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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hizo una revisión al Hospital Psiquiátrico como parte del programa de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, de acuerdo con un comunicado.
La visita se realizó con base a las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII de la Ley de la Codhey, y estuvo encabezada por el presidente del organismo, José Enrique Goff Ailloud, así como los consejeros Pilar Larrea Peón, Marcia Lara Ruiz y José Luis Sánchez González.
Personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos recorrió las instalaciones del nosocomio donde se entrevistó a directivos, médicos y enfermeros, así como a pacientes y familiares para conocer en forma directa sus opiniones sobre la calidad de la atención.
Goff Ailloud informó que los resultados de la supervisión se darán a conocer en un mes, cuando se concluya el análisis y se elabore un diagnóstico sobre las deficiencias encontradas.
Precisó que se propondrán acciones y medidas para mejorar el funcionamiento del nosocomio a fin de garantizar una atención de calidad y apegada al respeto a los Derechos Humanos de los pacientes.
Durante la supervisión, estuvo presente la directora del Centro, María del Carmen Chim Keb; el subdirector de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) Manuel Ruiz Mendoza, entre otros funcionarios del hospital.
Goff Ailloud indicó que durante la semana continuarán las supervisiones a diversos centros de internamientos, como parte de la agenda de actividades de la Codhey.
Paz a féminas
En otro asunto, el dirigente de la Codhey subrayó que el modelo de política pública para erradicar las violencias contra las mujeres debe comprender una visión integral y coordinada, estableciendo entre las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal los acuerdos necesarios para dar una respuesta contundente que ponga un alto a la violencia contra la mujer.
Lo anterior fue enunciado en el marco del conversatorio sobre el libro “El feminicidio, un enfoque sistémico para prevenir las violencias de género”, en días pasados.
En México cada 24 horas se cometen siete feminicidios, por lo que se hizo un llamado a armonizar las legislaciones locales a fin de prevenir la violencia y evitar que este crimen quede impune.
El ombudsman precisó que la máxima expresión de la violencia contra las mujeres lo constituye el feminicidio por las circunstancias con las que suelen llevarse a cabo las agresiones y los medios para quitarles la vida.
Indicó que este ilícito comprende toda progresión de actos que van desde el maltrato emocional y psicológico, golpes, insultos, tortura, violación, acoso sexual y violencia familiar.
En el conversatorio, que se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica, participaron la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Laura Salinas Beristaín; la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama; la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Kathia María Bolio Pinelo, y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, María Esther Alonzo Morales.
En la presentación, la directora de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg) y autora del libro, Milagros del Pilar Herrero Buchanan, dijo que Yucatán es uno de los estados con menor índice de feminicidios en el país, pero hay que tomar acciones para prevenir su detonación.
“Ninguna mujer merece perder la vida por el simple hecho de serlo”, indicó.
La autora del texto, dijo que si bien la legislación estatal como nacional ha tenido grandes avances, en la práctica las agresiones y violencia hacia la mujer van en aumento, con mayor crueldad y desprecio a su dignidad.
A la vez, urgió a tener cifras fidedignas del delito de feminicidio a fin de que pueda ser atendido con políticas públicas efectivas.
“Lo que no se mide, no existe; por lo tanto, permanece invisible para ser atendido mediante políticas públicas”, precisó.
Hizo un llamado a tener una visión integral de las violencias hacia las mujeres más allá del género, que se tomen en cuenta sus diferencias de raza, clase, religión, edad, orientación sexual, ubicación geográfica y pertenencia a grupo étnico.
Milagros Herrero dedicó el libro a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de proyectos y esperanzas de vida que se truncaron de manera repentina en manos de hombre que llevaron la discriminación y el poder al extremo.
En su participación, Laura Salinas Beristaín indicó que la violencia hacia las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, lejos de erradicarse hay momentos en que empeora en nuestro país.
Indicó que pese a las acciones que han tomado las autoridades, en el país se carece de una real política de estado de combate y violencia hacia las mujeres.
La especialista, con más de 30 años de trabajo en el tema, indicó que el combate al feminicidio tiene variados componentes, como son la prevención, la atención y sanción de todas las modalidades de violencia de género.
Retomando el libro, citó que en un contexto de impunidad generalizada uno de los pendientes es la tipificación del femincidio.
“Si bien no es precisamente en la sanción del acto homicida en donde debe ponerse el acento, sí es importante contrarrestar la impunidad que abona a su comisión”, dijo.
Dijo que la falta de armonización abona a la impunidad y es necesario tipificar la tentativa, pero también los ordenamientos penales en los estados.
La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en su ponencia, relató una historia cercana de violencia hacia la mujer, en la que gracias a la oportuna intervención familiar la víctima puedo salvarse y vivir libre de agresiones.
En su oportunidad la diputada María Esther Alonzo también compartió sus experiencias personales en las que la imposición paternal le impidió culminar sus estudios por el simple hecho de ser mujer.
Recordó que a lo largo de su carrera en el servicio público le ha tocado ver muchos casos de jóvenes que frustran sus oportunidades académicas por la negativa de sus familiares a que sigan estudiando por ser mujeres.
