(6)Fue creada a principios de los años 80 como una empresa social para resolver los problemas de la comercialización de la naranja y regular el precio de la fruta. Hoy es prácticamente un barril sin fondo con cargo al erario.
Se trata de la Planta Procesadora de Cítricos "Lol Pakal", mejor conocida como la juguera de Akil. Instalada entre ese municipio y Oxkutzcab, la única agroindustria del sector social yucateco pasó del auge en la década de los ochenta a una historia negra de malos manejos y deudas que la llevaron a la quiebra y luego a una operación de altibajos.
Parte de esa historia negra es un fraude cometido a principios de los 90, cuando "desaparecieron" 720,000 dólares y otros recursos que presuntamente se utilizaron para financiar campañas del PRI. Nunca se aclaró el destino de ese dinero, pero la deuda llevó a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado a perder la propiedad de la planta.
Otro capítulo de esa negra historia fue el suicidio de su primer gerente, Jorge Ludlow, involucrado en un fraude de 42 millones de viejos pesos.
En la actualidad, la procesadora carga con antiguas deudas que la tendrían de nuevo en la quiebra total si no fuera por la continua inyección de recursos del gobierno, su único respiro.
Su insolvencia consta en el Buró de Crédito. Las malas notas en esa institución propician que nadie, excepto la autoridad, le otorgue préstamos.
Su situación es tan crítica que la Unión de Ejidos Citricultores es sólo administrador de las instalaciones.
Pocos socios de esa agrupación saben que perdieron la propiedad y la cedieron al gobierno del Estado en 2006, cuando éste intervino para evitar un embargo bancario. Si el Ejecutivo les cobrara renta por terrenos, instalaciones y equipo, la operación de la procesadora sería impagable.
A los problemas económicos se suma un declive en la producción citrícola en los últimos tres años.
"La producción de cítricos en Yucatán ha sido abandonada por la falta de visión y de interés de las autoridades estatales y federales, que han visto en los productores y en la actividad sólo una oportunidad para ampliar su esfera de control político", deplora Lorenzo Alvarado Sosa, presidente del Consejo Citrícola del Estado.
En los últimos años la juguera ha sido escenario de recorridos de autoridades o tema socorrido para el anuncio de apoyos.
En el acto oficial más reciente, el secretario de Fomento Agropecuario y pesquero del gobierno del Estado, Alejandro Menéndez Bojórquez, entregó a los administradores un cheque de un millón de pesos para comenzar a captar la fruta de esta temporada.
Se supone que esa cantidad fue entregada en préstamo, pero no hay datos precisos sobre los apoyos a fondo perdido que se canalizan a la procesadora.
Central 9 solicitó datos oficiales, pero no hubo respuesta. También se pidieron a la Consejería Jurídica del Ejecutivo datos sobre la situación legal de la planta; tampoco accedió.
Lo cierto es que la juguera es propiedad del gobierno del Estado desde los últimos años de la administración de Patricio Patrón Laviada, cuando una amenaza de embargo y remate pesaba sobre esa empresa.
Roger González Herrera, quien fue secretario de Desarrollo Rural y Pesca y ahora es gerente local de Firco, confirma que Banco Bital (ahora HSBC) promovió un juicio mercantil contra la juguera por un adeudo de más de 700,000 dólares.
Ese dinero, obtenido por administraciones anteriores, es el que presuntamente se desvió a campañas del PRI.
La Unión de Ejidos perdió el juicio y, al verse requerida al pago de 36 millones de pesos (intereses incluidos), solicitó la intervención del Ejecutivo. Después de una serie de negociaciones, las autoridades llegaron a un acuerdo con el banco que permitió finiquitar el caso en $5 millones. De esta forma, el gobierno adquirió los derechos derivados del litigio.
La administración de Patricio Patrón había decidido devolver la propiedad a la Unión de Ejidos, pero surgieron más acreedores que ponían de nuevo en riesgo el patrimonio de los citricultores.
"Propusimos que se formara una nueva agrupación, la Unión de Naranjeros, para liberarse del antecedente y adquirir otra personalidad jurídica", recuerda González Herrera. "Surgieron grillas y no se hizo. Nosotros no pudimos darle seguimiento porque hubo cambio de gobierno".
