A unos meses de que concluya laadministración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, parece casi imposible que obtenga los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas que ya pagó al Ejido de Ucú. El trámite ante el Registro Agrario Nacional para la obtención de los títulos agrarios se inició oficialmente en noviembre de 2009. Ya lleva dos años y cuatro meses y el proceso está en "stand by" por la falta de un dictamenforestal que determine si las tierras que compró el Ejecutivo estatal para el desarrollo del Plan Maestro de Ucú tienen o no vocación forestal.De ese dictamen forestal depende la expedición de los títulos, pero el director en jefe del RAN, Emilio Cedrún Vázquez, afirmó que hasta el día de hoy no se ha hecho y ni siquiera lo ha solicitado la directiva del Ejido de Ucú.
En una entrevista en esta ciudad, el ingeniero Cedrún habló de esta polémica operación de compra-venta de tierras ejidales que ha generado denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y una guerra política entre funcionarios del gobierno estatal y políticos de oposición. ¿Cuál es el estado del trámite de titulación de las tierras que compró el gobierno estatal al Ejido de Ucú?, preguntó el reportero."Primero yo no sabía que era un trámite del gobierno", explicó. "El que presenta los documentos y solicitudes y a los que atendemos son a los ejidatarios o sus representantes legales".
"Ellos (ejidatarios y representante) nos solicitaron un trámite que se llama cambio de destino de unas tierras de uso común a parcelas. Para ello se requiere de un dictamen directo de la Semarnat porque así lo establece el Artículo 59 de la Ley Agraria", indicó. "Esa ley tiene como fin conservar los ecosistemas de selva y bosque y en ese sentido todo cambio de destino de tierras ejidales requiere del peritaje para continuar y cerrar el trámite legal".
"El trámite desde el punto de vista catastral y agrario sigue su curso adecuadamente y lo único que falta para cerrar el expediente es el dictamen forestal", continuó. "Al no tener el dictamen, no podemos continuar el proceso porque el peritaje no se hace de oficio sino por solicitud del Ejido".
¿Ya lo solicitó el Ejido?
"El ejido no ha solicitado el dictamen por eso no puede avanzar. Vamos a decir que está en espera. Ni es positivo ni negativo. El RAN sabe que el caso de Ucú ha causado revuelo político y polémica, pero nosotros nos aislamos del tinte político y nos apegamos estrictamente a la legalidad".
¿El dictamen forestal es el último requisito que falta?
" Sí, hasta donde sé es el último paso".
¿Qué pasaría si el dictamen dice que las tierras tienen vocación forestal?
"Hay diversas situaciones porque si se identifica, como parece, que sí es una zona de selva forestal, hay que trabajar conjuntamente con Semarnat, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento para identificar cuál es el plan de desarrollo para esas tierras y qué uso le destinarán.
"Hay planes de ordenamiento y ahí se especifica para qué son las zonas de cada municipio o Estado. Primero habría que estar en línea con esa parte antes de continuar con el procedimiento".
-Pero si ya está definido. Esas tierras servirán para un desarrollo habitacional e industrial -dijo el reportero.
"Oficialmente no sé de eso. He leído en el Diario que se pretende un proyecto habitacional", indicó. "Si fuera ese el caso, primero hay que trabajar para que sea un desarrollo habitacional y el tema agrario sería en segundo término. Primero hay que resolver el tema de la vocación de las tierras. No es fácil, cada cosa tiene sus aristas y tiempos, pero nosotros siempre estamos abiertos y pendientes de que se encuentren soluciones".
"Sabemos que el gobierno está pendiente y atento y el RAN busca cómo apoyar a los ejidatarios para que encuentren respuestas a sus situaciones", prosiguió. "Tenemos puertas abiertas y queremos ayudar, pero siempre en el marco de la ley y apegados a la legalidad".
¿Cree usted que en el poco tiempo que le queda al gobierno concluya el trámite o se quedará así?
"Yo no podría darle una valoración y ningún sí o no", afirmó. "Lo que puedo decir es que hay mucho interés de nuestra parte y del gobierno de que se solucione para el bien de todos. No hay posiciones encontradas, ni cada quien está en su esquina".
"No es un tema abandonado y sí hay interés de buscar alternativas de solución", añadió. "Si se resuelve en meses, en un año o más no lo sé. Siempre estamos platicando y trabajando en conjunto".
¿Tiene alguna ventaja el hecho de que el gobierno ya pagó las tierras?
"No tengo opinión". Precisó. "Yo lo que conozco (del pago de $343.3 millones) es lo que ha publicado el Diario, pero oficialmente no conozco si existen tratos o pagos. No tengo esa información más que la que he leído en el periódico" La compra de las tierras al Ejido de Ucú por parte del Instituto de Vivienda de Yucatán, que en ese entonces dirigía Angélica Araujo Lara, está documentado en el Congreso del Estado porque aprobó en abril de 2008 un préstamo bancario de $360 millones para esa operación inmobiliaria. Además, el consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Cuevas González declaró que la compra de tierras ejidales de Ucú fue "una compra perfecta" porque cumplió el procedimiento normal.- Joaquín Chan Caamal.
(1)
