Noticias de Yucatán
(SinEmbargo).– Los mexicanos han comenzado a protestar en
las calles por los incrementos anunciados para lo largo de este 2018 en el
precio de combustibles, Gas LP, electricidad y tortillas, los cuales harán
polvo el aumento salarial del año pasado, coincidieron académicos y
especialistas en economía.
“Eso que aumentaron se esfumará entre enero y marzo. El
año pasado fue por los gasolinazos, y este año ya empezaron los gasolinazos y
aumentos a productos básicos que son muy vulnerables a los movimientos en el
tipo de cambio por ser importados, como el maíz para la tortilla”, explicó el
profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, Miguel Santiago
Reyes.
“Los empleos que se están generando son de baja
remuneración entre uno y tres salarios mínimos. Con estos aumentos de precios
estamos aventando a la gente a estar en una situación de mayor pobreza”, agregó
el especialista.
Cuando el aumento al salario mínimo para 2017 fue de
73.04 a 80.04 pesos, un 9.5 por ciento, los precios de la canasta básica entre
enero y octubre aumentaron casi 14 por ciento, más que el aumento salarial,
documentó. Debido a ese índice de precios, hasta noviembre el salario
mínimo real fue de 61.20 pesos, insuficiente para una canasta alimentaria
individual de alrededor de 95 pesos.
Ahora, el incremento reportado por la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami) a 88.36 pesos para 2018 fue de ocho pesos, un
10.39 por ciento. Pero el aumento fijo, detalló el académico, es de 3.9 por
ciento, basado en la tasa de inflación que esperaban. Pero en diciembre se
ubicó en 6.69 por ciento y el Banco de México (Banxico) no prevé que ceda
pronto al objetivo. Por lo que tendrían que haber operado sobre el 6.5 por
ciento.
El aumento en los precios de 2017 se resintió más en el
gasto en transporte y alimentación, reveló una encuesta de la Alianza Nacional
de Pequeños Comercianates (Anpec) aplicada en octubre a consumidores. Por su
incremento, los ciudadanos dejaron de comprar artículos de mascota (14.80 por
ciento), frituras (14.53 por ciento), cigarros (13.27 por ciento) y artículos
de cuidado personal (10.36 por ciento).
Los salarios en México siguen perdiendo poder adquisitivo
como desde nace 25 años, situación que contribuye a que más de la mitad de la
población asalariada, el 51.7 por ciento, permanezca debajo de la línea de
bienestar. En la presente administración, los salarios promedio y mínimo han
perdido 14.4 y 3.9 por ciento de su poder adquisitivo, respectivamente, lo cual
ha perpetuado la pobreza, de acuerdo con el Instituto de Investigación para el
Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana.
El académico Juan Luis Hernández Avendaño afirmó que el
hecho de que los salarios estén por debajo tanto de la posibilidad de un
aumento a un nivel digno y competitivo como por debajo de los precios
particularmente de la canasta básica constata lo que ha sido la constante en
las últimas décadas.
“Una economía que privilegia a unos cuantos y un conjunto
de medidas que mantienen a la mitad del país por debajo de los niveles
deseables de bienestar”, dijo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
en su mensaje de año nuevo, resaltó que México ha crecido a 2.1 por ciento
promedio en los últimos tres años, el cual se distribuye “muy
desigualmente, favoreciendo mucho más a ciertas entidades federativas (del
norte y el Bajío) y a ciertos estratos sociales”. Por ello, anunció, el sector
patronal continuará exigiendo durante el 2018 que el salario mínimo sea
suficiente para que los trabajadores puedan adquirir el total de la canasta
básica alimentaria y no alimentaria y dejen de vivir en pobreza de ingresos.
El salario mínimo lo perciben 1 millón 271 mil
trabajadores asalariados de tiempo completo, según datos de la Consami que no
consideran a los informales. Pero el investigador de la Universidad
Iberoamericana, Miguel Santiago Reyes, aseguró que el problema no es solo para
esa parte poblacional, sino para todos los asalariados porque generalmente su
aumento salarial parte del aplicado al minisalario. Los 19 millones de
asegurados al IMSS ganaron unos 333 pesos diarios durante 2017.
Santiago Reyes expuso que los sindicatos han perdido
fuerza y nivel de negociación, por lo que sólo hay aumentos mayores en los
sectores gubernamentales, industriales y exportadores, y donde hay negociación
sindical con los patrones.
Luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios
Gasolineros (Amegas) calculó un posible aumento en gasolinas de 6.9 por ciento
por el ajuste al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), se
registraron protestas ciudadanas en Sinaloa y Guerrero.