Miguel Canul López, presidente del Consejo de Administración de la juguera, niega que ésta tenga problemas económicos. Incluso, asegura que está "en un punto de equilibrio económico" y sus únicas deudas corresponden a los créditos que le otorga el gobierno para la captación de fruta.
Aunque no lo dicen sus dirigentes, buena parte de los apoyos que recibe la planta no son de carácter devolutivo. Para tener una idea de la magnitud de esos recursos, sólo en 2004 el Ejecutivo estatal le asignó más de $20 millones a fondo perdido para mejorar las instalaciones y adquirir más equipo.
En nota aparte ofrecemos más datos sobre la situación económica de la juguera. En próxima entrega abundaremos sobre las entrevistas que concedieron Miguel Canul y Lorenzo Alvarado.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
ton forman la capacidad instalada de la planta. Actualmente procesa mucho menos.
toneladas de naranja dulce se procesaron durante la temporada más reciente.
ejidos están agrupados en la Unión de Ejidos Citricultores del Sur, que era dueña de la planta.
delegados, cuatro por cada ejido, toman las decisiones por todos los productores, en asamblea.
empleados, en diferentes áreas, operan en la procesadora durante los ciclos de producción.
dólares se defraudaron en la década de los 90. Nunca se aclaró a dónde fue a parar ese dinero.
(1)El 8 de mayo de 2002 se efectuó una reunión poco común en el Palacio de Gobierno. Un grupo de socios de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, encabezados por su presidente, Javier Novelo Ku, devolvió al Ejecutivo un préstamo de $1.3 millones que había recibido para pagar la captación de naranja en la juguera de Akil.
Ese día fue calificado como histórico por las autoridades estatales, pues aparentemente quedaba atrás una etapa de malos manejos que tenían a la procesadora de cítricos en continua bancarrota.
Pocos años duró la alegría, pues las deudas que arrastraba la planta desde años atrás impidieron su repunte y la llevaron a formar parte de la lista de propiedades del Ejecutivo del Estado.
No hay un registro preciso de la situación financiera actual de la planta, por la ausencia de información oficial. El presidente del Consejo de Administración, Miguel Canul López, asegura que las únicas deudas son de los préstamos que les concede el gobierno para adquirir fruta al principio de cada ciclo.
Sin embargo, el Buró de Crédito clasifica a la procesadora como insolvente, con nula capacidad para adquirir préstamos.
Antes de comenzar el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, la juguera libró un embargo al perder un juicio con Banco Bital (ahora HSBC), pero siguió arrastrando los siguientes adeudos:
1) $11 millones con Banrural, que estaba en proceso de liquidación.
2) $2 millones con el IMSS.
3) $800,000 con el Infonavit.
4) $1.5 millones con Hacienda.
5) $1 millón con una empresa por renta de extractores.
Hasta donde se sabe, esos adeudos no fueron saldados. Si se les agregan los intereses generados, las cantidades se disparan considerablemente.
¿Cómo opera?
La juguera de Akil comenzó a operar en forma en 1981. Es administrada por la Unión de Ejidos Citricultores -su dueño original-, formada por doce núcleos: Muna, Sacalum, Ticul, Yotholín, Dzan, Pustunich, Maní, Oxkutzcab, Akil, Tekax, Tzucacab y Ticum.
La Unión agrupa a un promedio de 3,600 productores. Su máxima autoridad es la asamblea, que tiene facultades para nombrar al Consejo de Administración de la planta.
Integran la asamblea 48 delegados, cuatro por cada ejido. Ellos son quienes deciden por todos los productores.
Dirigentes y funcionarios entrevistados por Central 9 coinciden en que uno de los grandes problemas de la juguera es que los delegados fijan precios altos para pagarse a sí mismos y no se guían con criterios empresariales.
Esto conduce a elevados costos de operación de la planta, que, además, se ve sometida a intereses políticos.
Su mercado no representa problema, pues tiene destinos garantizados en Europa, además de que tiene un contrato de maquila de limón italiano con la Coca Cola.
Su actual presidente, Miguel Canul López, niega que haya quebranto. Asegura que el punto de equilibrio en que se encuentra la juguera le alcanza para mantener a su personal aun cuando termina la temporada de producción. (Continuará).
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