La jornada electoral local del 16 de mayo próximo será vigilada por mil 247 observadores electorales, entre ellos un estadunidense, quien deberá acreditar su calidad migratoria antes de recibir su designación.
El vocero del Consejo Electoral del Estado (CEE), Miqueas Be Palma, indicó que un total de mil 256 ciudadanos pidieron su registro para este proceso, aunque nueve de ellos no entregaron la documentación requerida o no tomaron el curso de capacitación.
De tal forma, no fueron aprobados por el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), a diferencia de otros mil 247 que sí fueron autorizados desde el 15 de abril pasado, precisó.
En esta ocasión, se recibieron 138 solicitudes de manera individual y mil 118 por medio de organizaciones civiles.
En el caso de éstas, explicó que deberán informar de sus actividades al Consejo General del Ipepac 30 días después de la jornada electoral y declarar respecto del origen, monto y aplicación de las subvenciones para el desarrollo de sus actividades.
El artículo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán, señala que el día de la elección, los observadores podrán presentarse con sus respectivas acreditaciones a la sede de los organismos y casillas electorales a presenciar la instalación y apertura de la casilla.
También, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, su clausura, la fijación de resultados de la votación en el exterior de la misma y la entrega de los paquetes electorales.
La jornada electoral en Yucatán será vigilada por 1,247 observadores electorales
Votos contra el derroche oficial
—Todos los votos de los meridanos van a frenar cualquier intento de fraude. Convoco a todos a que el 16 de mayo no permitan que a Mérida la machen de rojo —subrayó anoche la candidata panista a la alcaldía, Beatriz Zavala Peniche en su mitin de cierre de campaña.
—No vamos a permitir que desde Palacio de Gobierno se quieran apoderar y gobernar el Palacio Municipal —agregó la aspirante ante unos 15 mil panistas, de acuerdo con cálculos de los organizadores.
—No vamos a permitir que estemos endeudados, que no haya cuentas claras, ni hospitales que no funcionen bien —señaló.
—Por eso cada voto meridano dirá que no al derroche, no a la represión y a un gobierno que no sirve a los ciudadanos, no a un gobierno de telenovela —apuntó la candidata mientras la multitud coreaba “¡fuera, fuera!”, mirando hacia la sede del poder ejecutivo.
El mitin comenzó poco antes de las 9 de la noche, y contó con la presencia, por tercera ocasión, del líder nacional del PAN, César Nava Vázquez, además del senador Santiago Creel Miranda, quienes pronunciaron sendos discursos.
Asimismo, estuvieron presentes los candidatos a diputados por los distritos correspondientes a Mérida, los integrantes de la planilla de Beatriz Zavala, así como los líderes estatal y municipal en Mérida de Acción Nacional, Magaly Cruz Nucamendi Rodolfo González Crespo, respectivamente.
Previamente al mitin se presentó un espectáculo musical y de comedia regional y al finalizar los discursos actuó el grupo “Los Angeles Azules”.
Los organizadores señalaron que asistieron unas 15 mil personas, aunque de acuerdo con cálculos de la Policía de Mérida la asistencia fue de 5 mil.
—Ustedes quieren un gobierno municipal con funcionarios que sirvan a la gente, ciudadanos sirviendo ciudadanos —afirmó en su discurso Beatriz Zavala.
Aseguró que de llegar a la alcaldía atenderá las necesidades directas de la población y dará solución a los problemas de la misma.
—Con nosotros no hay “rollo” ni falsas promesas, aquí solo hay realidades, vamos a hacer de Mérida la primera ciudad con mejor calidad de vida de todo México —agregó la candidata.
También dijo que han ido ganando la confianza de la gente pese a las dificultades observadas durante la campaña.
—Regresaron las tácticas del pasado como vigilancia,
acoso, amenazas e intimidación a nuestro equipo de campaña y espionaje con policías que deberían estar dando seguridad en las colonias —afirmó la candidata.
—Que no se ocupen de conservar la chamba que se ocupen de contar bien los votos y servir a los ciudadanos —apuntó la senadora con licencia en referencia al instituto electoral local.
Aseguró que si no han denunciado de manera más enérgica esas tácticas es porque han visto crecer el respaldo ciudadano hacia la campaña panista.
Por su parte, Nava Vázquez señaló que el PAN está a las puertas de la victoria.
—Tenemos que refrendar 20 años de una historia de orgullo, si yo tuviera que escoger un lugar dónde fundar de nuevo el PAN, con los ojos cerrados elegiría a Mérida —apuntó César Nava.
A su vez, Magaly Cruz Nucamendi, presidenta estatal del PAN, indicó que no es casualidad que la Plaza Grande se llene, y se debe a que hay el convencimiento de que las propuestas son viables.
Retienen pagos a un funcionario destituido
Señaló que ante el surgimiento de otras anomalías atribuibles a ese destituido funcionario, por el problema de las boletas, los consejeros valoran la posibilidad de aplicarle otras medidas.
Aunque no se ha definido qué medidas serían, comento que podría ser desde demandarlo penalmente hasta cobrarle todos los gastos que se generen para corregir sus errores que han puesto en riesgo la credibilidad de esta institución.
“Nos engañó dos veces, primero cuando descubrimos que no mandó imprimir 22,600 boletas de Mérida; luego se le dijo que revisara si faltaban más y dijo que no, que ya estaban completas, y el viernes descubrimos que faltaban otras 5,800, nos volvió a engañar”, expresó el secretario del Ipepac.
Ayer sesionó el Consejo General Electoral precisamente para acordar el mandar imprimir las 5,800 boletas de Valladolid, Xocchel y Ticul que tampoco mandó imprimir el destituido Rivas Miranda.
Góngora Méndez añadió que ayer también se presentó el ex director de Procedimientos para pedir le paguen lo que le corresponde, pero no se le entregó, y se le informó que se le retendrá hasta que los consejeros decidan qué medidas aplicar.
El secretario ejecutivo aclaró que como fue destituido no le corresponde ninguna liquidación económica a Rivas Miranda, quien incurrió en falta de probidad, además de que descuidó su trabajo. “No fue responsable en el ejercicio de sus funciones”.
Empero, precisó, alcanza el pago de la parte proporcional de su aguinaldo, fondo de ahorro y el bono electoral, que en total ascienden a unos $120,000.
