mil homicidios dolosos anuales y la tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En noviembre de 2017, hace medio año, la portada y los reportajes de la revista se dedicaron precisamente a denunciar lo que estaba sucediendo en el país, en el cual se incluyó un artículo de mi autoría donde retomé datos y conclusiones de dos investigaciones que demuestran que debe legislarse para regresar “a los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia…” (Proceso 2013).
En marzo de este año retomé el tema a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la cual la percepción alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de este año, al llegar a 76.8%, y destacaba: “La encuesta tiene información muy valiosa y debería ser un insumo para la evaluación de las políticas públicas y su consecuente revisión, pues hay correspondencia –con un cierto rezago– entre el crecimiento de las tasas delictivas y la percepción de inseguridad, lo cual demuestra que es un problema real y no un problema de comunicación” (Proceso 2164).
Y aquí está el verdadero problema del actual gobierno: ni siquiera se toma la molestia de revisar la información que producen sus propias dependencias, en este caso el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que generan información muy valiosa e indispensable para la toma de decisiones.
El crecimiento “en los índices delictivos de alto impacto” no tiene nada de inusitado; era totalmente previsible desde los hechos ya narrados de septiembre de 2014 y se reforzó con la tendencia alcista que se inició en abril de 2015. En este semanario se ha documentado puntualmente la tendencia y se ha venido advirtiendo de las consecuencias si se mantenía la política de combate a la inseguridad utilizando únicamente información pública de libre acceso; por supuesto que esto debe ser más evidente desde la Secretaría de Gobernación, con acceso a información privilegiada, especialmente en un tema tan delicado y sensible como este.
Por ello es aterrador el comunicado de la Secretaría de Gobernación, pues evidencia su incapacidad para analizar la información o para diseñar e implementar políticas púbicas que permitan resolver un problema tan acuciante y lacerante.

Intentó la Segob sobornarme, acusa extitular de la Fepade

15 marzo 2018
Noticias de Yucatán 
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fepade, acusó de soborno al gobierno de Enrique Peña Nieto para intentar callarlo en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que involucra a México. 

En entrevista con The Wall Street Journal detalló que, tras ser despedido de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, alguien de Gobernación lo citó para ofrecerle dinero.

Nieto Castillo asegura que su remoción fue para detener las investigaciones que él inició sobre probables sobornos de Odebrecht durante el actual gobierno y el posible financiamiento ilegal a las campañas de 2012, y cuyo escándalo vincula a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

“Fui un fiscal molesto para el gobierno y me querían fuera”, expresa.

Asegura que poco después de ser despedido fue convocado a un hotel por un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación que le dijo que el gobierno quería mantener una buena relación con él, y como gesto de buena fe le ofrecía dinero para ayudarlo al no tener trabajo.

“Intentaron comprarme para que guardara silencio”, dijo Nieto. “Acabo de responder: ‘Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto’”, dice la nota del corresponsal Juan Montes. El Universal

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