Apoyos cuantiosos al ex presidente de la juguera de Akil
Más detalles del presunto fraude en la juguera
Denuncian fraude en el manejo de la juguera de Akil
Freddy Alberto Domínguez Aké, delegado de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, planteó ayer: “El gobierno no puede salir en defensa de cuarenta ladrones”.
Esos “cuarenta ladrones”, explicó el productor, son “los que tienen secuestrada a la juguera de Akil”, propiedad de la Unión de Ejidos.
Acompañado del presidente del Consejo de Vigilancia de la planta procesadora, Víctor Humberto Be Chablé, y de otros socios de la Unión de Ejidos, el delegado encabezó una rueda de prensa en la que denunció un fraude en la juguera que podría llegar a $85 millones.
Los productores acusaron a Miguel Ángel Canul López, ex presidente del consejo deadministración, de estar a la cabeza del fraude en perjuicio de 600 productores agrupados en la Unión de Ejidos.
Citaron como ejemplo que en los cinco años de Miguel Canul al frente de la juguera -en toda la administración estatal anterior- se maquilaron 78,000 toneladas de limón que debieron arrojar un ingreso de $75 millones, considerando el tipo de cambio de cada ciclo porque las ventas al extranjero se cotizan en dólares.
Lo reportado finalmente, aun con descuentos de costos de operación y pago de sueldos, fue de $39 millones. De la diferencia nadie sabe porque durante la gestión de Canul López nunca se rindieron cuentas, explicó Domínguez Aké.
Ese cálculo corresponde sólo al limón, pero, de acuerdo con los inconformes, si se consideran todos los productos que se procesan en la planta y la venta de cáscara, entre otras cosas, el desvío asciende a unos $85 millones.
En la rueda de prensa se explicó que el capítulo más reciente de las irregularidades en la juguera ocurrió el sábado pasado, cuando se efectuó una asamblea clandestina a la que no se permitió el acceso a varios delegados. En esa reunión se acordó, también ilegalmente, destituir a Be Chablé como presidente del Consejo de Vigilancia.
Domínguez Aké anticipó que impugnarán la asamblea por la vía jurídica.
Otra anomalía que se reportó ayer es la venta de un terreno de la Unión de Ejidos -el tablaje 1870 de Akil-, sin autorización de la asamblea, a “Financiera Pequeña Australia”.
Canul López dejó el cargo en mayo para dirigir la oficina de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Maxcanú. Lo sustituyó José Ignacio Maravé Casanova, a quien los descontentos consideran un simple títere. (Continuará).- ÁNGEL NOH ESTRADA
Juguera | Denuncia
La asamblea del sábado en la juguera fue ilegal, afirma un grupo de productores.
Cañonazos
Los denunciantes aseguran que el grupo afín a Miguel Canul López pagó $10,000 a cada uno de los asistentes para que avalaran ilegalidades.
Policías con lista
También dicen que no se permitió el paso a delegados considerados incómodos y policías estatales tenían una lista de quienes debían pasar.
Policías con lista
En próxima entrega abundaremos en las ilegalidades de que se acusa a Canul y las ligas políticas de éste
Citricultura con maquillaje
Con activos de un valor cercano a los 50 millones de pesos, la Planta Procesadora de Cítricos de Akil trabaja en condiciones adversas, pues sólo sobrevive de créditos que en su mayoría le otorga el Fondo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).
Esta situación "atora" sus operaciones, pues si recibe un préstamo de $3 millones, por ejemplo, lo utiliza de inmediato y después regresa a su realidad.
Como informamos anteayer, la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado de Yucatán sólo tiene la posesión, no la propiedad de la juguera de Akil. El gobierno del Estado adquirió los derechos cuando entró a su rescate al perder la planta un juicio mercantil, que hubiera implicado su embargo y remate.
Sin admitir que la Unión de Ejidos ya no es dueña de la procesadora, el presidente actual del consejo de administración, Miguel Canul López, reconoce que durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada se negoció la deuda de 720,000 dólares con Banco Bital (ahora HSBC).
Ese adeudo, recuerda el dirigente en una entrevista, se contrajo en 1991 y nunca se aclaró en qué se usó el dinero.
Banco Bital promovió un juicio mercantil, que ganó. Entonces la reclamación era de 36 millones de pesos, pero el Ejecutivo llegó a un arreglo que significó el pago de $5 millones.
