Noticias de Yucatán.
Ante la inminente quiebra del Isstey, el gobernador Mauricio
Vila Dosal anunció la decisión de tomar “el toro por los cuernos” y “no patear
la lata”, como se ha hecho en el pasado reciente, confirma la secretaria
general de gobierno, María Dolores Fritz Sierra.
En esta administración estamos resueltos a afrontar el
problema del sistema estatal de pensiones, “pese al costo político que eso
signifique”, añade.
Ayer publicamos que según la directora de ese organismo,
María Isabel Rodríguez Heredia, el Isstey presenta un estado de “quiebra
inminente”, lo que pone en riesgo a todos los pensionados sino se toman medidas
urgentes. También dijo que este gobierno recibió una institución con “finanzas
muy delicadas”, producto de una larga historia de mala administración y de un
marco jurídico que ya no está de acuerdo con la realidad.
El problema es tan difícil, señaló la funcionaria, que las
reservas líquidas del Isstey alcanzan únicamente para cubrir las pensiones
hasta 2021. Luego de ese año, será necesario vender los terrenos del
Fideicomiso de Ucú, aunque eso no sería una tarea fácil.
Periodistas de Grupo Megamedia conversaron con la directora
del Isstey y con la secretaria de Gobierno en la Redacción del Diario sobre los
problemas de ese organismo.
En la segunda entrega de esa conversación, la licenciada
Fritz Sierra dice que una forma de afrontar el problema de ese instituto sería
analizar detalladamente la posibilidad de hacer cambios en la ley de pensiones,
con la aprobación del sindicato de trabajadores y del Congreso.
Problema
En este sentido, afirma, “hay que reconocer la decisión del
gobernador de tomar ‘el toro por los cuernos’ y no ‘patear la lata’, como se
dice vulgarmente”.
Explica que de acuerdo con un estudio actuarial que
encargaron recientemente, el actual gobierno podría también “patear la lata” y
brincar el problema (vendiendo algunos terrenos de la reserva de tierras del
instituto), pero en el año 2024 ya no habría dinero para pagar las pensiones.
“Es un problema, en verdad, preocupante”, señala la
funcionaria.
“Se necesitan hacer cambios para que esto no continúe y ya
no se pueda seguir ‘pateando la lata’. Nuestra responsabilidad es garantizar a
los casi 40 mil derechohabientes y a los 5,800 jubilados que podrán seguir
gozando de sus pensiones por el resto de su vida. En eso tenemos que
enfocarnos”, afirma la secretaria de Gobierno.
Coraje
Por su parte la directora del Isstey dice: “Entiendo que el
costo político de tomar una decisión responsable sobre los problemas del
instituto no es fácil, no son cambios que puedan resultar amigables para la
gente, pero son cambios necesarios y se requiere de mucha fuerza, de mucha
entereza y de mucho coraje para hacerlos”.
La funcionaria explica que la estrategia para enfrentar la
crisis del Isstey tiene tres puntos: el primero, ya se dio con la disposición
del gobierno de Vila Dosal de encarar el problema.
El segundo, es “ponernos de acuerdo de la mejor manera con
los sindicatos, porque ellos representan a la gente” y finalmente, el tercer
punto, es pasar la propuesta al Congreso “con lo que se resolvería el tema”.
¿Pero específicamente en qué cambios están pensando?,
pregunta el Diario.
Lo primero que hay que decir, responde María Isabel
Rodríguez Heredia, “es que para impulsar cambios de fondo al sistema de
pensiones es necesario modificar la ley o crear una nueva”.
“Se trata de hacer cambios que ya se han adoptado en
diferentes estados de la República y que tienen que hacerse dentro de un marco
jurídico”.
El Diario preguntó a las funcionarias si estos cambios
implicarían hacer modificaciones a la edad de la jubilación o al monto de las
cuotas, pero ambas respondieron que se están valorando distintas opciones y
que, en todo caso, los cambios serán paulatinos.
Cambios
Los puntos los estamos discutiendo con los actuarios y por
eso no me gustaría salir a asustar a la gente, dice María Isabel Rodríguez.
Lo que sí puedo adelantar, agrega, es que será diferente el
tratamiento que se le dará a una persona ya jubilada de la que está en
transición.
“Los 5,800 jubilados registrados tienen sus derechos
garantizados, porque la ley no es retroactiva y los cambios no les afectarían”,
afirma, “pero donde se tienen que tomar medidas justas y necesarias será con
las nuevas generaciones de trabajadores”.
Con información de Megamedia.