No obstante, podría ser menos porque se valora la posibilidad de cobrarle el pago de las boletas que no mandó imprimir, lo que asciende a unos $30,000.
También es probable que el bono electoral no se le dé, o al menos no completo, pero es parte de lo que aún deben definir los consejeros y por lo que retuvieron ese dinero.
La policía estatal detiene un vehículo de Beatriz Zavala
Unas horas después que el Ipepac dictó una medida cautelar para retirar unas carteleras del PAN, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo ayer el autobús articulado de demostración del servicio municipal de transporte por 3 pesos que promueve la candidata panista a la alcaldía, Beatriz Zavala Peniche.
Alrededor de las dos de la tarde elementos que viajaban en las unidades 5775 y 5783 de la SSP detuvieron el autobús en el Periférico a la altura del entronque a Chichí Suárez.
El hecho atrajo la atención de automovilistas y transeúntes, y de inmediato se comunicaron a la casa de campaña de la candidata para denunciar el hecho.
“No es posible”, indicó la candidata, de acuerdo con un boletín. “Hasta esta publicidad móvil nos quieren quitar. Este acoso está rayando en el abuso”.
Los policías informaron al chofer del autobús que de no ser por una contraorden de última hora no lo trasladaron al corralón, pero le advirtieron que no debe seguir circulando, pues hay instrucciones precisas para detenerlo.
“En menos de 24 horas al menos dos autoridades han arremetido contra la campaña panista. El Ipepac pretende que se retiren las carteleras con un dinosaurio rojo y la frase 'Ciudad Blanca, que no te pinten de rojo', y ahora el gobierno del Estado, por conducto de la SSP, advierte que si continúa circulando el autobús con publicidad de Beatriz Zavala será detenido y enviado al corralón”, se indica en el boletín.
La oficina de prensa de la candidata considera que no hay argumento alguno para que la policía estatal detenga al autobús.
El autobús, como publicamos, desde el martes 4 comenzó a circular en la ciudad.
Voceros de Beatriz Zavala informan que el metrobús es un vehículo nuevo que tiene permiso de circulación federal, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con número de oficio 6302131-10, y placas de traslado 2862-XB de León, Guanajuato. Según los voceros panistas, ese tipo de placas de traslado no requiere de una tarjeta de circulación por tratarse de un vehículo nuevo.
Como informamos, una empresa de León prestó a la candidata panista un metrobús que daría servicio en el Periférico.
La oficina de prensa de Beatriz Zavala indica que después del incidente con la policía estatal, el metrobús continúa circulando. Ahora el chofer es acompañado por personal jurídico del PAN.
Portavoces de la SPP ofrecieron dar a conocer, por medio de un comunicado, su postura.—
Acusa el PAN de coacción a un sindicato
Orlando Pérez Moguel, representante del PAN ante el Consejo General del Ipepac interpuso una queja contra el PRI, y/o su presidenta, y/o su candidata a la alcaldía de Mérida, y/o Sección 67 del Sntss, por causar violaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. La denuncia fue presentada por la invitación de la dirigencia del Sntss para que asistan al cierre de campaña de Angélica Araujo pues se llevaría puntuación sindical.
—Es claro que lo que pretende la candidata del PRI, este instituto político y la dirigencia estatal es coaccionar a los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 67, para que asistan a un evento partidista, con claras intenciones de que estos agremiados se vean obligados a sufragar el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional.
Recibe asesoría el PAN de un español VIDEO
Desde el 1 de mayo pasado la campaña de la candidata del PAN a la presidencia municipal de Mérida, Beatriz Zavala Peniche, es asesorada por el publicista español Antonio Solá Reché, según confirmaron fuentes extraoficiales vinculadas con ese partido
Solá Reché tuvo a su cargo la imagen y la publicidad de la campaña del presidente Felipe Calderón Hinojosa y, en su momento, recibió señalamientos del PRI y del PRD de ser el artífice de la “guerra sucia”.
Desde que se inició la campaña, Beatriz Zavala dijo que decidió apostar por publicistas locales y que ante la dirigencia nacional del PAN se negó a contar con los servicios del español.
Sin embargo, diversas versiones que circulan en internet señalan que el publicista llegó el viernes 1 de mayo desde Madrid, vía Cancún.
Solá Reché habría permanecido cinco días en Mérida, aunque hay versiones que señalan que sigue en la capital yucateca El tiempo que estuvo en Mérida coincidió con la salida de nueva publicidad panista, que hacía alusión al PRI, lo que motivó que ese partido promoviera un recurso ante el Ipepac, que ordenó retirar los anuncios a más tardar hoy domingo.
“Vino a tratar de levantar con guerra sucia la campaña panista”, dijo el diputado Felipe Cervera Hernández.
Recibimos la siguiente carta de la candidata del PAN a la alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala Peniche:
En relación con la nota “Recibe asesoría el PAN de un español”, publicada hoy, sin firma, en la sección Local del Diario de Yucatán, desmiento de nueva cuenta todos los señalamientos que contienen y que se afirma se basan “en fuentes extraoficiales” que circulan en internet.
Invito a probar su dicho a quien afirme que la campaña de la candidata del PAN a la presidencia municipal de Mérida está siendo asesorada por el personaje que se asegura.
Mi campaña es realizada toda con ingenio local y trabajada por personas que conocen su tierra y que tienen fuerte convicción de ganar.
Aquí no hay asesores extranjeros. No los hay siquiera del Estado de México o traídos de Monterrey.
Esta campaña es de los ciudadanos convencidos de conservar nuestra ciudad blanca, de mantener la transparencia, la calidad de vida y las libertades cívicas que amenazan con perderse.
Desde el principio y hasta su final mi campaña se ha llevado con talento yucateco y con pleno respeto a los ciudadanos.
No todas las fuentes de internet son de fiar, aunque todas sostengan mil veces una burda elucubración rumoreada sólo por descalificar ante la falta de argumentos para defenderse.
Continúa sin actividad un aeropuerto
Con la compra de la mayoría de las acciones, la terminal pasó completamente a manos del gobierno del Estado. Según las autoridades, esta inversión reactivaría la terminal, prácticamente abandonada.