Canul López asegura que actualmente la juguera sólo adquiere un crédito con el gobierno del Estado, de un millón de pesos, en cada inicio de operaciones para pagar la fruta y otros gastos relacionados con la producción.
Este año, afirma, es la segunda vez que se contrae ese préstamo.
Incluso, dice que en cada temporada de procesamiento de cítricos logran captar hasta $1.5 millones de utilidades.
Sin embargo, en los hechos la juguera no es sujeto de crédito más que del gobierno, por su pésimo historial en el Buró de Crédito y sus antecedentes de embargo, a los que se agregan fraudes nunca aclarados.
Hasta 2007 tenía adeudos con el Banrural (entonces en proceso de liquidación), Hacienda, el IMSS, el Infonavit y una empresa que le rentaba los extractores.
"Con nosotros la juguera funcionó bien", señala Roger González Herrera, gerente local de Firco y ex secretario de Desarrollo Rural y Pesca. "Marchaba bien y pagaba a tiempo los créditos".
Durante el gobierno de Patrón Laviada en un solo ejercicio se "inyectaron" a la planta más de $20 millones que se destinaron a sus modernización. Aunque estaban dentro de la ley, en programas establecidos, los recursos fueron "a fondo perdido", es decir, no tenía qué devolverlo la Unión de Ejidos Citricultores.
Ya en 2011, el Consejo Citrícola Yucateco, no le ve buenas perspectivas a la actividad. Asegura que hay una baja desde que se inició el gobierno de Ivonne Ortega y cree que hay cifras maquilladas.
"La producción citrícola en Yucatán ha disminuido drásticamente en los últimos tres años debido a la falta de políticas de fomento y conservación de esta actividad , que hoy por hoy es la más importante en el Estado", subraya Lorenzo Alvarado Sosa, presidente de esa agrupación.
"La superficie de la citricultura ha variado, de 18,575 hectáreas en 2007 a 18,259 en 2010, según cifras de la Sagarpa", añade Alvarado Sosa, quien fue secretario de Agricultura al principio del segundo período de gobierno de Víctor Cervera Pacheco.
Sin embargo, advierte que esas cifras no reflejan la situación real que se vive en el campo, ya que los productores no tienen ingresos por falta de la fruta para su venta, lo que también se refleja en los volúmenes muy bajos que ha procesado la juguera de Akil en los últimos años.
Según datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado, añade, en 2008 se procesaron 28,150 toneladas de naranja; en 2009 fueron 2,160 y en 2010 se llegó a 10,540. Esto representa 18.1, 2.37 y 7.97% de la producción estatal, según las cifras de la Sagarpa, lo que carece de credibilidad si se toma en cuenta que la juguera tiene capacidad para procesar hasta 6,000 toneladas mensuales durante los meses de mayor producción, que son octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.
"Esto nos daría un total de 30,000 toneladas en un período de cinco meses siempre y cuando haya producción", prosigue. "La realidad es que no hubo la producción que reporta la Sagarpa, pues si se hubieran obtenido en 2009 las 91,046 toneladas de naranja que aparecen en la estadística, entonces se hubieran procesado más de 18,000 toneladas; de igual manera, si en 2010 se hubieran logrado las 132,172 toneladas que se reportan, al proceso se le habrían canalizado más de 26,000 toneladas. Esto no ocurrió, porque sencillamente no existió la cantidad consignada en los informes.
Foro regional
Precisamente ayer se efectuó en esta ciudad, en las oficinas de la Sagarpa, el primero de cuatro foros regionales tendientes a adoptar medidas contra la enfermedad "Huanglongbing" (HLB), que afecta a la citricultura.
En esa reunión, Miguel Martín López, presidente de la Comisión de Citricultura de la Cámara de Diputados, exhortó a los gobiernos locales y a los productores a sumarse a los trabajos para proteger a la citricultura.
Asistieron los secretarios del ramo agropecuario de Campeche y Quintana Roo. En el caso de Yucatán no estuvieron ni la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco ni el secretario Alejandro Menéndez Bojórquez.
Equilibrio
En el tema de la juguera, Canul López recalcó que la planta está en un punto de equilibrio que le permite mantener a su personal incluso cuando termina la temporada de producción de cítricos.
