(1)Un primer recuento del programa "Preguntar" de la Fecuy saca a la luz un caso de presunta ilegalidad que involucra a la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer: cobra dos sueldos, uno en el Congreso y otro en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), cuando legalmente son puestos incompatibles.
Información proporcionada por la Unidad de Acceso a la Información de la Uady revela que la ex secretaria de Educación obtiene $36,128 mensuales en la Facultad de Psicología como "profesora de carrera titular C de tiempo completo", al mismo tiempo de tener la encomienda legislativa.
En su papel de diputada, la presidenta de la Comisión de Educación tiene ingresos de poco más de $70,000 mensuales, agregando diferentes conceptos de percepciones.
Sumando los dos puestos simultáneos, la legisladora Leticia Mendoza devenga poco más de $136,000 mensuales.
"La diputada tomó posesión el 1 de julio de este año y la información oficial de la Uady, en este caso la nómina que solicitamos, es la correspondiente a la primera quincena de septiembre, es decir, dos meses después de ocupar su curul", indica Blanca Estrada Mora, presidenta de la Fecuy.
"No tiene nada de raro que una persona 'dobletee', pero en este caso Leticia Mendoza está impedida legalmente. El artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Yucatán es claro y contundente: 'El cargo de diputado es incompatible con cualquier puesto, comisión o empleo público'", subraya la ex diputada local.
"Aún cuando saliera a decir ahora que ya no labora en la Facultad de Psicología la ilegalidad ya se cometió", enfatiza.
En la copia de la nómina, Leticia Dolores Mendoza Alcocer aparece con el número 34 de la lista, con un sueldo ordinario de $11,845.32 quincenal, más un pago de $6,218.79 por concepto de antigüedad, lo que arroja un monto de $18,064.11.
En el documento aparecen descuentos por varias cantidades y conceptos, y está cubierto con tinta negra el neto a pagar.
"Qué malo que una legisladora, que está para hacer leyes y vigilar que se respeten, incurra en una ilegalidad", apunta Blanca Estrada.
"El rector de la Uady (Alfredo Dájer Abimerhi) debe ponerse vivo para evitar que le metan goles de este tipo. Y si lo sabe y lo permite, pues qué pena que la máxima casa de estudios sea cuna de ilegalidades como ésta.
"Si una diputada 'dobletea' salario y lo hace al margen de la ley, ¿cómo va a fiscalizar al gobierno del Estado? ¿Seguirá cobrando como asesora de la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco)?", pregunta la presidenta de la Fecuy.
En el primer recuento de las preguntas que formuló a varios ayuntamientos, entre ellos el de Mérida; al gobierno del Estado y a la Uady, Blanca Estrada indica que la casa de estudios dijo que es inexistente la información relativa al presupuesto, partida y capítulo del dinero que se le da a las organizaciones, sociedades y federaciones estudiantiles.
El 17 de octubre publicamos que el presidente de la Facultad de Derecho, Samuel Gómez Xecé, afirmó que la Uady destina más de $10.5 millones al año a los líderes estudiantiles para el financiamiento de actividades en las escuelas y facultades.
Gómez Xequé indicó que los líderes reciben un subsidio mensual de la Rectoría, pero no en efectivo, sino la Uady paga las facturas de sus gastos.
"Si no hay presupuesto, partida ni capítulo autorizado para ese gasto, ¿entonces de dónde sale el dinero que se le da a las sociedades y federaciones?", pregunta Blanca Estrada.
"¿Sale de la bolsa de quién? ¿O viene por fuera? Sería saludable que el rector le explique a la opinión pública", apunta .
En relación con una pregunta a la Comuna meridana, su Unidad de Acceso a la Información admite que "luego de una búsqueda exhaustiva" no encontró los proyectos que se financiarán con el préstamo de $100 millones que aprobó la mayoría priista del Cabildo y ratificó el Congreso
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