Noticias de Yucatán
No permitamos que nos quiten el derecho a estar informados, expresó Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).
Dijo que ahora que está de moda hablar de la lucha contra la corrupción hay que establecer acciones concretas para que esta desaparezca o al menos se reduzca. Y la primera de ellas es valorar el derecho a saber que tienen todos los ciudadanos.
—En México la corrupción y la impunidad no son cáncer, ya es metástasis —dijo para ilustrar cómo se han extendido ambos problemas.
Blanca Estrada habló del tema durante la inauguración de la VIII Jornada Popular por el Derecho al Acceso a la Información Pública que organizó la Fecuy como parte de sus actividades de promoción de la participación ciudadana.
El objetivo de esas jornadas, que durarán una semana, es promover entre la población el ejercicio de su derecho a saber y acceder a la información pública, a fin de exigir a los gobernantes que rindan cuentas. Todo esto generará transparencia. El tema de la actividad es “El valor del derecho a saber”.
La tarea central de la jornada popular ya citada es que los ciudadanos ejerzan en estos días esa atribución de que las autoridades les respondan todo aquello que les pregunten sobre asuntos públicos. Se les pide presentar ante las distintas instancias oficiales peticiones de información.
Ayer esa tarea comenzó con una mesa panel en el hotel El Conquistador, conducida por José Antonio Gutiérrez Triay, y en la que intervinieron cuatro mujeres: Marysol Canto Ortiz, integrante de la Fecuy; Bonnie Azarcoya Marcin, representante de la agrupación Información Accesible y Rendición de Cuentas, A.C. (Iarac); Rita Farjat Vázquez, empresaria y activista, y Lizbeth Estrada Osorio, ex regidora y síndica de en la pasada administración municipal.
A cada intervención hubo comentarios del moderador, y al finalizar cerró la reunión la Profra. Estrada Mora.
Marysol Canto presentó el evento y declaró inaugurada la jornada ya citada. Por su parte, Bonnie Azarcoya habló de la nueva legislación federal en materia de transparencia y a la cual deberán homologarse las normas en la materia que tienen Yucatán y en todas las entidades federativas en general. El plazo para hacer esto vence en mayo de 2016.
A su vez, Rita Farjat Vázquez expuso su experiencia personal en trámites para obtener información del gobierno y de su visión sobre la participación ciudadana.
Señaló que si bien hay un marco legal que tutela la prerrogativa de recibir datos oficiales, en los hechos “eso no funciona”.
También citó el caso de las chamarras que el gobierno reparte de la población estudiantil, en el cual no basta una foto de las autoridades entregándolas para afirmar que hay transparencia al respecto. La población debe saber quién es el proveedor, cuánto cobró este por cada pieza, etcétera.
Luego consideró que entre la población falta conocer más sobre este derecho, organizarse y tener tiempo para participar. También es necesario que haya agrupaciones civiles que reciban financiamiento para hacer sus tareas, lo que redundará en mayores resultados de ese trabajo. Hoy día, dijo, ese tipo de asociaciones están formadas por personas que roban tiempo al trabajo y la familia para colaborar en las tareas.
—En esta materia los resultados que se obtienen son directamente proporcionales al nivel de participación ciudadana —expresó—. En la medida que exijamos, habrá frutos.
En su turno, Lizbeth Estrada abordó tres temas: conceptos sobre el derecho a la información, factores a favor y en contra del esfuerzo por avanzar en esa materia y las oportunidades de mejora que hay en ese campo. Expuso que hay adelantos pero también falta mucho camino por andar, y en ese ambiente de luz y sombras hay un elemento importante a resaltar: el cambio no provendrá de la clase política sino, tal como ocurre desde el principio de esta lucha, de la sociedad civil organizada.
Y esta debe ser capaz de realizar un diálogo firme, estructurado, dispuesto a los acuerdos con todos los actores involucrados en el tema.
Respecto al grado de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la ex funcionaria consideró que éste tiene distintos niveles de desarrollo. En un extremo están agrupaciones civiles bien organizadas que llevan décadas en esa lucha, y en el otro ciudadanos apáticos.
Los hay también que adoptan falsas posturas, sus acciones al respecto son sólo poses, se quejan en las redes sociales de internet, pero no responden cuando son convocados para realizar acciones concretas.
Luego consideró que una forma de aproximarse al modo de conseguir más cambios positivos es insistir en la organización y el compromiso de la sociedad, y lograr que en esta tarea se involucren expertos, académicos y otros sectores más de la comunidad y definir qué se quiere mejorar.
Esa movilización es propicia ahora que se cambiará la ley estatal del ramo para incorporarle las modificaciones federales. Ese activismo deberá incluir el diálogo con todas las corrientes políticas y sectores que tienen que ver con el tema.
—Hay que evitar que ocurran retrocesos —insistió Estrada Osorio, quien también manifestó que el acceso a la información permite luchar por acceder a otros derechos.
