“La misma semana pasada procedimos, conforme a las normas administrativas de la Policía Federal, a la suspensión no solo de la integrante que se observa en el documento audiovisual sino también a otros dos elementos que participaron en ella”, señaló Galindo.
En la apertura del Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos, el comisionado de la Policía Federal explicó que la “investigación (del caso) continuará” a fin de que hechos como este “no vuelvan a suceder” y añadió que trabajan junto con la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
“Tenemos ese alto compromiso con los ciudadanos de proteger y servir y no es cometiendo irregularidades como se sirve y se protege a la comunidad”, agregó.
A su vez, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, calificó los hechos de “lamentables” y “dolorosos” y reconoció que “ofenden” a la ciudadanía y “deshonran” las instituciones de seguridad, por lo que “no quedará impunes”.
“Externo aquí una pública disculpa por los hechos”, aseveró.
La pasada semana se difundió en redes sociales la tortura de dos militares y un policía federal mexicanos a una civil en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, en el sureño estado de Guerrero a principios de 2015, a quien encañonaban con un arma y asfixiaban con una bolsa en la cabeza.
El caso provocó una respuesta inmediata de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien explicó que tuvo conocimiento del suceso a finales de 2015 y ello derivó en la detención de dos de los uniformados y su próximo procesamiento.
Ese mismo día la Policía Federal anunció que estaba revisando las imágenes y posteriormente dio a conocer que ya se había identificado a la policía federal que aparecía en la imágenes.
Este sábado el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ofreció “una sentida disculpa” por este hecho que tildó de “inadmisible”.
“Lo que conocimos a través de los medios de comunicación y de las redes no son de ninguna manera un estilo de trabajo, una forma de investigación de la Policía Federal”, recalcó hoy Galindo, quien dijo que el evento “nos lastima como institución”.
En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, destacó que para el Ejecutivo es “prioritaria” la erradicación de la tortura.
“Ha habido avances, pero debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste en distintos ámbitos de la cadena de seguridad pública”, afirmó.
Destacó que esta no contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y, al contrario, es un “detonador de violencia” que “corrompe las bases de confianza entre autoridad y ciudadanos”.
Según Amnistía Internacional, entre 2013 y 2014 aumentaron en más del doble las denuncias de tortura en México, al pasar de 1.165 a 2.403.
