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(SinEmbargo).– Una funcionaria pública, incondicional del ex Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, vinculada con los sobornos de Obrascón Huarte Lain (OHL) México a magistrados durante su periodo como Consejera Jurídica del Estado de México (2011-2017) y ex abogada general de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), institución auditada por participar en desvío de recursos públicos, es desde el 14 de diciembre la subdirectora de Consultoría Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El Consejo de Administración de la petrolera, a petición del director general Octavio Romero Oropeza, nombró a Luz María Zarza Delgado en este cargo, clave para revisar desde el punto de vista legal los contratos que la petrolera firma con prestadores de servicios como la distribución de combustibles.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien ha investigado durante años los sobornos de OHL México (hoy Aleatica), aseguró que es una “infiltrada” del Grupo Atlacomulco del Estado de México, entidad donde el huachicoleo se disparó 3 mil 990 por ciento desde el 2006, para “cuidar sus espaldas” bloqueando la posibilidad de que se presenten denuncias e inicien carpetas de investigación para juzgar a funcionarios públicos de alto nivel como el líder sindical Carlos Romero Deschamps, quien no tiene una denuncia penal por parte del Gobierno federal, pero sí de petroleros disidentes por supuesto enriquecimiento ilícito.
“Si fuera una eminencia reconocida a nivel mundial como experta en materia energética, uno diría que el director de Pemex hizo una evaluación cuidadosa y vio que tenía un pasado obscuro en ciertas áreas, pero el talento lo sobrepasa… esto no pasa aquí”, dijo Díez en entrevista con SinEmbargo.
Egresada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y académica, ha sido funcionaria pública desde los 90 en la Procuraduría General de la República (PGR), la UAEM y el Instituto Electoral del Estado de México.
“Nunca ha ocupado un cargo vinculado al sector energético. No está ahí por sus conocimientos. Me resulta extraño esta tendencia justo en este momento cuando el mayor problema que enfrenta no solo Pemex, quizás el país entero, que es enfrentar el robo de combustible asociado a la corrupción público privado, ella sea quien decide. Me parece que claramente puede tratarse de una infiltración cuidadosamente realizada por este Grupo de Atlacomulco, porque tiene grandes intereses que cuidar en esta materia”, aseguró.
El Consejo de Administración está presidido por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y entre sus consejeros propietarios están el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; la Secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco; el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías; y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.
Durante la conferencia mañanera de este lunes, un reportero cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador si llamarán a comparecer a ex titulares de Pemex y demás involucrados. “Si queremos abrir expedientes, pues vámonos con los de arriba, desde Salinas, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”, respondió el mandatario.
El Procurador Alejandro Gertz informó que ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Pemex que estaban a cargo del manejo de los ductos. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, agregó que cinco casos específicos ya han sido llevados ante la Procuraduría General de la República para que se judicialicen de forma pronta, cuyos nombres no son revelados por el debido proceso.
En estos casos hay empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex Diputado local, un ex Presidente Municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.
El director de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero, también ha sido blanco de señalamientos por falta de comunicación y experiencia técnica. El domingo pasado no contestaba las llamadas a los gobernadores de Jalisco ni Guanajuato. Hasta este lunes, luego de salir como segundo plano en un par de videos gubernamentales la semana anterior, expuso en la conferencia mañanera una serie de cifras sobre ventas de gasolinas.
“Es necesaria más información, que Pemex informe constante y oportunamente. El director lo puede hacer mejor para que los ciudadanos entendamos la dimensión del tamaño”, aseveró el analista Carranza.
Sobre su nula experiencia en el sector energético, el especialista dijo que en la industria privada del petróleo los directores suelen ser designados a partir de su conocimiento técnico. Pero en una empresa productora del Estado, como lo es Pemex, el criterio político también pesa en la designación del director.
“En este caso, es un funcionario que cuenta con toda la confianza del Presidente y es un activo que le permite tomar decisiones con manos firmes”, determinó Carranza.
LUZ MARÍA Y OHL MÉXICO
En octubre de 2014, en medio de un pleito legal entre OHL México e Infraiber, el entonces Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, le marcó por teléfono a Pablo Wallentin, entonces director de Relaciones Institucionales de la constructora, despedido posteriormente. Pero contestó la entonces Consejera Jurídica del Estado de México, Luz María Zarza.