Sin embargo, a casi dos años de la compra de acciones, el aeropuerto permanece semiparalizado, pese a la promesa de Asur, que se hizo cargo de su operación, de reactivarla.
En el documento de la SPP se dice también que se busca dotar al circuito turístico que se pretende abrir en Chichén Itzá, “de instalaciones y servicios acordes con las mejores prácticas internacionales: paradores turísticos, señalamientos multilingües, servicios sanitarios impecables, teléfonos de emergencia, criterios estrictos para el reordenamiento territorial de las zonas incluidas, estaciones de primeros auxilios, recolección y disposición de la basura, información vial”, etcétera.
También se prevé la construcción de “infraestructura tradicional y tecnológica” y el levantamiento del Museo de la Cultura Maya, en una ubicación idónea entre Mérida y Chichén Itzá”.
“El perjuicio a la Japay no existe”
Coparmex Mérida expresó en días pasados su postura y sus dudas en cuanto a la sanción que la Contraloría General del Estado impuso a la ex funcionaria municipal Lolbé Carrillo Jiménez por un presunto desvío de recursos cuando fue directora general de la Japay.
De acuerdo con el Centro Empresarial de Mérida, si el dinero que la acusada presuntamente desvió está aún intacto en una subcuenta especial, el “daño o perjuicio económico” causado por Lolbé Carrillo no existe.
En un documento recibido de Coparmex, que es parte del consejo directivo de la Japay, se recuerda que en 2005 se acordó la creación de la reserva para la constitución del Fondo por las Areas Naturales y el Acuífero de Yucatán.
Se señala además que en cada una de las sesiones posteriores de dicho consejo directivo, hasta el 19 de julio de 2007, la dirección general de la Japay informaba del estado que guardaba la reserva en cuestión, la cual seguía incrementándose, sin oposición alguna del consejo, lo cual consta en actas, asegura Coparmex.
Además, se asegura que en la fecha antes citada Lolbé Carrillo solicitó una ampliación de presupuesto que le fue aprobada, por concepto de aportación al Fondo por las Areas Naturales Protegidas y el Acuífero de Yucatán, y se dejó en claro que la reserva creada se había aplicado al fondo mediante la firma de un convenio con la asociación civil Niños y Crías.
El acta donde se aprobó el convenio con dicha asociación fue aprobada en la primera sesión que el consejo de la Japay tuvo dentro de la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
Coparmex asegura que teniendo conocimiento y ante el hecho de que los recursos que se reclaman a la ex directora de la Japay se encuentran íntegros en una subcuenta especial con sus respectivos intereses, genera dudas sobre la sanción impuesta a la ex funcionaria.
Según el sindicato empresarial, las dudas surgen de la sanción económica impuesta a Lolbé Carrillo, que tiene supuestamente base en un “daño o perjuicio económico” sufrido por la Japay por el dinero entregado a Niños y Crías.
“A nuestro parecer, si la Japay estuvo o está en posibilidades de contar de nuevo con dicho monto, el daño o perjuicio patrimonial no existe y, por lo tanto, la sanción económica no tendría ningún sentido”.
Denuncian irregularidades
El grupo Jubilados en Acción denuncia una serie de irregularidades y violaciones a los derechos de los retirados del gobierno del Estado.
Integran el grupo Gaspar Gamboa Aguileta, Irma Romero Pinkus, Lizbeth Salazar Morales, Alma Rosa Ávila Cabrera, Nelly Torres Rosado, Mirna Medina Barceló, Ana María Palma Ayala y Maricela Palma Ayala, y 200 trabajadores de la educación, todos jubilados del gobierno del Estado, de acuerdo con un decreto presidencial de enero de 1981.
El profesor Gamboa Aguileta dice que le gustaría se respetaran las leyes, los decretos y la Constitución, para que las personas que integran el grupo sigan disfrutando los beneficios de los convenios establecidos con anterioridad.
Los involucrados dividieron sus quejas en dos vertientes: la cuestión económica y la de seguridad social, donde consideran que se presentan las peores situaciones.
En cuanto a la cuestión económica, Gamboa Aguileta y los integrantes del grupo solicitan el 31% que se les adeuda de su sueldo, de 1995 a 1997.
—Este porcentaje viene de los aumentos anuales que se les otorga a los trabajadores en general —explican.
Los integrantes del grupo agregan que, antiguamente se manejaban dos aumentos al año para los maestros, que se otorgaban en enero y mayo. Sin embargo, desde 1995 dejó de darse esta situación.
—En enero de 1995 se decretó un aumento del 7%, pero sólo nos dieron el 4%. Es decir, se nos debe el 3% —explican.
—Hasta 1997 se decretó el 16% de aumento, pero sólo se pagó el 6%, nos deben el 10%. El total del adeudo al magisterio yucateco es de 31% —aseguran.
Los profesores jubilados dicen que tampoco se les pagan los ajustes al calendario anual, de 360 a 165 días.
Tampoco se les incluye en la prima vacacional que se les paga a los trabajadores activos, ni les dan aumentos indirectos.
—Actualmente nos deben el 1.5% que se decretó el 19 de abril de 2009 sobre aumentos indirectos —asegura.
Los integrantes del grupo agregan que lo peor del asunto está en la seguridad social. Ponen como ejemplo que el jubilado tiene dos tipos de préstamos: a corto plazo y el especial. Son para resolver problemas económicos y se tiene derecho a ellos bajo ciertas condiciones.
El préstamo a corto plazo es para los que pagan el 4% al Isstey. Sin embargo, pese a contribuir con esa cuota, a quienes solicitan un préstamo no les dan el dinero completo.
—Te hacen firmar un documento que especifica que si no aceptas las condiciones no te dan el préstamo. Todo eso está, incluso, fuera de la propia ley del instituto.
Dudas sobre una compra
Según el documento “Yucatán exitoso, el camino al futuro”, redactado por la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP) en 2008, el gobierno busca aprovechar la designación de Chichén Itzá como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno, para convertir esa zona en la capital del Mundo Maya y crear un circuito turístico en su alrededor, que genere empleos permanentes y bien remunerados.
Para lograr ese propósito, el documento establece claramente que es necesaria la “culminación del proceso de expropiación de la zona arqueológica de Chichén Itzá y la delimitación de otras zonas arqueológicas ubicadas en el circuito”.
