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La mayoría de la información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue “ocultada” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Conocidos por Proceso, diferentes elementos probatorios en poder de la FGR indican que, en mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la “información física” que tuvieran sobre de la desaparición de los 43 normalistas.
Esa información, que el Ejército ha negado a la CoVAJ –en los últimos meses, ya con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador–, fue “concentrada” y “resguardada” en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, dijeron a la FGR testigos de esos hechos.
Los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la Sedena decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la CoVAJ encontraran esos datos digitales en caso de que el presidente López Obrador ordenara darles acceso a ellos.
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Esa información digital se almacenó en los servidores que se encuentran en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (CMI), expusieron testigos a un fiscal de la FGR, quienes probablemente ahora se encuentran refugiados en otro país.
La estrategia de la Sedena para ocultar información sobre lo ocurrido con los 43 normalistas en la llamada Noche de Iguala incluyó la adopción de un protocolo interno que establece, de antemano, lo que hay que responder ante la CoVAJ y cómo hacerlo.
Diferentes soportes documentales que tiene la FGR indican que al menos desde 2021, cuando la Sedena determinó dejar de acatar la instrucción inicial de López Obrador de entregar a la CoVAJ todos los reportes de inteligencia militar relacionados con el caso Ayotzinapa, la institución castrense acordó internamente cómo eludir la entrega de la información solicitada.
Un memorándum interno del 4 de agosto de 2022, dirigido a la Subjefatura de Inteligencia (o Sección Segunda) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, indica de manera expresa lo que ya se venía poniendo en práctica en la Sedena desde 2021: que las peticiones que “son impulsadas desde diversos frentes por la CoVAJ” deben ser respondidas “en el sentido de que esta Dependencia de Gobierno (la Sedena) no realiza actividades de monitoreo o intervención de comunicaciones privadas”.
Además, señala que las respuestas deben ser “consensuadas” entre la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), la Asesoría Jurídica (presumiblemente la del general secretario, Luis Crescencio Sandoval), la S-2 (Inteligencia Militar) y “la Plataforma E.M.C.D.N.” (Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional), tras lo cual deberán ser enviadas a la CoVAJ o a la FGR “por el representante legal de esta Secretaría”, que es el jefe de la UAJ.
Es decir, la instrucción interna a las diferentes unidades de la Sedena que han dado seguimiento a las actividades en la Normal de Ayotzinapa, a la Noche de Iguala y a la investigación del caso no fue responder con la verdad, sino con un guion preestablecido que niega que tenga más información sobre el caso y que los militares realicen espionaje telefónico.
Mensajes urgentes a DN-1
Un gran número de documentos de la propia Sedena en poder de la CoVAJ y de la FGR corroboran que esa institución, contrario a lo que afirma, ha hecho de la intercepción de comunicaciones una parte integral de sus operaciones cotidianas y que esa práctica habría permitido a DN-1, como se denomina en la documentación militar al secretario de la Defensa Nacional (en ese entonces, el general Salvador Cienfuegos) conocer en tiempo real los sucesos de la Noche de Iguala.
Sobre todo porque DN-1 (el general Cienfuegos) había solicitado desde varios días previos al 26 de septiembre de 2014 dar seguimiento permanente a los normalistas de Ayotzinapa por los preparativos que hacían para viajar a la Ciudad de México, para participar en la conmemoración del 46 aniversario de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 por parte del Ejército.
En el expediente de la FGR sobre el caso Ayotzinapa, que incluye 56 averiguaciones previas que van de 2014 a 2023, hay varios mensajes FCA (Formato Cifrado Arcano) de carácter urgente, con fechas de 25 y 26 de septiembre de 2014 en los que la 35 Zona Militar (35ZM) en Chilpancingo, con jurisdicción militar sobre Iguala, le informa a DN-1 y a la S-2 de manera cronológica y pormenorizada las actividades de los normalistas en la región, incluyendo Iguala.
De acuerdo con el consecutivo de los mensajes FCA, que van del G.A.O.I./5170 al G.A.O.I./5190, se enviaron al menos 20 documentos de ese tipo entre el 25 y el 26 de septiembre de ese año, con referencias como “SALIDA DE ESTUDIANTES” y “ACTVS. DE AYOTZINAPA”, la mayoría firmados por el comandante de la 35 Zona Militar de la época, general Alejandro Saavedra Hernández, acusado el año pasado por la CoVAJ de no intervenir ante el ataque armado contra los normalistas.
