Chiapas, un estado en el sur de México, se ha convertido en un campo de batalla donde cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emplean tácticas cada vez más brutales para consolidar su control territorial. Estas organizaciones criminales han llevado la violencia a niveles escalofriantes, utilizando a la población civil como peones en su guerra sin cuartel contra facciones rivales y las fuerzas de seguridad del Estado.
La situación es especialmente grave en comunidades como Chicomuselo y Pantelhó, donde los ciudadanos viven atrapados en medio del fuego cruzado. Estos cárteles no solo luchan por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas, sino que también obligan a los civiles a colaborar, convirtiéndolos en escudos humanos o forzándolos a participar en sus operaciones.
Civiles atrapados en la guerra territorial: escudos humanos y mano de obra forzada
Los habitantes de Chiapas se encuentran en una situación desesperada. Según informes de derechos humanos, los cárteles han comenzado a utilizar a los residentes locales como escudos humanos, obligándolos a participar en bloqueos de carreteras para impedir el avance de fuerzas rivales o de las autoridades. "La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar", señala un trabajador de derechos humanos entrevistado por InSight Crime.
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Además, los grupos criminales han extendido su control sobre la población civil al captar a trabajadores especializados, como electricistas y plomeros, para que apoyen sus operaciones delictivas. Aquellos que intentan huir son amenazados con la muerte, lo que ha provocado un aumento dramático en el número de desplazados en la región.
Entre enero y julio de 2024, 12,771 personas fueron desplazadas en Chiapas, una cifra alarmante que refleja el grado extremo de violencia que los cárteles han impuesto en la región. Este desplazamiento masivo ha sido provocado no solo por el miedo a ser reclutados forzosamente, sino también por la brutalidad con la que estos grupos operan, incluyendo asesinatos y represalias contra quienes se oponen a sus órdenes.
Un caso que ejemplifica esta crisis ocurrió en mayo de 2024 en Nuevo Morelia, una localidad en Chicomuselo, donde hombres armados asesinaron a 11 personas, incluyendo a dos líderes religiosos que se habían pronunciado a favor de la paz y en contra de los grupos criminales.
La lucha entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de Chiapas
El conflicto en Chiapas ha sido alimentado por la feroz lucha entre el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, y el Cártel de Sinaloa, actualmente dividido en facciones. Desde 2021, el CJNG ha intentado expandir su control hacia los municipios fronterizos de Chiapas, anteriormente bajo el dominio del Cártel de Sinaloa, lo que ha desatado una ola de violencia sin precedentes.
Esta guerra territorial ha involucrado no solo a las poderosas organizaciones criminales, sino también a redes locales de grupos armados, exacerbando el conflicto y llevando la violencia a comunidades que antes vivían en relativa paz.
La desconfianza en las autoridades: autodefensas y la historia de represión en Chiapas
La violencia en Chiapas ha generado una profunda desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del Estado. A pesar del despliegue de 200 soldados en agosto de 2024, la medida ha tenido un impacto mínimo en la reducción de la violencia. En respuesta, algunos municipios han optado por formar grupos de autodefensa en un intento desesperado por protegerse de los cárteles.
Esta desconfianza tiene raíces históricas en Chiapas, donde la población indígena ha sido víctima de abusos por parte de las autoridades. En la década de 1990, el gobierno utilizó al ejército y a grupos paramilitares para reprimir el levantamiento zapatista, un conflicto cuyo legado sigue presente en la región.
La situación actual en Chiapas es un reflejo del abandono y la represión que han sufrido sus habitantes, quienes ahora se encuentran atrapados en una guerra que parece no tener fin.