Como publicamos, el director de Cultur, Jorge Esma Bazán, confirmó que ese organismo compró 83 hectáreas de la zona arqueológica en $230 millones, a Hans Jürguen Thies Barbachano, propietario de las tierras.
Esma dio a entender que la operación, que se sufragará con créditos bancarios, había sido ampliamente ventajosa para Yucatán porque el propietario pedía dos tantos más por esa superficie de terreno.
Una posibilidad Hasta antes de la compra de Cultur, el gobierno federal, como informamos, seguía considerando la posibilidad de expropiar las tierras de Chichén, indemnizando al propietario con $8.1 millones (luego se habló de $18 millones), que equivaldría al valor del predio, según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El director de Cultur explicó que los $230 millones que se pagaron a Thies Barbachano se fijaron por un avalúo realizado por un corredor público, que aún no ha sido identificado.
Ni Esma Bazán ni otro integrante del gobierno han explicado las razones para cambiar la decisión de expropiar, establecida en un documento oficial, por la de comprar.
Circuito turístico En ese documento se advierte también que el gobierno impulsará la creación de un circuito turístico alrededor de Chichén, no sólo con la expropiación de sus tierras, sino con la modernización de las carreteras que conforman el circuito Mérida-Valladolid-Tizimín y la conexión del aeropuerto de Chichén Itzá, con otros puntos de interés del Mundo Maya.
En materia de carreteras el gobierno local y federal amplían desde 2009 la carretera libre, en los tramos Valladolid-Xcan y Chemax-Cobá, y hay planes de hacer lo mismo en el tramo Valladolid-Chichén.
El ejido de Ucú sí sería forestal
En un recorrido por el ejido de Ucú se constató que las tierras tienen árboles suficientes para ser declaradas forestales y con ello se echaría por tierra la compra de las 3,000 hectáreas de parte del gobierno del Estado.
La ley dice que si en una hectárea hay más de 15 árboles con tallos de 11 centímetros de diámetro se considera forestal.
En ese caso se aplica el artículo 59 de la Ley Agraria, que anula cualquier operación comercial.
Legisladores del PAN afirman que ése es el caso de Ucú.
Un posesionario que guió el recorrido afirmó que hay zonas del ejido que tienen hasta 50 años que no han sido trabajadas, de manera que se puede pronosticar cuál será el sentido del dictamen de Semarnat.
En un recorrido por un sector de las 3,000 hectáreas, por las que, según el Ejecutivo ya pagó $343.3 millones, se constató que hay árboles de kitinché, chacá, tzalam, yax ek y jabín, entre otras variedades, cuyo número rebasa con mucho el parámetro que establece la ley forestal para proteger la zona.
La ley dice que si hay más de 15 árboles con tallos de 11 centímetros de diámetro por hectárea se considera área forestal.
Con la ayuda de uno de los posesionarios de Ucú, que sirvió de guía en el recorrido, se confirmó que el número de árboles con esas características por hectárea es mucho mayor.
A unos dos kilómetros del acceso al ejido, entrando por la comisaría de Chalmuch, se encontraron incluso varios vestigios arqueológicos, que implicarían otras restricciones al “Plan Maestro Ucú”.
Según el guía, en dos años lo único que ha hecho el gobierno del Estado en el ejido son brechas. Asegura que no hay tala de árboles para deforestar el sitio.
El senador Hugo Laviada advirtió, como publicamos, que el Ejecutivo es capaz de mandar talar árboles a fin de que cuando lleguen los inspectores de la Semarnat emitan un dictamen favorable a la compraventa.
Ante esa eventualidad, las autoridades ambientales afirman que, aunque el Ejecutivo mande talar o incendiar el ejido, el dictamen no cambiaría.
El artículo 119 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, agregan, dispone que los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa.
La tala o incendio deliberado, advierten las autoridades, lo cual sería muy evidente, constituyen delitos graves.
El artículo 48 del Código Penal Federal dice que se impondrá pena de 6 meses a 9 años de prisión y multa equivalente de 100 a 3,000 días de salario, a quien desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale algún árbol y cambie el uso forestal.
El artículo 420 Bis del mismo Código indica que se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa equivale de 300 a 3,000 días de multa a quien provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o el ambiente.
En el recorrido, el guía de Ucú afirmó que hay zonas del ejido que no se han tocado en 50 años, de manera que la vegetación es más abundante en esos sitios que forman parte de las 3,000 hectáreas en pugna.
El campesino dice que menos de 50 de los 176 ejidatarios trabajan la tierra, en unidades citrícolas y hortalizas, y sólo 20 de los 180 posesionarios tienen pequeños ranchos, apiarios o cultivan hortalizas.
Entre otros comentarios, el guía afirmó que el Ejecutivo, por medio de su intermediario Fernando Pérez Escalante, ahora convertido en “asesor” del ejido, sólo le ha pagado $600,000 a los posesionarios y no los $700,000 como dijo el presidente del comisariado Antonio Euán Dzul.
Autoridades ambientales afirman que, aún cuando el Ejecutivo mandara talar o incendiar las tierras, el dictamen no cambiaría y sí, por el contrario, sería un delito grave.
Como informamos el miércoles pasado, el senador Hugo Laviada afirmó que “ya averiguamos con las autoridades agrarias del más alto nivel qué hay con las tierras de Ucú y la respuesta es contundente: su estatus jurídico sigue siendo ejidal, de manera que no es sujeto de compraventa”.
Perfil de quienes aspiran a la alcaldía
Noticias de Yucatán
Como indicamos en la portada de la sección Nacional-Internacional, en ese ejercicio participaron Beatriz Zavala Peniche, del PAN; Angélica Araujo Lara, del PRI; Eduardo Sobrino Sierra, del PRD; Yazmín Gaspar Góngora, del PT, e Israel Izquierdo Sosa, de Convergencia.
“Los resultados muestran sólo las características dominantes de cada candidato, sin poder llegar a una conclusión sobre sus fuerzas y debilidades”, recalca MGT.
En la presentación de este ejercicio, la posición asignada a cada candidato en las páginas corresponde a la antigüedad de su partido. Por tanto, en primer lugar está el PAN y le siguen, en orden de ubicación, el PRI, el PRD, el PT y Convergencia.