No permitamos que nos quiten el derecho a estar informados, expresó Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).
Dijo que ahora que está de moda hablar de la lucha contra la corrupción hay que establecer acciones concretas para que esta desaparezca o al menos se reduzca. Y la primera de ellas es valorar el derecho a saber que tienen todos los ciudadanos.
—En México la corrupción y la impunidad no son cáncer, ya es metástasis —dijo para ilustrar cómo se han extendido ambos problemas.
Blanca Estrada habló del tema durante la inauguración de la VIII Jornada Popular por el Derecho al Acceso a la Información Pública que organizó la Fecuy como parte de sus actividades de promoción de la participación ciudadana.
El objetivo de esas jornadas, que durarán una semana, es promover entre la población el ejercicio de su derecho a saber y acceder a la información pública, a fin de exigir a los gobernantes que rindan cuentas. Todo esto generará transparencia. El tema de la actividad es “El valor del derecho a saber”.
La tarea central de la jornada popular ya citada es que los ciudadanos ejerzan en estos días esa atribución de que las autoridades les respondan todo aquello que les pregunten sobre asuntos públicos. Se les pide presentar ante las distintas instancias oficiales peticiones de información.
Ayer esa tarea comenzó con una mesa panel en el hotel El Conquistador, conducida por José Antonio Gutiérrez Triay, y en la que intervinieron cuatro mujeres: Marysol Canto Ortiz, integrante de la Fecuy; Bonnie Azarcoya Marcin, representante de la agrupación Información Accesible y Rendición de Cuentas, A.C. (Iarac); Rita Farjat Vázquez, empresaria y activista, y Lizbeth Estrada Osorio, ex regidora y síndica de en la pasada administración municipal.
A cada intervención hubo comentarios del moderador, y al finalizar cerró la reunión la Profra. Estrada Mora.
Marysol Canto presentó el evento y declaró inaugurada la jornada ya citada. Por su parte, Bonnie Azarcoya habló de la nueva legislación federal en materia de transparencia y a la cual deberán homologarse las normas en la materia que tienen Yucatán y en todas las entidades federativas en general. El plazo para hacer esto vence en mayo de 2016.
A su vez, Rita Farjat Vázquez expuso su experiencia personal en trámites para obtener información del gobierno y de su visión sobre la participación ciudadana.
Señaló que si bien hay un marco legal que tutela la prerrogativa de recibir datos oficiales, en los hechos “eso no funciona”.
También citó el caso de las chamarras que el gobierno reparte de la población estudiantil, en el cual no basta una foto de las autoridades entregándolas para afirmar que hay transparencia al respecto. La población debe saber quién es el proveedor, cuánto cobró este por cada pieza, etcétera.
Luego consideró que entre la población falta conocer más sobre este derecho, organizarse y tener tiempo para participar. También es necesario que haya agrupaciones civiles que reciban financiamiento para hacer sus tareas, lo que redundará en mayores resultados de ese trabajo. Hoy día, dijo, ese tipo de asociaciones están formadas por personas que roban tiempo al trabajo y la familia para colaborar en las tareas.
—En esta materia los resultados que se obtienen son directamente proporcionales al nivel de participación ciudadana —expresó—. En la medida que exijamos, habrá frutos.
En su turno, Lizbeth Estrada abordó tres temas: conceptos sobre el derecho a la información, factores a favor y en contra del esfuerzo por avanzar en esa materia y las oportunidades de mejora que hay en ese campo. Expuso que hay adelantos pero también falta mucho camino por andar, y en ese ambiente de luz y sombras hay un elemento importante a resaltar: el cambio no provendrá de la clase política sino, tal como ocurre desde el principio de esta lucha, de la sociedad civil organizada.
Y esta debe ser capaz de realizar un diálogo firme, estructurado, dispuesto a los acuerdos con todos los actores involucrados en el tema.
Respecto al grado de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la ex funcionaria consideró que éste tiene distintos niveles de desarrollo. En un extremo están agrupaciones civiles bien organizadas que llevan décadas en esa lucha, y en el otro ciudadanos apáticos.
Los hay también que adoptan falsas posturas, sus acciones al respecto son sólo poses, se quejan en las redes sociales de internet, pero no responden cuando son convocados para realizar acciones concretas.
Luego consideró que una forma de aproximarse al modo de conseguir más cambios positivos es insistir en la organización y el compromiso de la sociedad, y lograr que en esta tarea se involucren expertos, académicos y otros sectores más de la comunidad y definir qué se quiere mejorar.
Esa movilización es propicia ahora que se cambiará la ley estatal del ramo para incorporarle las modificaciones federales. Ese activismo deberá incluir el diálogo con todas las corrientes políticas y sectores que tienen que ver con el tema.
—Hay que evitar que ocurran retrocesos —insistió Estrada Osorio, quien también manifestó que el acceso a la información permite luchar por acceder a otros derechos.