En Ayutla, Guerrero, transportistas bloquearon la
carretera federal Ayutla-Tecoanapa y las gasolineras durante algunas horas. A
la manifestación se sumaron taxistas y vehículos particulares con carteles con
leyendas como “No al gasolinazo” y “Alto al gasolinazo”, reportó la prensa
local. En Iguala protestaron frente al Palacio Municipal. “El gasolinazo afecta
a todos”, decía un letrero. En Mazatlán, Sinaloa, los cuidados exigieron, con
pancartas en mano, la disminución del precio de los combustibles. El
Alcalde Fernando Pucheta Sánchez aseguró en entrevista radiofónica que
“hay grupos políticos que mueven estos actos y hay algunos que ni carro
tienen”.
Desde el lunes por la tarde, la Secretaría de Hacienda,
Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía aclararon que durante
estos primeros días del año no se han observado aumentos “pronunciados” o
“desordenados”, pero se seguirán ajustando “gradualmente” conforme al
comportamiento del mercado internacional. El martes el precio
promedio nacional de la Magna fue 16.13 pesos por litro; la Premium, 17.83
pesos; y el diésel 17.41 pesos.
Desde noviembre comenzó la liberación de precios al
mercado internacional. Ahora son determinados por las empresas
distribuidoras con base en el precio de referencia, los costos de transporte y
almacenamiento, el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de
cambio, el cual estará volátil por las elecciones y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
El investigador Miguel Reyes explicó que, ante la
especulación de los gasolineros por la falta de condiciones de competencia, la
Secretaría de Hacienda aplicará del primero al cinco de enero un estímulo
fiscal (reducción de cuotas) de dos pesos, pero aun así sigue entre 16 y 18
pesos el litro.
“Ante la liberación de los precios, por falta de
condiciones de competencia, hay especulación y colusión por parte de los
gasolineros y los precios van ir a la alza. Eso tiene impacto en productos
agropecuarios, como el maíz importado, y vamos a ver una escalda de precios
este mes donde la cuesta de enero no se va a detener”, reiteró Reyes.
Respecto al precio del Gas LP, utilizado por el 76 por
ciento de los hogares mexicanos (25 millones de familias), seguirá sujeto al
tipo de cambio y a los precios exteriores de Estados Unidos desde su liberación
en enero de 2017. De acuerdo con la CRE, durante al año pasado sus precios
máximos registraron aumentos de 29 por ciento a 60.8 por ciento, pero en los
mínimos los distribuidores también reportaron alzas de hasta 34 por ciento, por
lo que en promedio el alza alcanzó un rango de 21.73 por ciento a 47 por
ciento.
Cuando se liberó el precio de este combustible, Guillermo
García Alcocer, titular de la CRE, sostuvo que el aumento no sería
“significativo”.
El académico Miguel Reyes estimó que este 2018 sus precios
puedan aumentar “significativamente”, similar al nivel del 2017. Pero como en
este energético no hay un estímulo fiscal de Hacienda, el aumento va directo al
bolsillo de los mexicanos y al poder adquisitivo de los trabajadores.
El lunes, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y
Tortillas anunció el aumento de 1.50 a 3 pesos al kilo de tortilla bajo el
argumento del incremento de insumos por el ajuste a los energéticos.
Por la noche, la Secretaría de Economía acusó que ese
incremento carece de fundamento, ya que el precio de la tonelada de maíz blanco
al inicio de 2018 está 11 por ciento por debajo de su precio hace un año, y se
trata del principal componente del costo de un kilogramo de tortilla. La
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará y en su caso sancionará
cualquier aumento arbitrario.
El investigador de la Universidad Autónoma Chapingo,
Gerardo Noriega Altamirano, resaltó que los industriales importan maíz amarillo
para vender harina para elaborar tortilla pese a que el costo por tonelada de
maíz blanco no rebasa los 3 mil 800 pesos y se ha mantenido a lo largo de los
años. Aunque reconoció que los industriales no están preparados con
infraestructura para acopiar el maíz nacional.
El experto llamó a aplicar una política de mejores
precios y financiamiento para los productos agrícolas, así como mayor inversión
a la investigación y desarrollo con el objetivo de mejorar rendimientos y
reducir costos de producción.
Además, sugirió una serie de facilidades fiscales a los
productores para que puedan mantener su costo bajo o darles algunos costos
preferenciales en los combustibles y en energía eléctrica o de lo contrario
seguirán los aumentos.
El investigador de Chapingo concluyó que la política
actual ha sido, por una parte, contener los precios de los granos básicos en el
mercado, pero por otra soltó mucho lo relasionado con los insumos.