Contrastante cierre de campaña
- Los líderes nacionales de PAN y PRI acompañan a sus candidatas en Mérida
- Optimismo del PRI y llamado panista a la defensa del voto
Con la presencia de los presidentes nacionales de sus partidos, las candidatas del PAN y el PRI a la alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala Peniche y Angélica Araujo Lara, respectivamente, encabezaron ayer mítines de cierres de campaña casi en forma simultánea.
Los actos arrojaron marcados contrastes: el PRI reunió a miles de personas frente al Monumento a la Patria —50 mil según los organizadores y 40 mil según la Secretaría de Seguridad Pública— e instaló una gran tarima para su candidata y directivos partidistas, en tanto que el PAN concentró a sus simpatizantes en la Plaza Grande —7,000 según los organizadores y 5,000 según la Policía Municipal— y tuvo más oradores que los priistas.
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco estuvo también presente en el acto priista. Subió a la tarima y se le vio muy activa, pero no pronunció discurso. Junto a ella estuvo Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del PRI.
Por el lado del PAN, su presidente nacional, César Nava Vázquez, estuvo también en el acompañamiento a Beatriz Zavala.
En su discurso, Angélica Araujo indicó: “Hemos ganado la campaña con las mejores propuestas y con los planteamientos más serios, pero ahora nos toca ganar la elección”.
Beatriz Zavala manifestó que estará cerca de la gente. También llamó a los meridanos a defender el voto y a detener cualquier intento de fraude.
La mayoría de los priistas asistió al acto de Paseo de Montejo con ropa blanca, en señal, según se dijo, de que están contra la violencia y la confrontación.
Las candidatas continuarán sus actividades hasta el miércoles.
En agosto tendrán sus lectores los autobuses
La mayoría de los permisionarios ya tiene en mente el nombre de la empresa que surtirá esos aparatos digitales: BEA de Guadalajara, Jalisco.
Quintal Medina, concesionario de varias rutas urbanas en Mérida, informó que no habían comprado los lectores, porque estaba pendiente la entrega de las nuevas credenciales inteligentes —que está en proceso de distribución— y porque evoluciona constantemente la tecnología y temían que quedara obsoleta. Según un reciente acuerdo con la Dirección de Transporte del Estado, cada permisionario comprará los lectores y los instalará en agosto.
La idea, dijo, es que cuando se inicie el ciclo escolar 2010-2011 a fines de agosto o principios de septiembre todas las unidades del transporte urbano, incluso las Urvan o Sprinter, tengan los lectores electrónicos.
El empresario señaló que al menos él prefiere a BEA porque es una empresa seria, líder en este tipo de tecnología, tiene soporte técnico, servicio de postventa y sus empleados vienen a instalar los lectores en las unidades de transporte.
Además, la compañía tiene varios años en el mercado y ha participado en la modernización del sistema de transporte del Distrito Federal y otras ciudades mexicanas importantes.
Cada lector electrónico vale de $15,000 a $20,000. Los camiones urbanos ya tienen un avance con la instalación de computadoras que contabilizan el número de pasajeros, cuyo software vendió BEA, miden la velocidad de la unidad, el consumo de combustible, los horarios de recorridos y controla el mando de luces.
Hay camiones urbanos que ya cuentan con sistemas de rastreo satelital, como Minis 2000, que permite seguir la ruta de las unidades, medir el tiempo del viaje y otros que tienen equipos de geoposicionador satelital, como las patrullas estatales, y se les sigue por medio del buscador Google.
—Un buen número de camiones urbanos ya tienen tecnología de punta para su control —señaló Quintal Medina—. Con los lectores de credenciales se dará otro importante paso para la implementación del sistema de prepago de tarifas.
La entrega de credenciales inteligentes se inició el lunes 26 de abril y terminará en junio. Durante la activación de las micas los empleados de Transporte informan a los beneficiarios que para agosto próximo todos los camiones del sistema de transporte urbano de Mérida contarán con lectores de credenciales CITU.
Ratifican un fallo contra la Uady
Los tres consejeros de ese instituto ordenaron a esa casa de estudios hacer pública la documentación donde se indique cómo seleccionó a los catedráticos y qué criterios siguió para ello.
Deploraron que la Uady haya violado su reglamento de personal académico y recurriera sólo a entrevistas y pruebas psicométricas para decidir a qué candidatos aceptar o rechazar.
—No es la primera vez que la universidad cae en la cerrazón cuando se trata de dar información pública —expresó la consejera Ana Rosa Payán Cervera—. Y lamentamos nuevamente que esa institución rompa sus propias reglas, pues deja sin garantías a quienes aspiran a un cargo en esa casa de estudios.
El consejero presidente, Ariel Avilés Marín, expuso que lo más grave en este caso es que la Uady emitió una convocatoria donde fijó las bases para contratar a ese personal, y no cumplió aquella.
El consejero Miguel Castillo subrayó el hecho de que esa universidad no siguió sus propios procedimientos en esa selección de personal y además aquella reconoció que asigna plazas académicas usando para ello sólo pruebas psicométricas y entrevistas a los candidatos.
En la reunión de ayer los consejeros se dividieron al votar sobre el caso de Pablo Loría Vázquez, el secretario ejecutivo al que cesaron y que ganó en primera instancia un amparo contra esos tres funcionarios.
Ana Rosa Payán propuso aceptar esa sentencia —así voto— pues considera que crecerá el ya elevado monto de los salarios caídos que deberán pagarle a Loría Vázquez si un tribunal colegiado ratifica la resolución.
Los consejeros Miguel Castillo y Ariel Avilés opinaron lo contrario: la jueza cometió un error al equiparar el papel del secretario ejecutivo con el de un magistrado y emitir su sentencia con base en esto.
—Se fue con la finta porque no conoce bien la ley en esta materia —manifestó Miguel Castillo—. Si bien el secretario ejecutivo tiene funciones jurisdiccionales, éstas tienen un límite: quien las hace valer es el Consejo General.
También dijo que los tres consejeros caerían en falta administrativa si no piden la revisión del amparo. “El partido no se termina en el medio tiempo, hay que ir hasta el final”.