“Aquí tengo secuestrados a los abogados y a nuestro amigo [Pablo Wallentin]”, le dijo Zarza a Apolinar, quien fue removido temporalmente por recibir vacaciones pagadas de OHL México. “Es cómo vamos a ir a ver a la magistrada y al juez, nos estamos poniendo de acuerdo nada más para caerle ahí”.
El abogado Paulo Díez explicó que en ese audio se escucha “una conversación vergonzosa. Le dice, quitada de la pena, que están ahí con los señores de Aleatica [OHL México] poniéndose de acuerdo para ir a ver unos magistrados para poner orden en unos asuntos en donde Aleatica había perdido frente a Infraiber. Ahí no tenía nada que ver el Gobierno del Estado de México”.
En otro audio filtrado, evocó, se habla que el abogado interno de Aleatica le decía a Pablo Wallentin que había que darle “una manita” a los magistrados, “y en el argot de estos señores de la corrupción una manita son cinco dedos, pueden ser 5 millones de pesos, 500 mil dólares, no lo sabemos. De eso se trataba. De ponerse de acuerdo para después ir a pagar el favor que esta señora había ido a pedir a estos magistrados en nombre del gobierno del Estado de México”.
De acuerdo con Díez, la actual subdirectora de la Consultoría Jurídica de Pemex “tuvo una participación destacada” en todos los actos de corrupción que durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas “beneficiaron” a OHL México, hoy Aleatica, al usar su cargo para litigar desde el Gobierno del Estado de México a favor de la empresa contra Infraiber.
“Por ejemplo, todos estos incrementos indebidos de tarifas autorizados en las concesiones carreteras, lo mismo que las ampliaciones de plazo. Ella, además, fue la encargada de la redacción de la vergonzosa Ley OHL que afortunadamente hoy el Congreso del Estado de México está en proceso para dejar sin efectos. Esta modificación a la ley hecha expresamente para beneficiar a Aleatica”, planteó el abogado.
La Diputada del Estado de México Azucena Cisneros Coss ha dicho anteriormente a este medio que el Congreso estatal, con mayoría de Morena, están en proceso de la derogación de la “Ley Eruviel” que planea perpetuar las concesiones. La primera concesión a OHL en el estado, para el Circuito Exterior, se otorgó en 2003 cuando el Gobernador era Arturo Montiel y la segunda fue el Viaducto Bicentenario en 2008, cuando estaba Enrique Peña Nieto.
“Establece que las concesiones pueden perpetuarse si el Secretario de Comunicaciones estatal lo cree conveniente, lo que quiere decir que con un solo trámite del funcionario se les puede seguir extendiendo concesiones a las empresas, como se hizo con Eruviel Ávila: un día antes de irse le extendió la concesión del Circuito Exterior Mexiquense a OHL por 30 años más”, dijo la legisladora.
LUZ MARÍA Y LA UAEM
Luz María Zarza es “una persona absolutamente condicional” del ex Gobernador y actual Senador Eruviel Ávila Villegas, quien al término de esa administración fue nombrada abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) “con una sola encomienda: meter debajo del tapete el cochinero de la estafa maestra en la universidad”, aseveró el abogado Paulo Díez Gargari.
El 18 de diciembre de 2017 fue designada como titular de la Oficina del Abogado General de la UAEM.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que durante el periodo de gestión de Rosario Robles Berlanga se realizaron adjudicaciones directas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México, Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Las universidades pagaban a terceros por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares, concluyó la ASF.
En octubre pasado el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, se reunió con el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares Páramo, para aclarar, dar seguimiento, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer acción contra probables responsables, por las observaciones realizadas a los ejercicios fiscales del periodo 2011-2016 de la institución educativa.
Algunas observaciones que en su momento refirió la Auditoría ya fueron solventadas, pero su resolución final queda pendiente.
“El titular de la ASF y su equipo nos permitirán dar continuidad a los trabajos que quedaron rezagados. La intención es que estos procesos se concluyan a la brevedad, que se deslinden las posibles responsabilidades”, informó el rector a la prensa local. “Me comprometí a llevar a cabo las acciones de mejora necesarias e incluso aplicar sanciones de carácter administrativo […] En caso de hallar irregularidades imputables a una o varias personas, el órgano auditor y no la universidad, será el encargado de ejercer las acciones correspondientes”.
