El gobierno del Estado rentó un predio de 1,106 metros cuadrados sobre la avenida Colón, a un particular por $75,000 mensuales a 30 años, para incorporarlo a la superficie del nuevo centro de convenciones que se construye allí, en una operación realizada, al parecer, para beneficiarlo, de acuerdo con información oficial obtenida por Mayaleaks.
Con esta maniobra, inusual, el propietario del inmueble, Augusto Cámara Seijo, obtendrá $27 millones en rentas durante treinta años, cuando el valor catastral del predio asciende a $6,371,359 y el comercial a $12,509,966, aproximadamente.
El gobierno arrendó por 30 años, a razón de $75,000 mensuales, el predio 501-A de la avenida Colón, donde antes funcionó una aseguradora, Allí se construye el nuevo centro de convenciones.
El gobierno, a través del secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, firmó ese contrato que, hasta donde se sabe, es el primero de su tipo, ya que los demás predios donde se levanta el centro de convenciones fueron adquiridos por las autoridades directamente o a través de intermediarios, a precios dos y tres veces por arriba del valor catastral y a valor de mercado.
El predio en cuestión es el marcado con el número 501- A de la calle 33-A (avenida Colón), donde funcionó una oficina de MetLife. Al Poniente colinda con lo que fue una plaza comercial (calle 62 con Colón), que también fue adquirida por el gobierno para el centro de convenciones, y al Oriente con otros dos predios: una tienda “Dormimundo” y la casa de la familia Martínez Salazar, compradas por el gobierno e incorporadas a la obra.
La superficie del terreno rentado es de 1,106.26 metros cuadrados y tenía una construcción de 625.96 metros, que ya fue derribada, como parte de las obras del centro de convenciones. Tiene 18 metros de frente por 25.87 de fondo.
El 5 de febrero de 2016, su propietario, Cámara Seijo, firmó con el Gobierno, representado por Dájer Abimerhi, un contrato de arrendamiento por un plazo de 30 años y con un importe de renta mensual de $75,000, según la escritura pública número 63 firmada ante el notario Javier Acevedo Macari.
FAVORITISMO. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, el valor catastral de ese predio, hasta enero de 2016, era de $6,371,359 y el valor comercial podría ascender a $12,509,966, si se toma en cuenta que el gobierno compró en octubre de 2015 la casa de la familia Martínez Salazar, de 625 metros cuadrados, ubicada a poco metros, en $6,900,000, a razón de $11,311 el metro cuadrado.
Si el gobierno hubiese comprado el predio del Sr. Cámara Seijo a ese precio por metro, habría pagado $12,509,966, pero no lo hizo: decidió arrendar el inmueble y pagar $27 millones a treinta años, a razón de $75,000 mensuales, con la ventaja adicional para Cámara Seijo de que luego de ese plazo, conservará la propiedad del predio, que para entonces valdrá mucho más.
Llama la atención el favoritismo del gobierno hacia esta persona, que no se vio con otros propietarios de la zona que se negaron a vender sus predios en las condiciones fijadas por las autoridades.
OFERTA. Según averiguó la red de investigadores de Mayaleaks, uno de éstos es el caso del dueño del predio número 288-B, de la calle 62, con 271 metros cuadrados y un valor catastral de $623,064 ($2,299 el metro).
Inicialmente su propietario rechazó la oferta del gobierno, que le había pagado a su vecino $9,383 el metro, pero ante su negativa, funcionarios gubernamentales lo amenazaron con expropiar el predio y pagarle el valor catastral.
Finalmente aceptó, negociando mil pesos por metro más que su vecino, para vender el terreno en $2,840,000, a razón de $10,479 el metro, según la escritura pública número 588, del 15 de septiembre de 2015, firmada ante el notario Alfredo Evia Salazar.
Casa de la famiia Martínez Salazar que el gobierno compró en $6,900,000. Este predio está ubicado a pocos metros del terreno que las autoridades rentaron por 30 años en $27 millones.
Para construir el nuevo centro de convenciones, el Gobierno del Estado adquirió todos los predios ubicados en el lado oriente de la calle 62, entre las avenidas Cupules y Colón, algunos más situados en Cupules, entre la glorieta de San Fernando y la calle 62 y las tres casas sobre la Colón, entre la 62 y Plaza Colón, donde se encuentra el predio objeto del sospechoso contrato de arrendamiento.
NEGOCIAZO. El año pasado, medios de prensa publicaron que el gobierno había adquirido en forma directa o a través de intermediarios, varios predios en la calle 62, al doble o triple de su valor catastral, incluyendo los terrenos de la ex quinta Ti Ha, de 10,514 metros cuadrados.
El gobierno pagó por este predio $49,344,863 a un intermediario vinculado con altos funcionarios del gobierno, que los había adquirido en $24,018,853, diecisiete meses antes. (ML).