Evaluaciones poco confiables
Una encuesta realizada por el Frente Cívico Familiar muestra que la población confunde las áreas de responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal.
Debido a que no se conocen bien los ámbitos de competencia de cada una de esas instancias, la gente no distingue qué servicios públicos le corresponde proporcionar a cada una de ellas.
—El ejemplo más claro de esto es el agua potable. Sólo el 23% de los encuestados sabe que ese servicio está en manos del gobierno estatal, el resto lo atribuye al Ayuntamiento o bien ignora quién es el responsable —dijo Guillermo Vela Román, uno de los coordinadores del Frente Cívico Familiar.
Transporte público —Con el transporte público de pasajeros ocurre algo similar, sólo el 42% acertó al decir que esa actividad es regulada por el Ejecutivo estatal, no corresponde al gobierno meridano.
—Del resultado de este trabajo se desprende que esta confusión de la gente distorsiona toda evaluación que se haga sobre el trabajo de las autoridades, ya que los entrevistados les atribuyen funciones que no les corresponden.
—El mismo problema se presenta con las propuestas de los candidatos a los diversos cargos de elección popular.
—A esto se agrega que hay aspirantes que hacen promesas sobre asuntos que no son de la competencia de la autoridad a la que aspiran a llegar.
—Otra conclusión es que las encuestas electorales pueden tener sesgos en sus resultados si incluyen preguntas sobre servicios públicos y no se toma en cuenta lo anterior.
Vela Román dijo que la encuesta del FCF se realizó en la última semana de abril, de casa en casa, en 85 colonias y fraccionamientos de todos los puntos cardinales de la ciudad, así como en las comisarías de Oncán y Dzununcán, todas elegidas al azar. En total realizaron 1,740 entrevistas, de las que 1,600 son válidas. Aunque inicialmente se estableció un margen de error del cinco por ciento, finalmente éste se redujo a uno por ciento.
En cada colonia se aplicaron 20 encuestas. Los predios donde se hicieron las entrevistas se eligieron en forma de espiral, a partir del centro de la colonia o fraccionamiento.
El resultado fue procesado en la Facultad de Matemáticas, en donde se contó con el apoyo de un experto para elaborar la encuesta. Los entrevistadores fueron universitarios.
Diez preguntas En total se hicieron 10 preguntas correspondientes a igual número de servicios públicos. En cada caso los entrevistados debían responder si ese servicio corresponde prestarlo al Ayuntamiento, al gobierno estatal o no sabe.
Se inquirió sobre agua potable, alumbrado público, fumigación y descacharrización, parques y áreas verdes, pavimentación y mantenimiento de calles, pozos y drenaje pluvial, recolección de basura, trámites en el registro civil, transporte público y servicios del Hospital O'Horán.
El Ipepac no tiene tiempo para organizar un debate
Jorge Arturo Cetina Bautista, presidente de esa asociación, afirma que desde el 27 de abril solicitaron al Ipepac que organice el debate y apenas ayer, “de manera tardía”, les contestaron en sentido negativo.
En un comunicado, el directivo le pregunta al árbitro electoral qué tan “complejo” es, como alega, convocar a los representantes de todos los partidos acreditados ante ese organismo para concertar el debate, “que es necesario ante los últimos acontecimientos políticos en nuestra ciudad”.
“La sociedad civil quiere a un árbitro electoral fuerte, decidido e imparcial que dé muestras de garantizar la equidad que debe guardar cualquier proceso electoral. Mérida y los yucatecos se merece eso y más”, afirma.
Compleja labor En respuesta a la solicitud de Acciones Líderes, Fernando Bolio Vales y Alejandro Góngora Méndez, presidente y secretario ejecutivo del Ipepac, respectivamente, dicen que para organizar un debate se requiere una “compleja labor de concertación entre las partes” y una “logística especial” y dado que las elecciones son el 16, ya no disponen de tiempo suficiente para formalizar ese evento.
Sin embargo, agregan los funcionarios, se le agradece a Acciones Líderes la petición planteada y su interés en los comicios locales 2010. En su solicitud del debate, la agrupación advirtió que salta a la vista la falta de transparencia y el derroche de recursos en las campañas y la nula actuación del árbitro electoral.
“Con profunda preocupación hemos visto en estos tiempos álgidos de campaña electoral que son muchas las voces que se han manifestado por un Ipepac autónomo en lo legal y la práctico. Hemos observado también a una autoridad estatales temeraria y retadora de la voluntad social y la libertad ciudadana.
“Ustedes como autoridades imparciales e independientes son los responsables de otorgar a la ciudadanía elementos suficientes para que puedan emitir su sufragio de una manera informada y razonada y ejercicios como un debate fortalecen la democracia, pilar fundamental del Instituto que encabeza (Bolio Vales).
A 11 días de su solicitud, el Ipepac respondió ayer que no puede organizar el debate.
Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), que por conducto de diversos grupos estudiantiles universitarios habíamos convocado a un debate entre los candidatos registrados a Presidente Municipal de Mérida, informamos lo siguiente:
Como informamos en la rueda de prensa, realizada el pasado 6 de mayo, ese mismo día se entregaron ante el Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana (Ipepac) las más de 1,000 firmas de los estudiantes de la Uady, que solicitaban la realización del dicho debate.
El día de ayer, el Ipepac dio respuesta a esos estudiantes, comunicando que “nos vemos en la imposibilidad de organizar un debate político ya que para tal caso se necesita una compleja labor de concertación entre las partes, así como una logística especial para la realización del mismo y, dado que las elecciones son el próximo 16 de mayo, ya no se dispone de tiempo suficientes para la formalización de dicho evento”.
Nuevamente, como ya habíamos señalado, nos encontramos profundamente decepcionados del Ipepac, y de su falta de interés por procurar los espacios de discusión pública que toda democracia necesita.
Hoy, ante una petición de los jóvenes, quiénes somos el grupo más grande de electores, por lo que nosotros decidimos el rumbo de nuestra ciudad, la respuesta del árbitro del proceso electoral, es que no existe tiempo.
