Noticias de Yucatán
Divide opiniones en el Inaip el caso del secretario ejecutivo
08/05/2010
El Instituto de Acceso a la Información Pública ratificó ayer su sentencia y sus críticas contra la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) por la negativa de ésta a entregar información sobre la contratación de los profesores de la Preparatoria No. 3.
Los tres consejeros de ese instituto ordenaron a esa casa de estudios hacer pública la documentación donde se indique cómo seleccionó a los catedráticos y qué criterios siguió para ello.
Deploraron que la Uady haya violado su reglamento de personal académico y recurriera sólo a entrevistas y pruebas psicométricas para decidir a qué candidatos aceptar o rechazar.
—No es la primera vez que la universidad cae en la cerrazón cuando se trata de dar información pública —expresó la consejera Ana Rosa Payán Cervera—. Y lamentamos nuevamente que esa institución rompa sus propias reglas, pues deja sin garantías a quienes aspiran a un cargo en esa casa de estudios.
El consejero presidente, Ariel Avilés Marín, expuso que lo más grave en este caso es que la Uady emitió una convocatoria donde fijó las bases para contratar a ese personal, y no cumplió aquella.
El consejero Miguel Castillo subrayó el hecho de que esa universidad no siguió sus propios procedimientos en esa selección de personal y además aquella reconoció que asigna plazas académicas usando para ello sólo pruebas psicométricas y entrevistas a los candidatos.
En la reunión de ayer los consejeros se dividieron al votar sobre el caso de Pablo Loría Vázquez, el secretario ejecutivo al que cesaron y que ganó en primera instancia un amparo contra esos tres funcionarios.
Ana Rosa Payán propuso aceptar esa sentencia —así voto— pues considera que crecerá el ya elevado monto de los salarios caídos que deberán pagarle a Loría Vázquez si un tribunal colegiado ratifica la resolución.
Los consejeros Miguel Castillo y Ariel Avilés opinaron lo contrario: la jueza cometió un error al equiparar el papel del secretario ejecutivo con el de un magistrado y emitir su sentencia con base en esto.
—Se fue con la finta porque no conoce bien la ley en esta materia —manifestó Miguel Castillo—. Si bien el secretario ejecutivo tiene funciones jurisdiccionales, éstas tienen un límite: quien las hace valer es el Consejo General.
También dijo que los tres consejeros caerían en falta administrativa si no piden la revisión del amparo. “El partido no se termina en el medio tiempo, hay que ir hasta el final”.
Los tres consejeros de ese instituto ordenaron a esa casa de estudios hacer pública la documentación donde se indique cómo seleccionó a los catedráticos y qué criterios siguió para ello.
Deploraron que la Uady haya violado su reglamento de personal académico y recurriera sólo a entrevistas y pruebas psicométricas para decidir a qué candidatos aceptar o rechazar.
—No es la primera vez que la universidad cae en la cerrazón cuando se trata de dar información pública —expresó la consejera Ana Rosa Payán Cervera—. Y lamentamos nuevamente que esa institución rompa sus propias reglas, pues deja sin garantías a quienes aspiran a un cargo en esa casa de estudios.
El consejero presidente, Ariel Avilés Marín, expuso que lo más grave en este caso es que la Uady emitió una convocatoria donde fijó las bases para contratar a ese personal, y no cumplió aquella.
El consejero Miguel Castillo subrayó el hecho de que esa universidad no siguió sus propios procedimientos en esa selección de personal y además aquella reconoció que asigna plazas académicas usando para ello sólo pruebas psicométricas y entrevistas a los candidatos.
En la reunión de ayer los consejeros se dividieron al votar sobre el caso de Pablo Loría Vázquez, el secretario ejecutivo al que cesaron y que ganó en primera instancia un amparo contra esos tres funcionarios.
Ana Rosa Payán propuso aceptar esa sentencia —así voto— pues considera que crecerá el ya elevado monto de los salarios caídos que deberán pagarle a Loría Vázquez si un tribunal colegiado ratifica la resolución.
Los consejeros Miguel Castillo y Ariel Avilés opinaron lo contrario: la jueza cometió un error al equiparar el papel del secretario ejecutivo con el de un magistrado y emitir su sentencia con base en esto.
—Se fue con la finta porque no conoce bien la ley en esta materia —manifestó Miguel Castillo—. Si bien el secretario ejecutivo tiene funciones jurisdiccionales, éstas tienen un límite: quien las hace valer es el Consejo General.
También dijo que los tres consejeros caerían en falta administrativa si no piden la revisión del amparo. “El partido no se termina en el medio tiempo, hay que ir hasta el final”.
