(1)En medio de la inminente lucha jurídica entre empresarios yucatecos y el gobierno del Estado, expertos en Derecho afirman que sí hay posibilidades de que prospere un amparo contra las alzas de impuestos.
La ley en la materia, explican, prevé el amparo contra leyes, en este caso contra la Ley de Hacienda 2011, que contiene las alzas que se cobrarían a partir de enero, de manera que existe el camino legal para promover el juicio de garantías.
Cuestiones de fondo
La batalla jurídica sería en cuestiones de fondo, en el tema de la motivación que dio origen a los aumentos, no en la forma o en la fundamentación de esa norma estatal, apuntan los especialistas consultados. En otras palabras, toda ley debe estar fundada y motivada, señalan.
El primer requisito se cumple, toda vez que el Ejecutivo tiene facultades para enviar la iniciativa correspondiente al Congreso del Estado y, a su vez, el Poder Legislativo está facultado para aprobar normas de ese tipo.
No se puede objetar que el alza de impuestos al hospedaje y a nóminas está fundada, porque se cumplieron las formalidades de ley. Sin embargo, la batalla legal se daría en la motivación, en los argumentos y razones que sostienen los aumentos, que tienen que estar justificados.
"Los quejosos, en este caso los empresarios, pueden argumentar una falta de proporcionalidad en los aumentos, porque las alzas del 25% en el caso del impuestos a las nóminas (que pasó del 2 al 2.5%) y del 50% en el impuesto al hospedaje (que subió del 2 al 3%) deben estar sustentados en estudios socioeconómicos o financieros.
"Por ejemplo, pueden argumentar que la inflación fue del 4%, que el salario aumentó un 4.5%, que el Índice de Precios al Consumidor o los Cetes aumentaron en tal porcentaje, pero ninguno llegó al 25% y menos al 50%, lo que evidencia un aumento desproporcionado.
"Tienen 30 días para ampararse cuando entren en vigor las alzas ó 30 días a partir de que las paguen y les ocasione el perjuicio", afirman.
(1)La delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaives) alza la mano para informar que sus socios se sumarán a la lluvia de amparos contra el aumento de impuestos que aprobó el Congreso a propuesta de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
La razón es que es uno de los sectores más afectados con el aumento al 2.5% del impuesto sobre las nóminas, concepto por el que pagarían $27.1 millones en 2011, dice Gustavo Millet Reyes, presidente de la Canainves.
El directivo afirma que participarán en la reunión convocada por la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome) el martes 4 de enero, para manifestar su repudio a los aumentos y su adhesión a la lucha jurídica.
Millet Reyes arremete también contra el diputado Mauricio Sahuí Rivero, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, por desvirtuar la propuesta del impuesto del 1% al consumo y por responder con descalificaciones al sector empresarial.
"La molestia es porque anda declarando falsedades, mintiendo y cambiando el sentido de una propuesta", subraya Millet.
Expertos en Derecho afirman que hay posibilidades de ganarle la batalla jurídica al gobierno.
"Toda ley tiene que estar fundada y motivada, la primera se cumple porque el Ejecutivo y el Legislativo tienen facultades para proponer y aprobar alzas de impuestos, pero la clave está en la motivación", advierten.
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