De acuerdo con los testimonios y documentos que tiene la FGR, DN-1 recibía reportes de los movimientos de los estudiantes –recopilados por los Órganos de Búsqueda de Información (OBI, como denomina el Ejército a su personal que hace inteligencia de campo, uno de los cuales estaba infiltrado en la Normal de Ayotzinapa)– y también de las comunicaciones interceptadas a Guerreros Unidos el 26 de septiembre y los días posteriores.
Un testigo le dijo a un fiscal que uno de los muchos sistemas para interceptar las telecomunicaciones de Guerreros Unidos era Pegasus, software espía israelí que replica a las terminales de los operadores del Centro Militar de Inteligencia (CMI) casi en tiempo real (en entre uno y dos minutos) los mensajes de texto y los audios de las llamadas telefónicas (en entre cinco y 10 minutos).
De acuerdo con los protocolos internos, la información del ataque armado, ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, debió haber escalado con rapidez en la cadena de mando y llegado a la Sección Segunda del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDF), que depende directamente del secretario de la Defensa Nacional.
Al principio, los analistas del CMI pensaron que lo que ocurría en Iguala era un enfrentamiento entre los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, que se disputaban la plaza, pero, a medida que avanzaba la noche del 26 de septiembre en las comunicaciones interceptadas se mencionaba a los “ayotzinapos”, como criminales y policías les decían a los normalistas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tiene elementos para sostener que la Sedena posee “información crucial sobre los posibles responsables (de las 43 desapariciones) y sobre el destino de los jóvenes”, expuso en su sexto y último informe, en julio de 2023, que la información parcial que proporcionó la dependencia por instrucciones del presidente a partir de 2020 indica que hay más reportes que no se quieren entregar.
En un mensaje FCA del 12 de octubre de 2014, la 35 Zona Militar puso de conocimiento de DN-1 y varias unidades de la Sedena las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas por la inteligencia militar a Guerreros Unidos los días 26 de septiembre y 4 de octubre de ese año, lo que indica la existencia de esos archivos que han sido negados de manera reiterada a la CoVAJ.
La FGR tiene evidencias de que el Ejército mexicano monitoreaba desde 2011 las llamadas y mensajes de telefonía celular de integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos: Alejandro Cholo Palacios, Gildardo López Astudillo, Cabo Gil; los hermanos Casarrubias Salgado y el subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares.
El 26 de septiembre hay una secuencia de reportes de inteligencia militar que proporcionó la Sedena a la CoVAJ, la cual, sin embargo, se interrumpe a las 22:15 horas, justo cuando se producía la persecución, agresión, detención y desaparición de los normalistas, lo que ha llevado al GIEI a hablar de un “apagón informativo” en la información suministrada por la institución castrense a los investigadores.
Ese “apagón” ha sido mantenido por los militares pese a los esfuerzos de la CoVAJ, el GIEI y la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa de la FGR, incluso pese a la orden inicial del presidente López Obrador al Ejército de abrir sus archivos, una orden que luego se diluyó y se transformó en respaldo absoluto a la versión del Ejército de que ya entregó toda la información a los investigadores del caso.
López Obrador avala esa versión pese al cúmulo de evidencias de que hay reportes que los militares ocultan y de que hubo una operación concertada al interior de la Sedena para “concentrar” la información de inteligencia del caso Ayotzinapa en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, y en los servidores del CMI, aunque los testigos no especificaron si esos expedientes físicos y electrónicos siguen almacenados y bajo resguardo en esas unidades.
La discreta S-2
La Sección Segunda del EMCDN (S-2, de la que forma parte la Subjefatura de Inteligencia) es una unidad de especial importancia de la Sedena, pues es la que maneja la inteligencia militar y coordina todos los organismos de inteligencia del Ejército, incluso algunos ultrasecretos cuya existencia no es reconocida públicamente por la institución castrense.
La FGR, por ejemplo, tiene pruebas documentales de la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI) y de las interceptaciones que realiza, pero la Sedena niega que ese centro exista.
Un documento que forma parte del expediente de la FGR sobre el caso Ayotzinapa indica que, en efecto, el CMI no aparece en el organigrama oficial del Ejército y la Fuerza Aérea por la naturaleza secreta de sus actividades, aunque existe en los hechos y tiene un director, un comando operativo de inteligencia, analistas, un grupo de contrainteligencia y un área de ingenieros electrónicos y en sistemas.
Todos los militares asignados al CMI pertenecen orgánicamente a la Sección Segunda del EMCDN y están en calidad de comisionados en esa unidad, que resulta clave en todo el entramado militar alrededor del caso Ayotzinapa.
Testigos, cuyas afirmaciones están respaldadas por pruebas documentales y archivos digitales incorporados al expediente sobre el caso, hicieron ante los fiscales pormenorizados relatos sobre el seguimiento que diferentes unidades de inteligencia del Ejército dieron a Guerreros Unidos entre 2011, cuando ese grupo se escindió de La Familia Michoacana, y 2016.