En los dos meses en que prácticamente se queda sin actividad la procesadora, apuntó, se absorben los gastos en personal y en compra de refacciones para dar mantenimiento a las máquinas extractoras. (Continuará).- Angel Noh Estrada/ Jesús Bacab Chulim
toneladas de naranja se alcanzaron en el ciclo 2008-2009, uno de los más elevados.
toneladas se lograron en el ciclo 2009-2010, a causa de la severa sequía
toneladas es la estimación de la captación en el período 2010-2011.
ton se esperan de limón italiano en este último ciclo. En ese caso es sólo maquila.
Juguera de Akil exprime al erario
Fue creada a principios de los años 80 como una empresa social para resolver los problemas de la comercialización de la naranja y regular el precio de la fruta. Hoy es prácticamente un barril sin fondo con cargo al erario.
Se trata de la Planta Procesadora de Cítricos "Lol Pakal", mejor conocida como la juguera de Akil. Instalada entre ese municipio y Oxkutzcab, la única agroindustria del sector social yucateco pasó del auge en la década de los ochenta a una historia negra de malos manejos y deudas que la llevaron a la quiebra y luego a una operación de altibajos.
Parte de esa historia negra es un fraude cometido a principios de los 90, cuando "desaparecieron" 720,000 dólares y otros recursos que presuntamente se utilizaron para financiar campañas del PRI. Nunca se aclaró el destino de ese dinero, pero la deuda llevó a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado a perder la propiedad de la planta.
Otro capítulo de esa negra historia fue el suicidio de su primer gerente, Jorge Ludlow, involucrado en un fraude de 42 millones de viejos pesos.
En la actualidad, la procesadora carga con antiguas deudas que la tendrían de nuevo en la quiebra total si no fuera por la continua inyección de recursos del gobierno, su único respiro.
Su insolvencia consta en el Buró de Crédito. Las malas notas en esa institución propician que nadie, excepto la autoridad, le otorgue préstamos.
Su situación es tan crítica que la Unión de Ejidos Citricultores es sólo administrador de las instalaciones.
Pocos socios de esa agrupación saben que perdieron la propiedad y la cedieron al gobierno del Estado en 2006, cuando éste intervino para evitar un embargo bancario. Si el Ejecutivo les cobrara renta por terrenos, instalaciones y equipo, la operación de la procesadora sería impagable.
A los problemas económicos se suma un declive en la producción citrícola en los últimos tres años.
"La producción de cítricos en Yucatán ha sido abandonada por la falta de visión y de interés de las autoridades estatales y federales, que han visto en los productores y en la actividad sólo una oportunidad para ampliar su esfera de control político", deplora Lorenzo Alvarado Sosa, presidente del Consejo Citrícola del Estado.
En los últimos años la juguera ha sido escenario de recorridos de autoridades o tema socorrido para el anuncio de apoyos.
En el acto oficial más reciente, el secretario de Fomento Agropecuario y pesquero del gobierno del Estado, Alejandro Menéndez Bojórquez, entregó a los administradores un cheque de un millón de pesos para comenzar a captar la fruta de esta temporada.
Se supone que esa cantidad fue entregada en préstamo, pero no hay datos precisos sobre los apoyos a fondo perdido que se canalizan a la procesadora.
Central 9 solicitó datos oficiales, pero no hubo respuesta. También se pidieron a la Consejería Jurídica del Ejecutivo datos sobre la situación legal de la planta; tampoco accedió.
Lo cierto es que la juguera es propiedad del gobierno del Estado desde los últimos años de la administración de Patricio Patrón Laviada, cuando una amenaza de embargo y remate pesaba sobre esa empresa.
Roger González Herrera, quien fue secretario de Desarrollo Rural y Pesca y ahora es gerente local de Firco, confirma que Banco Bital (ahora HSBC) promovió un juicio mercantil contra la juguera por un adeudo de más de 700,000 dólares.
Ese dinero, obtenido por administraciones anteriores, es el que presuntamente se desvió a campañas del PRI.
La Unión de Ejidos perdió el juicio y, al verse requerida al pago de 36 millones de pesos (intereses incluidos), solicitó la intervención del Ejecutivo. Después de una serie de negociaciones, las autoridades llegaron a un acuerdo con el banco que permitió finiquitar el caso en $5 millones. De esta forma, el gobierno adquirió los derechos derivados del litigio.
La administración de Patricio Patrón había decidido devolver la propiedad a la Unión de Ejidos, pero surgieron más acreedores que ponían de nuevo en riesgo el patrimonio de los citricultores.