Sin embargo, tampoco tuvieron iniciativa alguna para plantear dicho evento, durante el resto el proceso. Al parecer, sesenta días de campaña, no le alcanzan al Instituto aludido para cumplir con los objetivos que la misma Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán le señala, a saber: fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y electoral; promover que los ciudadanos participen en las elecciones; y, coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
De esta forma, se corrobora lo que ayer comunicamos, hay quienes no comprenden, que no es momento de burocratismos y pereza. Nosotros, los ciudadanos de Mérida, merecemos respeto y no esperas, acciones y no quejas, compromiso y no negativas.
La no realización del debate, es responsabilidad de la falta de voluntad política de los candidatos de los que lo rechazaron (PRI y PANAL) y de la propia incapacidad y compromiso del Ipepac.
Finalmente, refrendamos que nuestro compromiso como jóvenes universitarios, es decidido en todo momento del proceso electoral, y nos sumaremos o apoyaremos a cualquier iniciativa que crea que la realización de un debate, es un asunto de voluntad y no un problema de tiempo y de logística.
Nuevos llamados al voto razonado
En un desayuno con más de 800 socios de la Alianza de Camioneros de Yucatán, Angélica Araujo exhortó a la sociedad a que no se confíe ni caiga en provocaciones y tampoco permita que nada ni nadie empañe el proceso electoral.
Dijo a los asistentes que necesita de todos y cada uno de ellos para que junto con sus familias, sus amigos, vecinos, la ayuden este 16 de mayo a ganar los comicios para servir con cercanía y sensibilidad a los meridanos.
“No nos confiemos ni caigamos en provocaciones, no permitamos que nada ni nadie empañe el proceso que los meridanos hemos construido con nuestra participación”, enfatizó.
Recordó que los candidatos del PRI iniciaron desde el cinco de enero un trabajo diario, desde muy temprano y hasta muy noche, escuchando las necesidades de la gente y, sobre todo, jugando limpio.
“Por eso no vamos a permitir que nadie que no ha hecho su trabajo y que no se ha ganado la confianza de los meridanos venga hoy a descalificar un proceso”, aseveró.
De acuerdo con un boletín, la candidata priista dijo que está convencida de que Mérida enviará un mensaje al resto del país de una gran participación en las urnas y pidió que los votos sean para los candidatos del PRI porque plantean propuestas y compromisos puntuales.
Reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la Alianza de Camioneros, quienes desde muy temprano se levantan a laborar, poniendo el mejor esfuerzo para ayudar a muchas familias a hacer sus actividades cotidianas, de ahí la importancia y trascendencia de la actividad que realizan.
“En el tema de transporte, un aspecto fundamental que he reiterado es que Angélica se va a subir al camión y va a asumir de frente, con determinación y entrega para hacer del transporte algo sumamente importante para la vida de la ciudad”, aseguró.
Angélica Araujo consideró a los operadores del transporte público de pasajeros como grandes aliados para la transformación de Mérida y agregó que en su trabajo cotidiano propuso objetivos claros, acciones concretas y viables.
Por su parte, el secretario general de la Alianza, Agustín Escalante Gamboa, manifestó que su proyecto de trabajo y sus compromisos con Mérida han permitido a Angélica ganarse la confianza de sus habitantes.
Por lo pronto, garantizó el respaldo de transportistas para llevarla al triunfo el próximo domingo 16 de mayo.
Por su parte, la candidata del PAN, Beatriz Zavala Peniche, dijo que con el voto masivo no habrá autoridad electoral ni de cualquier otro nivel que impida decidir qué gobierno quieren los meridanos para su municipio.
Ante un grupo de simpatizantes con los que se reunió ayer por la mañana, dijo que el domingo 16 los meridanos “vamos a decidir qué gobierno queremos para nuestro municipio: uno que nos endeude, falto de transparencia, que ataca las libertades, no aplica el erario en beneficio de los ciudadanos, que utiliza los recursos para lucimiento personal y para codearse con gente de la farándula, etc., u otro que aplique los fondos en infraestructura, rinda cuentas, sea eficiente administrador y sin deudas.
La candidata a la alcaldía invitó a acudir a votar desde temprana hora el domingo 16 para evitar que otros decidan por los meridanos.
Acompañada de Renán Barrera Concha, candidata a diputado por el IV Distrito, Beatriz Zavala destacó que su campaña se ha construido mediante el contacto directo con los ciudadanos y es por eso que las soluciones que ha presentado a los problemas que le han expuesto, son reales, viables.
Recordó que la actual administración municipal concluirá su gestión con una deuda de apenas 2% de su presupuesto anual, lo que le permite destinar sus recursos a los servicios para la ciudad, infraestructura, atención a personas marginadas, etc., en lugar de destinarlos al pago de intereses. “Eso nos da solidez y confianza ciudadana”.
Manifestó que Mérida necesita ser atendida en muchos aspectos, sobre todo porque ha crecido horizontalmente y es necesario mucho trabajo para mantener la calidad de vida que tiene y mejorarla. Añadió que hay que definir muy bien el uso del suelo para cada sector de Mérida, lo cual aunque no puede concluirse en dos años, sería irresponsable no comenzar el proceso.
Recordó tres de las soluciones que tiene a los problemas que le han expuesto los meridanos en su contacto directo: un servicio de transporte público con vehículos del Ayuntamiento y tarifa de $3 con posibilidad de transbordo; vigilancia en las colonias mediante una policía comunitaria; crear el centro de conectividad para que el Ayuntamiento enlace a los egresados de instituciones educativas y el sector productivo; fomentar el establecimiento de nuevas empresas, y apoyar a las microempresas aprovechando fondos federales, los que han sido desperdiciados por el gobierno del Estado debido a que no ha querido poner la parte que le corresponde.
A su vez, Barrera Concha, quien calificó a Beatriz como la “dama de hierro”, indicó que la campaña permite a los candidatos dar a conocer sus propuestas así como también su preparación.
—Si una persona trata de encontrar un empleo, debe llenar determinado perfil, demostrar su preparación, presentar exámenes de conocimiento —expresó—. Sin embargo, en este proceso electoral algunos candidatos basan su campaña en batucadas, banderolas, fiestas, pero no se les ve nada de experiencia ni preparación.
En la sesión de preguntas y respuestas, Judy Lugo Carrillo manifestó que su hijo de cuatro años se esconde cada vez que ve a los policías estatales fuertemente armados y le dice: Mami, los policías me dan miedo.