Esto significa que el espionaje militar a las actividades criminales de Guerreros Unidos comenzó a finales del sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) y se extendió hasta dos años después de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, que ocurrió y fue objeto de una cuestionada investigación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
López Obrador llegó a la Presidencia en 2018 con la promesa de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas y abrir los archivos de la Sedena sobre el caso, lo que se cumplió parcialmente hasta finales de 2021. A partir de entonces los militares se enfrascaron en una constante negación pese a que sus propios documentos desmentían las respuestas que daban a la CoVAJ y a la FGR.
Testigos dijeron a la FGR que la información “resguardada” por el CMI incluye la que fue recopilada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que operaba en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y monitoreaban llamadas telefónicas y de telecomunicaciones en esa región.
La FGR tiene soportes documentales de que el CRFI espiaba, antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014 a Guerreros Unidos, a la policía de Iguala y a estudiantes y profesores de la normal de Ayotzinapa, entre otros sujetos de interés, y de que existe más información que podría llevar a determinar el paradero de los 43 desaparecidos.
Los archivos físicos y electrónicos que se pusieron bajo resguardo del CMI y del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDF) contienen datos de comunicaciones de policías de Iguala en los momentos en que detuvieron y atacaron a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 y en que recibían instrucciones de los jefes de Guerrero Unidos sobre cómo proceder.
Los datos indicaban que el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala en esa fecha, coronel José Rodríguez Pérez (luego ascendido a general y hoy detenido por delincuencia organizada y desaparición forzosa) tenía vínculos con Guerreros Unidos.
Las fuentes indicaron que, según los OBI, el coronel Rodríguez Pérez había asistido en marzo de 2014 al velorio de Mario el Chaparro, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala y quien murió ahogado en la laguna de Tuxpan. Las intercepciones telefónicas realizadas por la DEA en Chicago a Guerreros Unidos corroboran los vínculos de ese y otros militares con el grupo criminal.
Según las evidencias en poder de la FGR, además del CRFI, en Iguala actuaba una célula de inteligencia del Ejército que contaba con equipo para interceptar llamadas telefónicas vía amplificadores pasivos del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, por sus siglas en inglés), receptores PR100 y SDR y el programa israelí Universal Forensic Extraction Device (UFED), usado para extraer datos de teléfonos celulares, laptops, tabletas, PC y memorias externas.
Además, el CMI utiliza desde 2011 el software israelí Pegasus, que es más sofisticado que el UFED porque permite el acceso a cualquier acción de voz, datos, audio, fotografías y video que el usuario realiza en un celular, programa también empleado para espiar a integrantes de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Negar todo, la línea oficial
El 1 de octubre de 2021 la CoVAJ publicó en su página web, “por instrucciones del presidente” López Obrador, dos intercepciones que realizó el CMI el 26 de septiembre de 2014 y el 4 de octubre del mismo año a comunicaciones por mensajes de texto entre policías y jefes de Guerreros Unidos.
En el intercambio de mensajes del 26 de septiembre, entregado por la Sedena a la CoVAJ, y que tienen en el encabezado las siglas EMDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional) y CMI (Centro Militar de Inteligencia), el subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, le dice al jefe regional de Guerreros Unidos, Cabo Gil, que le va a entregar a 21 personas que tiene en un autobús para que “los revienten ustedes” y que, además, tiene a “17 en la cueva” (17 estudiantes habían sido llevados esa noche a la comisaría de barandillas de la policía de Iguala).
En la comunicación del 4 de octubre de 2014, ocho días después de la desaparición de los 43, Alejandro Cholo Palacios, un jefe de Guerreros Unidos, le pregunta en un mensaje de texto a un presunto policía de Tepecoacuilco, identificado como Ramón en el documento del CMI: “DIONDE LO TIENESS” (sic), a lo cual responde: “EN UNA CUEVA”, lo cual hace suponer que se referían a estudiantes que seguían con vida.
Este documento de la conversación entre el Cholo y Ramón, que fue entregado por la Sedena a la CoVAJ, es tan fundamental en la investigación que en octubre de 2021 la FGR solicitó a la institución militar tener acceso a la transcripción completa (que existe, según un testigo protegido) de los mensajes intercambiados por esos dos delincuentes.
Una respuesta de la Sedena a la FGR del 13 de diciembre de ese año afirma que “después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó evidencia documental que atienda su requerimiento; toda vez que no se monitorea ni se intervienen comunicaciones”.