"Propusimos que se formara una nueva agrupación, la Unión de Naranjeros, para liberarse del antecedente y adquirir otra personalidad jurídica", recuerda González Herrera. "Surgieron grillas y no se hizo. Nosotros no pudimos darle seguimiento porque hubo cambio de gobierno".
Miguel Canul López, presidente del Consejo de Administración de la juguera, niega que ésta tenga problemas económicos. Incluso, asegura que está "en un punto de equilibrio económico" y sus únicas deudas corresponden a los créditos que le otorga el gobierno para la captación de fruta.
Aunque no lo dicen sus dirigentes, buena parte de los apoyos que recibe la planta no son de carácter devolutivo. Para tener una idea de la magnitud de esos recursos, sólo en 2004 el Ejecutivo estatal le asignó más de $20 millones a fondo perdido para mejorar las instalaciones y adquirir más equipo.
En nota aparte ofrecemos más datos sobre la situación económica de la juguera. En próxima entrega abundaremos sobre las entrevistas que concedieron Miguel Canul y Lorenzo Alvarado.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
ton forman la capacidad instalada de la planta. Actualmente procesa mucho menos.
toneladas de naranja dulce se procesaron durante la temporada más reciente.
ejidos están agrupados en la Unión de Ejidos Citricultores del Sur, que era dueña de la planta.
delegados, cuatro por cada ejido, toman las decisiones por todos los productores, en asamblea.
empleados, en diferentes áreas, operan en la procesadora durante los ciclos de producción.
dólares se defraudaron en la década de los 90. Nunca se aclaró a dónde fue a parar ese dinero.
El 8 de mayo de 2002 se efectuó una reunión poco común en el Palacio de Gobierno. Un grupo de socios de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, encabezados por su presidente, Javier Novelo Ku, devolvió al Ejecutivo un préstamo de $1.3 millones que había recibido para pagar la captación de naranja en la juguera de Akil.
Ese día fue calificado como histórico por las autoridades estatales, pues aparentemente quedaba atrás una etapa de malos manejos que tenían a la procesadora de cítricos en continua bancarrota.
Pocos años duró la alegría, pues las deudas que arrastraba la planta desde años atrás impidieron su repunte y la llevaron a formar parte de la lista de propiedades del Ejecutivo del Estado.
No hay un registro preciso de la situación financiera actual de la planta, por la ausencia de información oficial. El presidente del Consejo de Administración, Miguel Canul López, asegura que las únicas deudas son de los préstamos que les concede el gobierno para adquirir fruta al principio de cada ciclo.
Sin embargo, el Buró de Crédito clasifica a la procesadora como insolvente, con nula capacidad para adquirir préstamos.
Antes de comenzar el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, la juguera libró un embargo al perder un juicio con Banco Bital (ahora HSBC), pero siguió arrastrando los siguientes adeudos:
1) $11 millones con Banrural, que estaba en proceso de liquidación.
2) $2 millones con el IMSS.
3) $800,000 con el Infonavit.
4) $1.5 millones con Hacienda.
5) $1 millón con una empresa por renta de extractores.
Hasta donde se sabe, esos adeudos no fueron saldados. Si se les agregan los intereses generados, las cantidades se disparan considerablemente.
¿Cómo opera?
La juguera de Akil comenzó a operar en forma en 1981. Es administrada por la Unión de Ejidos Citricultores -su dueño original-, formada por doce núcleos: Muna, Sacalum, Ticul, Yotholín, Dzan, Pustunich, Maní, Oxkutzcab, Akil, Tekax, Tzucacab y Ticum.
La Unión agrupa a un promedio de 3,600 productores. Su máxima autoridad es la asamblea, que tiene facultades para nombrar al Consejo de Administración de la planta.
Integran la asamblea 48 delegados, cuatro por cada ejido. Ellos son quienes deciden por todos los productores.
Dirigentes y funcionarios entrevistados por Central 9 coinciden en que uno de los grandes problemas de la juguera es que los delegados fijan precios altos para pagarse a sí mismos y no se guían con criterios empresariales.
Esto conduce a elevados costos de operación de la planta, que, además, se ve sometida a intereses políticos.
Su mercado no representa problema, pues tiene destinos garantizados en Europa, además de que tiene un contrato de maquila de limón italiano con la Coca Cola.
Su actual presidente, Miguel Canul López, niega que haya quebranto. Asegura que el punto de equilibrio en que se encuentra la juguera le alcanza para mantener a su personal aun cuando termina la temporada de producción. (Continuará).
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