Beatriz Zavala señaló que la policía que propone es una cercana a los vecinos, que los conozca y dé servicio amable.
Isaac Harrison Esquivel pidió que el servicio de transporte de pasajeros lo preste el gobierno, municipal o estatal, ya que ahora casi todos los concesionarios, incluso los taxistas, son gente cercana al partido que se encuentra en el poder en el Estado.
La candidata recordó su propuesta de crear un servicio municipal de transporte, con tarifa de $3, subsidiada.
Por otra parte, en una reunión vecinal en el barrio de La Ermita Beatriz Zavala hizo anteanoche un llamado a preservar la Mérida blanca, la de la transparencia, de la rendición de cuentas y de los buenos gobiernos.
—No dejaremos que pinten de otro color a nuestra Mérida blanca que es sinónimo de compromiso, de transparencia, de libertades, de democracia y de 20 años de buenos gobiernos –indicó.
Antes, en una reunión con mujeres del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento con motivo del Día de la Madre, la candidata señaló que desde la presidencia municipal será también una madre de familia y una trabajadora más.
—Vamos a trabajar desde el Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, para elevar la calidad de vida de los meridanos –expresó— El voto de las mujeres decidirá este 16 de mayo la permanencia de los buenos gobiernos.
En otro boletín se indica que ayer en la madrugada un grupo de desconocidos destruyó tres mantas de la campaña del PAN.
La acción de los vándalos llegó hasta una cartelera tipo unipolar con vista doble en el Anillo Periférico a la altura del campus del Tecnológico y una más ubicada en otro sector de esa vía. A dichas estructuras únicamente se puede acceder con una escalera de gran alcance y el apoyo de equipo especializado en una zona caracterizada por la cotidiana vigilancia del gobierno priísta del estado.
Beatriz Zavala lamentó la destrucción de la propaganda y dijo que el daño a las mantas forma parte de las acciones que agudizan los recientes acontecimientos, como el acoso de la policía política al servicio del poder Ejecutivo y la falta de equidad en la cobertura de los medios; la actuación del Instituto respecto de su subdirector de Capacitación, Daniel Rochel Novelo, y el reciente caso de las boletas electorales faltantes y sobrantes que ponen en duda el papel del Ipepac de cara a los comicios del 16 de mayo.
—Reiteramos nuestro llamado a las autoridades para exigir garantías de equidad en este proceso y el cumplimiento de los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y certeza que deben regir sus actos
Otro extravío electoral
- No aparecen 5,800 boletas para Valladolid, Xocchel y Ticul
- Más acusaciones en los casos de Ucú y de Ismael Peraza
Un nuevo caso de boletas desaparecidas se conoció ayer, un hecho que —según el PAN— resta credibilidad y confianza al proceso electoral yucateco, pero que no debe desanimar a los votantes sino que les debe servir de aliciente para participar en los comicios y estar más vigilantes del desarrollo de la jornada del próximo día 16.
Según se informó, en el acto de entrega y recepción de la dirección de Procedimientos del Ipepac —a raíz de la destitución de Valentín Rivas Miranda— se reportó que no se mandaron a imprimir 5,800 boletas de Valladolid, Xocchel y Ticul. La representación panista dijo que se trata de un nuevo extravío.
En otros temas políticos, el senador panista Hugo Laviada Molina dijo que la gobernadora Ivonne Ortega lo quiere callar y el diputado priista Ismael Peraza hizo nuevas acusaciones.
¿Y las boletas?
En el Consejo Electoral se descubrió un nuevo caso de boletas electorales faltantes. Se habla de omisión y extravío.
3 son los municipios afectados por el faltante: Valladolid, Xocchel y Ticul.
3,800 boletas no aparecen solo en el caso de una sección de Valladolid.
900 boletas faltan en Xocchel. Se hizo nuevo pedido a la empresa impresora.
En la entrega-recepción con motivo de la destitución del director de Procedimientos del Ipepac, Valentín Rivas Miranda, se encontraron más anomalías, como, por ejemplo, que no mandó a imprimir 5,800 boletas más de Valladolid, Xocchel y Ticul, informó ayer el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez.
El representante del PAN ante ese Consejo, Orlando Pérez Moguel, indicó que son boletas extraviadas, no faltantes, y se debería proceder penalmente contra Rivas Miranda.
“Esto no debe desanimar a los electores. Al contrario, deben verlo como un incentivo, un motivo más para salir a votar y estar vigilantes el próximo domingo 16”, añadió.
Pérez Moguel señaló que estas anomalías restarán credibilidad y confianza al proceso electoral, sobre todo en las autoridades electorales.
Rivas Miranda fue destituido el miércoles pasado por cometer el error de no mandar a imprimir 22,600 boletas de Mérida. En su lugar se nombró a Manuel Carrillo Toraño.
El secretario ejecutivo informó ayer que como parte del proceso de entrega-recepción, al hacer el arqueo de lo que recibía el nuevo director de Procedimientos se descubrió que se mandaron imprimir menos boletas de las que se requieren en Valladolid, Xocchel y Ticul.
De la sección 1011 de Valladolid se debieron solicitar por cada elección —de diputados y alcaldes— 2,000 boletas y sólo se pidieron 200. En la sección 1043 de Xocchel se requieren mil y sólo se pidieron 100, y en la 894 de Ticul, 1,800 y 1,600 papeletas, respectivamente.
Para completar esas boletas de nuevo se habló con la empresa Litho Formas, en la ciudad de México, para que las imprima y se vaya por ellas.
Sesión hoy Para cubrir las formas del caso, al igual que el sábado pasado cuando se descubrió el primer faltante, se convocó para hoy a las seis de la tarde a una sesión extraordinaria del Consejo General Electoral del Estado.
En esta sesión, indicó el secretario ejecutivo, se informará a los consejeros sobre esta nueva anomalía. Deberán aprobar que se solicite la impresión de las boletas que faltan.
Por estas fallas, reconoció Góngora Méndez, se afectó la credibilidad del proceso, aunque se procedió en ambos casos a la corrección inmediata.
“No se ocultó; por el contrario, se informó de inmediato lo sucedido y en todo momento se actuó con transparencia, hasta destituir al responsable”, insistió.