Es decir, la respuesta siempre fue el guion pactado internamente para dar respuestas a las solicitudes de información sobre el caso Ayotzinapa.
El 13 de octubre pasado López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera que él “personalmente” está “conduciendo” y “dirigiendo” la investigación del caso Ayotzinapa, lo que hace suponer que conoce las declaraciones y evidencias en poder de la FGR sobre las maniobras de la Sedena para ocultar información a la CoVAJ y a la Fiscalía Especial, que hasta septiembre de 2022 dirigía Omar Gómez Trejo y que ahora encabeza Rosendo Gómez.
El deslinde de la CNDH
Una investigación del caso Ayotzinapa, que suelen encomiar los persistentes defensores de la “verdad histórica” ante el cúmulo de delitos cometidos por los mandos de la PGR para cerrar el expediente, es la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el 28 de noviembre de 2018, tres días antes de la toma de posesión del presidente López Obrador.
Más que una investigación, la denominada “Recomendación No. 15VG/2018” fue en lo sustancial un análisis de las investigaciones, peritajes, evidencias, testimonios y diligencias realizados por la PGR y el GIEI a lo largo de los cuatro años que le llevó a la CNDH publicar ese documento que respalda varias de las tesis de la “verdad histórica”.
Por ejemplo, la CNDH, entonces presidida por Luis Raúl González Pérez, sostiene que la versión de la PGR que tiene “mayor número de elementos probatorios” es que el basurero de Cocula fue el destino final de los 43 normalistas.
Incluso, el documento elaborado por la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, a cargo de José Trinidad Larrieta, cuestiona los peritajes del experto José Torero (encargado por el GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que descartan que en el vertedero de Cocula se hubiera producido la incineración de 43 cadáveres en un lapso de 16 horas.
En el expediente de la FGR del caso Ayotzinapa figura un oficio del 5 de enero de 2020, en el que la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, afirma que Larrieta “se extralimitó” en funciones que tenía la oficina a su cargo, pues actuó más como autoridad ministerial que como defensor de los derechos humanos.
Piedra Ibarra, que en esa época sí mostraba preocupación por los abusos cometidos por militares, critica en el documento que la oficina de Larrieta haya pedido a la Sedena que colabore ampliamente con la PGR para esclarecer la desaparición de los normalistas, pero que, al mismo tiempo, haya omitido solicitar a la ahora Fiscalía investigar a los elementos del Ejército que no cooperaban con la investigación.
Larrieta tomó como válidos testimonios que ya habían sido invalidados porque los declarantes fueron torturados y, sobre la actuación de los militares en esos hechos, se limita a hacer una cronología con base en la información divulgada en los informes del GIEI y a indicar que la PGR debe investigar más a fondo las omisiones de algunos oficiales y su falta de acción ante los ataques armados a los estudiantes.
La verdad verdadera
El primer decreto expedido por el presidente López Obrador a unos días de asumir el gobierno, en diciembre de 2018, fue el de la creación de la CoVAJ, organismo presidido por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien estaría a cargo de coordinar los esfuerzos institucionales para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y asistir a los padres de los desaparecidos.
Encinas renunció en octubre último, luego de conocerse que sus labores al frente de la CoVAJ provocaron malestar en la Sedena y que fue objeto de espionaje con Pegasus, el programa usado por el Ejército. “El Ejército tiene un poder enorme y no tiene supervisión democrática”, declaró el director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, a The New York Times, medio que reveló el hackeo al teléfono del exsubsecretario.
Según la nueva investigación desarrollada por la CoVAJ y la Fiscalía Especial desde 2019, la “verdad histórica” fue una “construcción” del gobierno de Peña en la que se omitió, entre muchas otras cosas, que había militares coludidos con Guerreros Unidos, como los generales José Rodríguez Pérez y Rafael Hernández Nieto y el capitán José Martínez Crespo, los tres procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada, al igual que 11 militares más.
La “verdad histórica” también omitió que los estudiantes fueron divididos en varios grupos, uno de ellos, según la CoVAJ, integrado por seis normalistas que permanecieron vivos algunos días en “la Bodega Vieja”, hasta que el 30 de septiembre de 2014 “El Coronel” (presumiblemente el entonces coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería) reportó que “se encargarían” de esos seis jóvenes.
La CoVAJ desmoronó “la verdad histórica”, pero en el momento en que el presidente López Obrador cerró filas con los militares y avaló su negativa a entregar más información que pudiera conducir al paradero de los 43 normalistas, este gobierno, como el anterior, carece de material probatorio que conduzca a determinar el paradero de los estudiantes.
Este reportaje fue publicado en la edición 0010 de la revista Proceso
