El diputado y ex regidor Renán Barrera Concha, quien formó parte del equipo de entrega-recepción en 2007, afirma que el informe que presentaron la alcaldesa Angélica Araujo Lara y el contralor Reyes Porfirio Cortés Pech adolece de falsedades y acusaciones a la ligera.
“Fue un acto con el sello de 'Mi Stilo', una puesta en escena para tratar de desprestigiar a la anterior administración y distraer la atención de lo verdaderamente importante: la entrega de resultados, que obviamente no hay”, apunta el ex integrante del Cabildo que encabezó César Bojórquez Zapata.
Más tarde, el contralor municipal, Reyes Porfirio Cortés, nos envió un boletín en el que indica que se siguieron todos los procesos legales.
“Un ejemplo de las falsedades que contiene el informe es que señalan como una irregularidad un poder que le otorgó al alcalde a la directora de Administración para firmar contratos y que, según el contralor (Cortés Pech), nunca fue turnado al Cabildo para su aprobación”, indica Renán Barrera.
“El contralor dice que 'supone' una posible violación a las disposiciones legales emanadas de la Ley de Gobierno de los Municipios y demás disposiciones que emanan de ella (sic).
“Es dolo, desconocimiento o incompetencia, o las tres juntas: el artículo 55 de la misma Ley de Gobierno de los Municipios dice que el alcalde está facultado para delegar la representación jurídica en otra persona que tenga a bien designar. Nunca dice que esto debe pasar por Cabildo, es una facultad del alcalde.
“Es grave que el contralor desconozca algo tan básico, más aún siendo abogado. Eso le resta seriedad, institucionalidad y credibilidad a su pretendido informe de entrega-recepción”.
“No se dio a la tarea de averiguar y documentar sus dichos. El poder fue otorgado el 24 de agosto de 2007 y dio fe de ese hecho la notaria pública No. 34, Verónica Moguel Esperón. En ese documento se anexó el precepto legal que justifica la expedición de ese poder”.
“¿No es esto una falsedad?, ¿una acusación a la ligera?. De eso está plagado el informe que presentaron ayer (miércoles)”, subraya Barrera Concha.
El ex regidor señala que la alcaldesa y el contralor afirmaron que encontraron “numerosas deficiencias e irregularidades, un claro abandono de las tareas sustantivas, falta de proyecto y de visión, un parque vehicular inservible, inercias organizacionales, etcétera.
“Pintan un panorama desolador, pero sus supuestos no corresponden a la realidad que vivimos en el trienio anterior. Los meridanos saben que hubo orden en la finanzas, transparencia, calidad en los servicios públicos, proyectos innovadores...
“Mérida recibió reconocimientos nacionales e internacionales, está considerada entre las mejores ciudades del país.
“En vez de armar shows mediáticos y preparar el escenario para las revanchas políticas, lo que debe hacer este Ayuntamiento es ponerse a trabajar”, apunta Renán Barrera.
El diputado afirma que el contralor no sólo incurrió en responsabilidad al no vigilar que se cumpla la entrega-recepción entre los comisionados que recibieron los bienes y los actuales directores, sino que también violó la Constitución.
“Es otra falta grave, al difundir las actas de comparecencia de los ex directores hizo públicos sus datos personales, vulnerando así sus garantías individuales. Merece otra sanción por esta ilegalidad”.
En su escrito, el contralor dice que “con el máximo cuidado y apego a la normatividad, todos y cada uno de los directores revisó la entrega-recepción de las áreas del Ayuntamiento de Mérida de su competencia”.
El funcionario asegura que las instrucciones de la alcaldesa Angélica Araujo Lara fueron muy claras y precisas, “para que todos se conduzcan con honestidad, compromiso y responsabilidad, principios que asumieron con el objetivo de ser transparentes en su gestión, porque la sociedad meridana así lo demanda.
“Área por área y departamento por departamento se realizó la revisión por parte de las direcciones y organismos municipales que han trabajado con profesionalismo y con la validez de un cuerpo especializado. A la Contraloría llegaron los reportes de anomalías”, continúa el escrito.
El contralor señala que los funcionarios advirtieron una lista muy larga de anomalías, omisiones y faltantes derivado de un arduo trabajo de análisis y diagnóstico, para dar paso así a que solicitaran a la Contraloría Municipal las comparecencias de los ex funcionarios de la administración de César Bojórquez.
Al preguntarle si considera que en el trabajo efectuado por los directores del actual Ayuntamiento pudiese existir alguna duda o falta de vigilancia en la forma como se recibió de manos ciudadanas los bienes y activos municipales, el contralor señala que no hay duda, ya que la personalidad de los ciudadanos que participaron en la entrega-recepción está prevista en el Reglamento que rige ésta.
Al momento de asumir el cargo la alcaldesa la noche del 30 de julio al 1º de julio –recordó el Contralor- su Gobierno se apoyó en un Comité Ciudadano de entrega-recepción de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de Entrega-Recepción Municipal. Esos ciudadanos plenamente avalados por su probidad recibieron los documentos de los ex funcionarios, levantándose un acta circunstanciada del hecho. Posteriormente entregaron la documentación hasta que los nuevos funcionarios asumieron sus cargos el 3 de julio, luego de ser nombrados por el Cabildo de Mérida.
Esa fue una etapa de transparencia y vigilancia, porque la propia alcaldesa convocó a la sociedad civil a fungir como vigilante del proceso de cambio de autoridades.
Efectivamente se verificaron los activos y lo que entregaron los funcionarios salientes, sin embargo cada área fue comprobando que el funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles no correspondió en muchos casos con lo manifestado por los ex funcionarios y por eso se les citó.
Porfirio Cortés aclara que si bien concluyó el tiempo que marca la normatividad para aclarar dudas en términos de buena voluntad de ambas partes, el proceso de investigación continuará, “porque la presidenta municipal ha sido muy clara al reconocer que los meridanos depositaron su confianza en este nuevo Gobierno Municipal para que cuide los recursos que son de todos los ciudadanos”.
Por ello, finalizó el Contralor, la verificación continúa y en una siguiente etapa, llegado el caso, se procedería en términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y en las demás disposiciones aplicables.
